Opinión

El desgobierno marroquí no afecta al funcionamiento del Estado

Pedro Canales

Pie de foto: Es un error comparar España y Marruecos. En la imagen, un encuentro engtre el rey Mohamed VI y Abdelilah Benkiran

Marruecos lleva ya varios meses sin gobierno. El primer ministro designado por el rey Mohamed VI para formar el nuevo Ejecutivo tras las Legislativas de octubre, Abdelilah Benkiran, no ha conseguido reunir el apoyo de la coalición de partidos necesario para obtener mayoría de votos en la Cámara de Representantes.

Algo similar a primera vista a lo que ocurrió en España durante todo un año, en el que el partido ganador der las Elecciones (el Partido Popular en el caso español, como el Partido de la Justicia y Desarrollo en el marroquí), no conseguía la mayoría parlamentaria indispensable para formar gobierno.

Pero ahí se acaba la comparación. España estuvo “paralizada” en ese tiempo, tanto del punto de vista legislativo, como en sus relaciones internacionales, al no poder tomar decisiones trascendentes, ratificar tratados, cumplimentar acuerdos. El stand by de la actividad gubernamental española se reflejó en sus relaciones económicas y financieras. El gobierno “en funciones” representaba a un país en paro forzoso.

No es el caso de Marruecos. Sus actividades internacionales tienen el mismo dinamismo, si no mayor, que el anterior a las Elecciones legislativas de otoño. Rabat da confianza a los inversores, a las empresas extranjeras, españolas y europeas; ofrece garantías de cumplimiento de acuerdos, de contratos. Lo que falla, eso sí, es la legislación interna, y aun eso no completamente.

Hace menos de un mes Marruecos ha prohibido en un acto soberano, la fabricación y comercialización de la vestimenta seudo-islámica conocida como burka – de hecho, importada de la cultura asiática y absolutamente ajena a la cultura magrebí. Ello ha dado lugar a una gran polémica, más por el hecho de que haya sido el “ministro del Interior” en funciones quien haya tomado la decisión, y no las autoridades reguladoras del hecho religioso, ministerio de Habús y Asuntos islámicos, Asociación de Ulemas, o el mismo rey Mohamed VI que ostenta el título constitucional de “Amir el Muminim”, Emir de los Creyentes.

Quienes contestan la decisión tomada por el ministro del Interior aluden a que tal medida prohibitiva de una “libertad pública” debería tomarse por el Parlamento en forma de Ley y no por la Administración. En el fondo no se cuestiona el derecho a frenar el radicalismo religioso e impedir el fanatismo vestimentario, sino el que un “gobierno en funciones” se atribuya facultades legislativas.

Sin embargo, el Estado como tal, en sus prerrogativas tanto internas como internacionales, sigue ejerciendo sus funciones. El rey, como Jefe del Estado, posee y ejerce poderes ejecutivos, legislativos y judiciales, al tiempo que dirige las Fuerzas Armadas y supervisa el funcionamiento del sistema de seguridad.

Las atribuciones del soberano como Jefe del estado están refrendadas por la Constitución y son consideradas por el conjunto de la clase política marroquí, gobierno y oposición incluidos, como garantía del equilibrio, de la estabilidad y de la seguridad del país.

No existe ninguna “disputa”, ni “prueba de fuerza”, ni “polémica” entre el rey Mohamed VI y los dirigentes políticos, y menos entre el soberano y el jefe de Gobierno. Lo que sí existe son diferencias, y a veces notables, entre los partidos políticos y diferentes consejeros reales. Las desavenencias públicas y las críticas abiertas formuladas por el primer ministro islamista Abdelilah Benkiran hacia el consejero real Fuad Ali El Himma, no son extensibles al Jefe del Estado. El Himma posee la legitimidad que le da su amistad con el rey, sus años de pupitre en al Colegio real junto al príncipe Sidi Mohamed y la formación recibida del ministro del Interior de Hassan II, Dris el Basri. Abdelilah Benkiran tiene en cambio la legitimidad de su militancia política islamista, de su experiencia partidaria y del apoyo incuestionable de millones de marroquíes en las urnas. Atribuir las divergencias entre los dirigentes políticos y los asesores reales a diferencias entre los primeros y el Rey es desconocer el funcionamiento del sistema monárquico marroquí.

Una prueba de ello es la comprensión unánime de todos los partidos políticos de la necesidad de dotarse en un tiempo record de un nuevo parlamento, de elegir un presidente de la Cámara de Representantes para poder aprobar a tiempo la nueva Ley que permitirá a Marruecos integrarse en la Unión Africana este mismo mes. El rey Mohamed VI viajará a Addis Abbeba y su jefe de gobierno “designado” o “en funciones” Abdelilah Benkiran llevará en cartera la Ley que el Legislativo tiene previsto aprobar el próximo 20 de enero. Esta Ley fue adoptada por un “Consejo de ministros” presidido por el rey el 10 de enero (de ministros recordémoslo que están en funciones y por lo tanto no pueden adoptar nuevas Leyes). Dicha Ley relativa al Acta constitutiva de la Unión Africana deberá ser ratificada por el parlamento.

A ningún político se le ha ocurrido decir que es poner la carreta delante de los bueyes, porque lo normal hubiera sido formar el Gobierno y después designar el presidente de la Cámara y la mesa de la misma, y después que ese mismo Gobierno “en consejo de ministros” presidido por el Rey adoptase la Ley y la sometiese al nuevo órgano legislativo.

En definitiva, no se puede comparar España y Marruecos. Y la clase política y empresarial de nuestro vecino del sur entiende perfectamente que la (re)integración de Marruecos en la Unión Africana y la solución política negociada de la cuestión del Sahara, son cruciales para el futuro del país y para avanzar en el Estado de derecho y en el sistema de libertades individuales y colectivas.