Cataluña y Canarias: dos referéndums asimétricos

 

Considero que la ‘cuestión catalana’ es un asunto interno de España o, en todo caso, una controversia entre el Estado español y la Comunidad Autónoma de Cataluña (otorgada a los territorios históricos, por la vía del Artículo 151 de la Parte VIII de la Constitución española de 1978), con continuidad territorial con la ‘piel de toro’; y que Canarias es un Archipiélago costero africano en el Océano Atlántico, a 1.400 kilómetros (755,91 millas marinas) del Sur de la Península Ibérica y a 2.000 kilómetros de Madrid, y a 96 kilómetros (59,65 millas marinas) de la costa occidental marroquí, sin continuidad territorial con la España continental. Cualquier similitud o paralelismo que se pretenda establecer sobre la naturaleza de ambos referéndums, en Canarias y Cataluña,  convocados por Artur Mas y Paulino Rivero, presidentes de Cataluña y Canarias, respectivamente, no solo es una mera y simple especulación, sino un cínico ejercicio de confundir la realidad que no se corresponde en absoluto con los sentimientos y la voluntad de un importante segmento de la sociedad catalana y de una parte de la población canaria. En primer lugar, porque la sustancial diferencia entre Canarias y Cataluña (y, por extensión, con el resto de las diferentes CC.AA que conforman el actual Estado español) es tan abismal ¡y abisal!, que no admite punto de comparación alguno. Sobre todo, porque a Canarias, siguiendo el proceso homogeneizador se la metió de cabeza por el Artículo 149 de la citada Carta Magna (ante el temor al resultado del referéndum que implicaba la vía del Artículo 151) y en la actualidad es, además, una RUP (Región Ultra Periférica) de la UE; o sea, un territorio de ultramar, lejos, en otro continente, lo que pone de relieve la primera y gran contradicción: ¿cómo un territorio puede ser considerado a la vez ultraperiférico de Europa y, al mismo tiempo, ser europeo y aplicársele la legislación comunitaria? ¿En qué quedamos? Y en segundo lugar, porque el plebiscito catalán es, en la práctica, un referéndum de autodeterminación, y el canario plantea una consulta sobre si convienen o no las previstas prospecciones petrolíferas que pretende llevar a cabo Repsol en “aguas canarias” y, según se dice, “aguas españolas”. Pero antes de entrar en materia, conviene hacer ciertas precisiones sobre algunas cuestiones previas que gravitan sobre este controvertido asunto, y que conviene ir desvelando para general conocimiento de la opinión pública, tan vapuleada por la ‘opinión publicada’.  

 

Para ello, tenemos que referirnos, indefectiblemente, a la confrontación larvada que históricamente ha existido en España entre nacionalismo español versus nacionalismos periféricos; y que tanto está condicionando y poniendo en tela de juicio la cohesión territorial de España, que parece ser la génesis de todas esas desavenencias y desencuentros. Y aquí es importante sacar a colación las conclusiones a las que en su día llegaron jefes de Estado y de Gobierno, politólogos, analistas internacionales, especialistas en prospectiva mundial etc. reunidos en la Cumbre sobre Prospectiva Mundial para el Siglo XXI, celebrada en Budapest (Hungría) en 1999, y a la que tuve el honor de asistir como observador, invitado por la UNESCO. En esa Conferencia Internacional se predijo, con gran clarividencia y visión de futuro, que la humanidad se enfrentaba a dos grandes retos en el siglo XXI por venir: las consecuencias de la cohesión artificiosa de los Estados -poniéndose como ejemplo la desmembración de la antigua URSS y de la extinta Yugoslavia-, lo que llevaría a la eclosión de nacionalismos reivindicativos de sus identidades nacionales; y la obtención y posesión del ‘oro blanco’, el agua, que desembocarían en múltiples conflictos, sobre todo en África. Predicciones que se están cumpliendo inexorablemente, y en las que nadie parece reparar; máxime, si constatamos la pertinaz sequía que asola al continente africano y las continuas hambrunas que padece su población. Sin contar el cambio climático, que parece ser un hecho evidente e irreversible, sin solución de continuidad, pese a las resoluciones del Protocolo de Kioto. 

