Pedro Canales

Pie de foto: Josep Borrell, ministro de Asuntos Exteriores, durante una visita a Argelia. 

A diferencia de otros gobiernos occidentales, socios al igual que España de Argelia, el gobierno español guarda un mutismo casi total sobre la situación de crisis profunda que vive el país magrebí; un silencio que resulta paradójico, si no inquietante. Igualmente, el tratamiento que da la televisión pública a la crisis en Argelia resulta llamativo, pues las imágenes impactantes que inundan las cadenas televisivas de medio mundo están ausentes o relegadas a tercer plano. 

El gobierno francés, cuyas relaciones con Argelia son siempre delicadas por el pasado colonial y el volumen de relaciones que existen entre los dos países desde hace medio siglo y en todos los terrenos, de la economía a la inmigración, pasando por la educación y la cooperación  en seguridad y en la lucha antiterrorista, se ha visto obligado a tomar una posición clara respecto a la dimisión del anterior presidente Abdelaziz Buteflika, derrocado por las movilizaciones populares, y la necesaria transición hacia la democracia. Paris ha declarado sin ambages que el pueblo argelino es soberano y que a él compete decidir sobre su futuro. 

Otro tanto ha hecho el gobierno de Estados Unidos, que ha dado un paso más afirmando que el pueblo argelino se está manifestando pacíficamente por un cambio de régimen, y que tiene todos sus derechos para hacerlo. El Kremlin por su parte, tradicional aliado militar de Argelia respeta la voluntad del pueblo argelino y advierte contra todo intento de injerencia exterior en la crisis.  

Y el gobierno español de Pedro Sánchez, ¿qué ha dicho o hecho al respecto? 

Tras más de dos semanas de movilizaciones multitudinarias que comenzaron el viernes 22 de febrero, el ministro español de Exteriores, José Borrell, se vio obligado el 14 de marzo a responder en una entrevista en la Cadena SER, diciendo que veía lógico que Argelia “tenga que tomarse un tiempo para ver de qué manera aborda el proceso electoral", después de Buteflika renunciase al quinto mandato por la presión popular. Borrell añadió que esperaba que las elecciones – en ese momento se pensaba que los comicios presidenciales tardarían al menos un año en celebrarse – se desarrollasen “de una manera pacífica y positiva”. 

La presión popular contra el “sistema” encarnado por Abdelaziz Buteflika y familia, rodeados de un puñado de oligarcas, altos funcionarios y dirigentes políticos corruptos, no cesó, y acabó obligando al todavía jefe de Estado a presentar su dimisión, ayudado en ello por la posición del Ejército que se pronunció en favor de la reivindicación popular. 

Sólo entonces el gobierno español volvió a hablar de la crisis en Argelia. Hasta ese momento, el silencio era la norma. El pasado 3 de abril, hace algo más de una semana, el gobierno de Pedro Sánchez volvió a reiterar su “confianza” en la solidez de las instituciones argelinas, las mismas que estaban siendo criticadas por la movilización de millones de ciudadanos. Fuentes del Ministerio de Exteriores volvieron a subrayar que Argelia, que es “un socio estratégico y amigo de España”, tiene instituciones sólidas que pueden contribuir a encontrar la vía adecuada para que el pueblo argelino “haga realidad las legítimas aspiraciones que ha expresado pacíficamente en las últimas semanas”. 

Si se compara la energía con que el gobierno español critica al régimen venezolano y a su presidente Nicolás Maduro, al tiempo que elogia y abre puertas al autoproclamado “presidente interino” Juan Guaidó, y su actitud hacia Argelia, se tiene la extraña sensación de que no sólo hay prudencia, sino complicidad. 

España mantiene con Argelia un enorme volumen de relaciones, basadas principalmente en la importación de gas procedente del país norteafricano y en los grandes contratos que empresas españolas han obtenido en Argelia en el sector de hidrocarburos, energías renovables, centrales eléctricas, transportes y trabajos públicos. ¿Justificaría esto la prudencia, para no poner en peligro las relaciones? Francia y Estados Unidos tienen también grandes contratos e inversiones en Argelia, y sin embargo han adoptado una posición más clara en defensa de las libertades democráticas y del derecho del pueblo a decidir. 

Algo que puede arrojar luz sobre el “silencio” del gobierno Sánchez, es el entramado de intereses poco confesables que existe entre los dos países. En reiteradas declaraciones hechas estas semanas por especialistas argelinos y extranjeros, sobre el modus operandi de la corrupción clientelar en Argelia, se ha puesto de manifiesto que “la media” de comisiones que los intermediarios argelinos cobran de empresarios y consorcios extranjeros para obtener contratos en Argelia, es del 10%. Dichas comisiones, como ha denunciado el periodista experto en temas económicos Nordin Grim en el rotativo argelino El Watan, son cobradas en el extranjero en divisas y, o bien ingresadas en cuentas en paraísos fiscales, o bien invertidas en el país donde se realiza el contrato. 

Este sistema de cobro de comisiones indicaría que los oligarcas, funcionarios y dirigentes argelinos que se han enriquecido con los contratos que las empresas españolas han firmado con Argelia, han depositado su dinero en bancos o lo han invertido en la adquisición de bienes inmuebles en España. 

El caso más mediático lo protagonizó Ali Haddad, una de las mayores fortunas de Argelia, detenido actualmente por intentar salir ilegalmente del país por la frontera tunecina. Haddad, cuyas relaciones de amistad y complicidad con Said Buteflika, el hermano del presidente derrocado, eran notorias, compró el Hotel Palace Barcelona por 66 millones de euros; un capital que solo podía proceder o de las comisiones cobradas a empresas españolas, o de una licencia especial dada por el Banco Nacional de Argelia para convertir moneda local en divisas con las que invertir en el extranjero. Los investigadores argelinos independientes se orientan por la primera hipótesis: los 66 millones de euros con los que pagó la adquisición del gran hotel de lujo barcelonés procedías del cobro de comisiones ilegales. 

Esta es solo la punta del iceberg, sostienen los analistas argelinos. En España se habrían pagado decenas si no cientos de millones de euros a comisionistas e intermediarios tanto argelinos, como españoles. La cuestión pues que suscita interrogantes es saber si la prudencia y el silencio del gobierno español sobre la profunda crisis que atraviesa el país magrebí no obedece al intento de tapar posibles delitos que afecten a personalidades del mundo político y del ámbito institucional. Alguna de las grandes empresas españolas que operan en Argelia tienen relaciones muy estrechas con ellas.