José María Penedo Pombo.  Catedrático de Comunicación y Política Internacional de la Universidad Europea de Madrid/La Razón

El intento de secesión en Cataluña además de atentar contra el orden constitucional y la legalidad en un estado soberano de la Unión Europea, libre y reconocido como una nación independiente, comprometida con el orden internacional y los valores de la paz, la cooperación, la defensa de los derechos y la diversidad, atenta contra los principios democráticos. La evidencia de la amenaza contra la democracia es un fenómeno que en el mundo de hoy hemos observado con cierta despreocupación. Porque lo evidente, aun siéndolo, no es fácil de percibir. Y una vez percibido, es difícil de evidenciar.

Los golpes de estado, los contragolpes y las alteraciones constitucionales promovidas desde las propias instituciones democráticas para perpetuar a dirigentes o grupos de poder dominantes han sido frecuentes en la última década sin que la comunidad internacional haya podido, o querido, o sabido hacerles frente. Venezuela, Rusia o Turquía han modificado sus Constituciones a partir del argumento de estar actuando de acuerdo a los cauces democráticos y con arreglo a la ley. Pero en los tres casos los procesos de cambio se han producido con escasas garantías, agresiones políticas contra los grupos de oposición y limitaciones a la libertad de expresión.

Regímenes autoritarios con instituciones no democráticas en sus estructuras jerárquicas de poder, se han presentado ante la opinión pública como países con sistemas de libertades sui géneris. Y aun siendo acusados, señalados, como estados hostiles con los derechos humanos, son tolerados por la comunidad internacional, por motivos económicos, necesidades energéticas o intereses políticos. Algunas grandes potencias se inmiscuyen en campañas electorales de terceros países e influyen de manera ilegítima en su desarrollo. La actividad rusa en la campaña norteamericana de 2016 que está siendo investigada, puede servir como ejemplo de la viscosa posverdad y de las manipulaciones que hoy proliferan y atentan contra la credibilidad democrática.

Los populismos igualmente han sabido aglutinar en su ideario la queja, la protesta y la ruptura del legítimo estado de derecho, tachándolo de obsoleto y corrupto. Escondiendo debajo del terciopelo de las reformas el renacimiento de diversas ideologías extremistas, xenófobas, anarquistas y nihilistas que crecen en su seno. Si el final del comunismo llevó a algunos expertos a afirmar que tras la caída de la piel de la ideología, aparecía la piel de la geopolítica, ahora podemos afirmar que el tejido ideológico nunca llegó a desaparecer y se manifiesta en el mundo de hoy, en poros y pústulas cancerígenas que actúan en el cuerpo de estos movimientos y en el entorno político internacional. Y también en nuestro país, donde el orden democrático acordado en la Transición por las diferentes opciones políticas y por la inmensa mayoría de la sociedad, es atacado por los líderes de las fuerzas anti sistema con agresividad.

Defender el orden constitucional en España significa salvaguardar las libertades en Europa. La peor de las consecuencias de estos ataques contra las libertades es el debilitamiento de las convicciones de los demócratas. Se hace por ello necesario que el compromiso social y la acción política en defensa de las instituciones se fortalezca. Desde el respeto al estado de derecho y la confianza en la aplicación de la ley para impedir que cualquier institución pueda utilizarse para deshacer las estructuras democráticas y la convivencia ciudadana. A la vez que se reafirma el convencimiento de que el diálogo para el consenso y la reforma de las leyes es una tarea igualmente necesaria si queremos que la democracia recupere su energía en el futuro como ya lo hizo en otros momentos críticos de la historia, como es el actual.

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