 

El problema que suscita la cohesión artificiosa de los Estados radica, en el caso de España, que a estas alturas de la historia todavía no ha asimilado que su integración territorial fue producto de cruentas guerras entre los diferentes reinos asentados en la Península Ibérica; y que la unión de Coronas por los Reyes Católicos, a partir de la Conquista de Granada en 1492, fue determinante para la formación de la Nación española. Sin olvidarnos de Carlos I de España y V de Alemania, que encarnaba un primer monarca común; y el cambio organizativo y político que supuso el centralismo de Felipe V, así como la promulgación de la Constitución de Cádiz de 1812, la famosa Pepa’, pilar básico del constitucionalismo español. ¿Está España a salvo, por tanto, de la eclosión de los nacionalismos dentro de su propio territorio, como son los nacionalismos del PNV, de CiU y ERC, y BNG; y, en menor medida, del ‘nacionalismo constitucional’ de CC?  ¿La constante y manida alusión a la Constitución española va a servir para aplacar las reivindicaciones de vascos, catalanes y gallegos, con conciencia de pueblo, y de los canarios ultraperiféricos? Aquí conviene precisar y dejar meridianamente claro, que el término nacionalidad, acuñado por los padres de la Constitución española de 1978, que hicieron malabarismos políticos y encajes de bolillos jurídicos para acomodar en el texto constitucional los nacionalismos históricos vasco y catalán, fundamentalmente, constituye, en si mismo, una aberración semántica y una perversión jurídica del concepto de nacionalismo, que viene de nación y es consustancial con identidad nacional. Y ello, dado el componente antropológico del propio concepto, ya que los naturales de un territorio se identifican plenamente, y por encima de otras consideraciones, con su tierra, sus gentes, su historia, sus costumbres y su folclore, lo que conforma la idiosincrasia y características diferenciadas y diferenciadoras de todos los pueblos del mundo libre. ¿No se está abogando desde sectores de centro izquierda del espectro político español, sobre todo, por un Estado confederal y plurinacional que recoja y contemple las diversas sensibilidades que cohabitan en España?

 

En los casos catalán y canario, protagonizados desde la Transición por CiU y CC, respectivamente, el único denominador común que tienen ambas coaliciones es su condición de ‘partido bisagra’; lo que les ha llevado a pactar, indistintamente, con el PP y el PSOE, tanto en España como en Canarias, bajo el socorrido argumento de la ‘gobernabilidad de la nación’ y, en su caso, de la ‘gobernabilidad y estabilidad’ de la Comunidad Autónoma. En Canarias, hay una especie de pacto tácito entre las fuerzas políticas mayoritarias para repartirse el poder unos y otros. Pero, ¿alguien puede descartar a priori, ante una posible, que no previsible, radicalización de CC, un pacto contra natura de PP y PSOE (cuyas siglas autóctonas en Cataluña y Canarias son PSC), por la unidad de España? En este problema de desafecciones y sentimientos encontrados, como en tantos otros, es que España -y esto hay que reconocerlo- siempre ha pretendido ‘amores a la fuerza’, sin tener en cuenta que los matrimonios mal avenidos están condenados al divorcio; que pueden ser, como en la vida misma, traumáticos o de mutuo acuerdo, pactando las condiciones. ¿No esta super demostrado que en materia de Tribunales, mas vale un mal arreglo, que un buen pleito? La pregunta que cualquier observador imparcial se hace de la ‘cuestión catalana’, comparándola con el proceso escocés (cuyo referéndum sí fue consensuado por el Gobierno inglés y las autoridades de Escocia; y donde los partidarios de seguir en el Reino Unido se impusieron por 10,6 puntos a los partidarios de la independencia: 55,3 %, frente al 44,7 %) es que ¿cómo si en el Artículo 1 de la Constitución de 1978 se dice expresamente que España es un “Estado social y democrático de derecho”, el Gobierno español de Mariano Rajoy, en sintonía con su homólogo, el premier británico, David Cameron (colega en la UE), no haya logrado llegar a un acuerdo con la Generalitat para celebrar el pretendido referéndum? ¿No estaba muy claro, acaso, el resultado negativo a la secesión que previsiblemente se produciría en la consulta? 

