Mubarak M. Musa – Diplomático de Sudán

Pie de foto: Imagen del hotel Corinthias en Jartum

Guiados por los objetivos de la UA para lograr una mayor unidad y solidaridad entre los países africanos, y teniendo en cuenta los impactos socioeconómicos negativos y los costos humanos de las medidas americanas coercitivas unilaterales impuestas a Sudán desde 1997, sobre todo en la población civil, y consciente de los esfuerzos incansables de Sudán para lograr la paz a nivel local y regional, los 26 Estados y Gobiernos de la Unión Africana (UA) han aprobado una declaración de llamamiento no sólo a los EE UU a levantar todas las sanciones y las restricciones impuestas sobre Sudán, pero también a todos los Estados del mundo, de no reconocer ni aplicar esas medidas, además de considerarlas no efectivas.

Esa valiente iniciativa africana, aporta un valioso impulso a la reunión de participación de masas en curso, encabezada por una coalición de organizaciones y activistas en Sudán, de derechos civiles, con el fin de instar a los EE UU a levantar rápidamente las presentes y asfixiantes sanciones por motivos políticos en Sudán, que en realidad privan a toda la Nación de una atención sanitaria básica.

Según los médicos y científicos en Jartum, estas sanciones se han vuelto cada vez más complejas y difíciles de gestionar a través de los años, por lo que es difícil importar equipos, incluso los elementos básicos tales como suturas. Ha tenido problemas para importar los suministros y realizar investigaciones que eventualmente podrían salvar vidas. A menudo trabajan con vieja o inadecuada tecnología, dependiendo de las importaciones en el mercado negro o simplemente yendo fuera. Inevitablemente, es el ciudadano quien sufre las consecuencias.

Tal cruda realidad ya ha sido puesta de relieve por un funcionario de la ONU, el Relator Especial sobre los Derechos Humanos y de las sanciones internacionales, Idriss Jazairy, quien en una conferencia de prensa, pidió la revisión de estas sanciones, haciendo hincapié en su gran impacto sobre las poblaciones inocentes, y la forma en que contribuyen a la estratificación social, las diferencias interregionales y para la ampliación del mercado negro, así como a la pérdida de control sobre las transferencias financieras. Más importante aún, el Sr. Idriss aclamó al establecimiento de un marco de tiempo para levantar las sanciones de Estados Unidos en Sudán.

Sanciones colectivas y el derecho internacional

Las sanciones económicas van en contra del espíritu de los derechos humanos, ya que implícitamente exponen al ciudadano del país sancionado a un considerable sufrimiento. La escala resultante de tal sufrimiento equivale al delito de castigo colectivo.

El Consejo de Derechos Humanos aprobó la resolución el 26 de septiembre de 2014 de los derechos humanos y medidas coercitivas unilaterales. La resolución subraya que las medidas coercitivas unilaterales y la legislación son contrarias al derecho internacional, al derecho internacional humanitaria, la Carta y las normas y principios que rigen las relaciones pacíficas entre los Estados, y pone de relieve que a largo plazo, estas medidas pueden dar lugar a problemas sociales y elevar las preocupaciones humanitaria en los Estados dirigidos.

A tal efecto, la Resolución 44/215 de la Asamblea General de las Naciones Unidas (22 de diciembre, 1989), reafirma que los países desarrollados deben abstenerse de amenazar o aplicar restricciones comerciales y financieras, bloqueos, embargos y otras sanciones económicas, incompatibles con las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas y en violación de las empresas contratadas multilateral y bilateral.

Además, en virtud de los Convenios de Ginebra de 1949, el castigo colectivo es un crimen de guerra. El artículo 33 de la Cuarta Convención de Ginebra establece que “ninguna persona protegida puede ser castigada por un delito que no haya cometido”, y “castigos colectivos, así como toda medida de intimidación o de terrorismo están prohibidas”.

