El desafío de la libre expresión
José María Peredo Pombo. Catedrático de Comunicación y Política Internacional de la Universidad Europea de Madrid/La Razón
La información independiente se ha identificado tradicionalmente con los medios de comunicación que sirven como instrumentos de mediación entre los actores y la sociedad articulada en públicos, audiencias o targets, englobados a su vez en grandes espacios sociales denominados opinión pública o mercados. Los medios han sido intérpretes de los acontecimientos y mensajes que tienen lugar en la dinámica internacional para informar sobre su contenido y ayudar a la audiencia en su comprensión. Pero la inmediatez y el testimonio ciudadano que incorporan las redes sociales y los nuevos canales de comunicación alternativa, o el procesamiento masivo de datos, han puesto en cuestión el liderazgo de los grupos multimedia tradicionales y su papel mediador se está redefiniendo.
La función informativa y analítica de los medios de comunicación es hoy compartida por otros actores e instrumentos de nueva generación (blogueros, twiteros, youtubers,) que intervienen en los procesos comunicativos para reforzar, complementar y actuar como protagonistas en la conformación de la opinión pública. O por simple entretenimiento. La dificultad de identificar el grado de independencia de estos actores o su afiliación a otros grupos, actores o potencias internacionales es grande. Y en esa caótica afluencia de información a través de distintos canales se conforma en nuestros días una amalgama de propaganda no identificada, sátira y mentira a la que hemos denominado posverdad.
La posverdad y los riesgos de ciberataques constituyen dos de las principales amenazas de la libre expresión y la libre circulación de información, a las cuáles se une el enorme reto al que nos enfrentamos en la era de la comunicación global: la complejidad de la ordenación de los flujos y accesos a Internet. La confluencia de organizaciones públicas y privadas, metaprogramadores, entramados de seguridad y activistas no gubernamentales, (sin contar a los ciber criminales) convierten la gobernanza de la red en uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo. Las tensiones de numerosas potencias emergentes que hacen suya la idea china de la soberanía de la información, con las fuerzas corporativas, sociales y ultraliberales que demandan la apertura incondicional y libérrima de la red, son frecuentes. El flujo de contenidos agresivos, violentos y ofensivos es igualmente creciente.
Los centros de investigación y los representantes de los actores implicados en la construcción del régimen de gobernanza, proponen decálogos sobre el uso racional y equilibrado de la red y advierten sobre los riesgos de un acceso no controlado de menores y usuarios a contenidos dañinos y peligrosos. En una semana donde las manifestaciones supremacistas y neonazis se han sucedido en Chemnitz, merece la pena recordar el planteamiento liberal de Garton Ash, desde el foro freespeechdebate de Oxford, el cuál reconoce e impulsa el derecho a la libre expresión transnacional de ideas y reflexiones; exige la ausencia de barreras en la difusión del conocimiento y la ciencia; reclama medios plurales e independientes y el deber de cuestionar los límites a la información impuestas por los poderes públicos, pero que también exige la sanción contra los discursos del odio, que incitan a la violencia, la discriminación y la hostilidad.
El reto de la información independiente sigue estando en trasladar un conjunto de visiones que refuerce los valores globales compartidos y potencie los cauces de negociación y cooperación en la sociedad internacional. Siempre que la denuncia de los abusos y la interpretación plural de los acontecimientos esté presente en los criterios de los mediadores profesionales, que siguen siendo en el mundo de hoy los referentes para el desarrollo de una opinión pública activa y comprometida con las circunstancias de nuestro tiempo. Especialmente con aquellas que conllevan violaciones de los derechos humanos, provocan desequilibrios, incitan a la violencia o atentan contra la dignidad de las personas.