 

Ello pone de manifiesto, entre otras cosas, la enorme diferencia de ambos sistemas democráticos, el anglosajón y el español; y la reiterada negativa del Gobierno central a que los catalanes (y los canarios, llegado el caso) puedan expresar pacífica, libre y democráticamente, como mandan los cánones, su ‘derecho a decidir’. Lo que ha llevado la situación a un callejón sin salida, y donde han aflorado los criterios más reaccionarios e intransigentes del nacionalismo español, que pulula por la España profunda. Con un Artur Mas decidido a celebrar la consulta, pese al pronunciamiento negativo del Tribunal Constitucional, y un Gobierno del PP enrocado en la Constitución española, y decidido a todo, y con todo, a que esta consulta, que califica de ilegal, no se celebre. Así las cosas, ¿a dónde llevará esta enconada y compleja situación, donde las partes no están dispuestas a ceder un ápice en sus numantinas posiciones?  Con respecto a Canarias -donde la cuestión tiene ineludibles connotaciones extraterritoriales, lo que no es un tema menor-, el asunto este de la consulta petrolera es más kafkiano todavía. Todo parte de las últimas elecciones autonómicas de 2011 donde el PP, liderado por José Manuel Soria (antiguo asesor del ministro de Hacienda, Carlos Solchaga en el Gobierno del PSOE de Felipe González, y actual ministro de Industria, Energía y Turismo del Gobierno del PP) salió vencedor de los comicios. Soria, que se perfilaba presidente 'in pectore' de Canarias, se vio apeado de la poltrona por un pacto entre CC y el PSOE; en justa reciprocidad, se supone, al mismo pacto, pero al revés, que se produjo cuando en las anteriores elecciones ganara el PSOE liderado por Juan Fernando López Aguilar, que fue ministro de Justicia con Rodríguez Zapatero. En ese Gobierno entre CC, presidido por Paulino Rivero y el PP, presidido por Soria, éste fue vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda. De ahí parten los enconados enfrentamientos entre Soria y Rivero. El primero, empeñado en realizar a toda costa las prospecciones petrolíferas (en las que Canarias solo recibirá, como siempre, las migajas del pastel, si las recibe); y el segundo, oponiéndose frontalmente a ellas, con el apoyo de los presidentes de los cabildos insulares de Fuerteventura y Lanzarote, y de ecologistas de distintos tonos de verde que, según ellos, serían las Islas más perjudicadas ante un posible derrame de crudo. Sin tener en cuenta, las catas que ya realiza Marruecos en los mismos espacios marítimos. ¿Qué haremos si se produce un vertido de crudo en las perforaciones marroquíes? ¿Levantamos un muro de hormigón desde el fondo del mar para que no nos llegue la marea negra, o nos oponemos a las legítimas prospecciones de Marruecos en sus aguas?

 

Pero, al margen de los graves errores de cálculo cometidos por el Partido Popular con su prepotencia y falta de diálogo en Canarias -Soria le ha brindado a Rivero erigirse en “defensor de los intereses turísticos canarios”-, lo cierto es que la pregunta de la  prevista consulta (que los opositores han calificado de grave insulto a la inteligencia del pueblo canario) no puede ser más indefinida: ‘¿Cree usted que Canarias debe cambiar su modelo medioambiental y turístico por las prospecciones petrolíferas de gas o petróleo?’ Parece que Paulino Rivero y su ‘tripulación’ se han embarcado en una turbulenta y peligrosa travesía, para la que no se han provisto ni de salvavidas, ni de sextante, ni GPS, ni de un batímetro para medir la profundidad y el calado de la consulta. Porque, aún pudiendo estar de acuerdo con la consulta, la verdadera cuestión de fondo (nunca mejor dicho, porque es en el subsuelo marino donde se localizan los yacimientos de hidrocarburos) que habría que dilucidar, es a quién o a quiénes pertenecen esos yacimientos de petróleo y/o gas, localizados en ‘aguas canarias’, aún por delimitar. Y en este sentido, ¿podemos los canarios renunciar a esa posible inmensa riqueza que nos pertenecería, por derecho propio?  Los múltiples interrogantes, aún por despejar, no acaban aquí. ¿Es acaso en la plataforma continental española -tan exigua, por otra parte- donde Repsol pretende perforar en base a unos permisos de dudosa legalidad, con el Derecho Internacional Marítimo en la mano? ¡¡Ese es el verdadero nudo gordiano de la cuestión!! Todo indica que España pretende tener extensiones extras de las 200 millas marinas (o las que le correspondan, en menor longitud) de su Plataforma Continental y Zona Económica Exclusiva (la columna de agua suprayacente), aparte de las que legalmente le pertenecen en su territorio continental y Baleares. Con la particularidad añadida de que la dichosa Ley 15/78 de 20 de febrero (frágil soporte jurídico, sobre el que se sustentan los polémicos permisos a Repsol), sigue sin estar desarrollada al día de hoy. Esto es, España no ha hecho públicas todavía, que se sepa, ni ha enviado copias de las cartas marinas con las coordenadas geográficas y el dátum geodésico de su supuesta ZEE al secretario general de la ONU, tal como se determina taxativamente en los Artículos 74 y 75 de la Parte V, Zona Económica Exclusiva; y en los Artículos 83 y 84 de la Parte  VI, Plataforma Continental, de la Convención de Jamaica de 1982, plenamente vigente.