La Asamblea General de la ONU, la resolución 2131 (XX) de 21 de diciembre de 1965, establece que “ningún Estado puede aplicar o fomentar el uso de tipo económico, político o cualquier otra de las medidas, para coaccionar a otro Estado para obtener de él, la subordinación del ejercicio de sus derechos soberanos u obtener de él ventajas de cualquier tipo”. Nota citar aquí, que se adoptó esa misma resolución sin ningún voto en contra, y con una sola abstención.

Paradójicamente, “la Convención sobre el Genocidio” protege lo que podría describirse como un “derecho colectivo a la vida” y prohibiría la inanición deliberada de un grupo nacional, étnico, racial o religioso si se comete con la intención de destruir al grupo, ya que entonces fuera una dependencia de la definición de genocidio. Es una ironía del destino, la prohibición del genocidio se aplica en tiempo de paz como en tiempo de guerra. No tiene sentido que algo ilegal durante la guerra no sólo es legal sino una herramienta preferida para seguir la agenda de política exterior agresiva en tiempos de paz.

Para colmo de males, los EE UU introdujeron sanciones extraterritoriales, que en esencia violan la igualdad jurídica de los Estados, y los principios del respeto y la dignidad de la soberanía nacional y la no intervención en los asuntos internos de las Naciones Estados, y privarlos de su derecho al desarrollo y autodeterminación. El bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos en contra de Sudán ha sido exprimido, y su aplicación extraterritorial también se ha fortalecido a través de la imposición de multas sin precedentes, por un total de 11 millones de dólares contra 38 banksfor por llevar fuera transacciones con Sudán y otros países.

Sudán y los Estados Unidos

Durante más de dos décadas, Sudán se ha quedado de piedra y son mover con respecto a este asunto, tratando de normalizar las relaciones con los Estados Unidos. Sin embargo, se necesitan dos para hacer un tango; la política exterior de los gobiernos de los Estados Unidos, lamentablemente, continúan bloqueando todas las rutas posibles hacia el acercamiento real con Sudán con respecto al mantenimiento de la paz y la seguridad en la región. Una importante y tangible asistencia del Gobierno de Sudán a las operaciones regionales contra al Qaeda y recientemente ISIS, Houthi y Boko Haram, no sólo siguen cayendo en oídos sordos en Washington, sin embargo, este último continúa sin ninguna vergüenza, relacionando a Sudán con el terrorismo, para justificar la extensión de su régimen de sanciones cada año durante las últimas dos décadas.

Curiosamente, en el pasado mes de octubre de 2015, el Grupo de Acción Financiera (GAFI) ha eliminado a Sudán de la lista de países con deficiencias estratégicas en su marco jurídico y normativo para la lucha contra el blanqueamiento de dinero y el terrorismo, mediante el cual, Sudán ya no estará sujeta a la vigilancia de GAFI en el marco del cumplimiento en curso del proceso ALD/CFT.

El Sr. Doug Bandow, investigador principal en el Instituto Cato (Washington ONG), que apela al rechazo total de las sanciones contra Sudán, señaló que las sanciones de EE UU persisten a pesar de que el Departamento de Estado reconoció la cooperación de Sudán y sus esfuerzos para limitar el alcance de los grupos vinculados con Al Qaeda.

Más revelador fue, sin embargo, el testimonio histórico ante el Congreso en 2009, del General J. Scott Gration, enviado del Presidente de los EE UU a Sudán, donde hizo un llamamiento para la eliminación de Sudán de la lista de terrorismo del Estado Patrocinador del Departamento de Estado de EE UU. El general señaló de manera inequívoca, que no había “ninguna evidencia” para la inclusión de Sudán en la lista a la que llamó una decisión “política” (en lugar de un tema relacionado con la seguridad nacional); recordando en el Congreso que la CIA ya se ha referido al sólido historial de Sudán en cooperación contra el terrorismo como, “el salvamento” de vidas estadounidenses.