Téngase en cuenta que la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (cuyos antecedentes fueron las Conferencias de Ginebra de 1958 y 1960, respectivamente), firmada en Montego Bay (Jamaica) el 10 de diciembre de 1982, de la que España fue Estado parte, legisló un nuevo orden marítimo internacional. Una verdadera y auténtica Constitución de los Océanos, que consta de 320 Artículos, divididos en 17 Partes Principales y 9 Anexos Técnicos, aplicable a todos los países de la tierra: ricos y pobres, desarrollados o en vías de desarrollo, con litoral o sin él; que otorgaba a estos países (especialmente a los que habían hecho su irrupción en la comunidad internacional provenientes del proceso descolonizador, finalizada la II Guerra Mundial, sobre todo, en África) el derecho inalienable e imprescriptible a disponer de los recursos naturales de su territorio. Con la consecuencia de que con la entrada en vigor de dicha Convención, el 16 de noviembre de 1994, toda la anterior legislación marítima española sobre la materia quedaba tácitamente derogada. El problema se suscita, en el caso de las prospecciones en aguas próximas a Canarias, porque se pretende considerar esa actuación como un asunto de Derecho interno español; lo que es una inequívoca e insoslayable cuestión de Derecho Marítimo (rama del Derecho Internacional Público). ¿O todavía no se han enterado, gobernantes, juristas, políticos e internacionalistas españoles que el Archipiélago canario, excepto las Islas de La Palma y El Hierro, las más occidentales, está dentro de la Zona Económica Exclusiva de Marruecos, instituida mediante el Dahir de 8 de abril de 1981? ¿Por qué España no nos ha sacado entonces de la ZEE marroquí? Negar la existencia legal de la ZEE de Marruecos, legalmente establecida, como ha hecho repetidamente el acreditado jurista e internacionalista español Lacleta Muñoz (miembro destacado de la delegación española en la Tercera Conferencia, junto con Pastor Ridruejo, Iturriaga Barberán, entre otros), no contribuye para nada a clarificar el panorama, y añade más confusión, si cabe, a este controvertido y espinoso asunto. 

Por tanto, y partiendo de la base de que el Archipiélago canario, al margen de eufemismos al uso, es un territorio nacional español en el continente africano, ¿puede España invocar la recurrente españolidad de Canarias para, en base a la soberanía política que ejerce sobre este enclave de ultramar, explorar y explotar unos recursos energéticos, situados en unos espacios marítimos más allá del límite exterior de los suyos propios? Téngase en cuenta que España solo tiene jurisdicción reconocida internacionalmente sobre las 12 millas marinas de Mar territorial español, alrededor de cada Isla en particular; siendo el resto de los espacios marítimos entre Islas aguas internacionales con libertad de navegación, por el derecho de ‘paso inocente’, aplicable a los Estrechos. Y es, precisamente, la incuestionable e indiscutible extraterritorialidad de Canarias, la que impide a España trazar una mediana desde Canarias en las aguas adyacentes con Marruecos. Porque, nos guste o no, es en la Plataforma Continental (prolongación submarina de su costa) de Marruecos, el Estado ribereño concernido, donde están localizados los yacimientos de hidrocarburos (petróleo y/o gas); a cuya exploración y explotación, aunque cueste asumirlo, tiene legítimo derecho en tanto que Estado libre y soberano. Otra cosa es que en aras de los llamados intereses de Estado” exista un acuerdo secreto entre España y Marruecos, que se nos escapa, y al que Repsol no sería ajeno. Por lo demás, es evidente que Canarias lo tiene ‘crudo’…