Opinión

El Rif cuestiona dos instrumentos obsoletos del viejo Majzén

Pedro Canales

Cuando en 1999 el Príncipe heredero de Marruecos Sidi Mohamed ascendió al trono alauita tras la muerte de su padre Hassan II, enunció las dos claves de lo que iba a ser su reinado: continuidad y modernización. Mohamed VI prometía seguir con el sistema monárquico como vertebración de la unidad del país, y al mismo tiempo modernizarlo.

Ha tardado casi dos decenios, pero una gran parte de la tarea ha sido hecha: el sistema económico-empresarial, agrícola e industrial, obedece cada día más a las normas internacionales más exigentes; la Ley de igualdad de género es una realidad, y la mujer ocupa un lugar relevante en todas las esferas; las libertades individuales y los derechos de los ciudadanos, están inscritos en la Constitución; existe el pluralismo sindical y político, y el sistema electoral es cada día más transparente; hay libertad de culto, y se respeta el derecho a las minorías. En suma, Marruecos funciona como un Estado de derecho.

Sin embargo, su afán modernizador, indispensable por otra parte para que Marruecos juegue un papel en la escena internacional, árabe y africana en particular, ha chocado y choca con la resistencia de lo que viene a llamarse el viejo Majzén, que no es otra cosa que la secular Administración del Sultán. Si bien es cierto que Mohamed VI ha conseguido dotar al país de unas Fuerzas Armadas modernas, desprendiéndose paulatinamente de la jerarquía castrense impuesta por su padre y que parecía inamovible, no ha podido hacer lo mismo hasta ahora con otros dos de los mecanismos de poder intrínsecos del Majzén: el aparato religioso y el sistema administrativo-político-territorial.

El aparato religioso ha vuelto a ganar terreno, después de unos primeros años de titubeo, en los que el nuevo Rey parecía dispuesto a dejarle en segundo plano. La lucha “ideológica” contra el radicalismo islámico y el terrorismo, le ha permitido recuperar su supremacía en la esfera político-religiosa del país.  El fracasado intento de eliminar el besamanos ritual, es simbólico de una primera batalla perdida por Mohamed VI como jefe del Estado.

En cuanto al sistema administrativo de vertebración del Estado, sigue sufriendo de una ambivalencia cada vez más obsoleta. Por una parte, las Asambleas electas, a nivel nacional, regional y local (Parlamento, Asambleas regionales y Ayuntamientos), y paralelamente los tentáculos administrativos del Majzén: desde el mismo Palacio real, los Walis, Pachas, Jalifas, Caides, Mokadem, Chauchs, etc. Cada organismo elegido por el pueblo, por los representantes políticos, es doblado por otro organismo oculto, que rinde cuentas al ministerio del Interior en el que confluyen todos los resortes del viejo Majzén.

Las movilizaciones del Rif han puesto esta realidad al desnudo. En cierto modo y simbólicamente, el Rif está ayudando a Mohamed VI a intentar modernizar el último reducto del poder del Sultán. En primer lugar, por su denuncia de la manipulación del discurso religioso. El líder del movimiento Hirak Arrif, Zefzafi, ha roto un tabú al enfrentarse públicamente al aparato religioso. Su irrupción en la mezquita no ha sido bien vista por una gran parte de la población, pero ha mostrado dónde está el punto nodal. La forma es criticable, el fondo señala el maquiavelismo de un poder oculto. Mohamed VI aún no ha reformado la estructura religiosa; ahora tiene la ocasión de hacerlo.

En cuanto al aparato político-administrativo del Majzén, su presencia o su no-presencia, aparece evidente. En todas las iniciativas que se están generando para “resolver la crisis mediante el diálogo”: tanto la del propio gobierno de El Othmani; como la del Presidente de la región Tánger-Tetuán-Alhucemas-Nador, Ilyas el Omari; como la del grupo de 10 intelectuales de peso y autoridad en el Rif; como la del Consejo Nacional de Derechos Humanos; y otras iniciativas más, en todas ellas se invita a representantes de los manifestantes, Hirak Arrif, las familias, las organizaciones sociales, sindicales, políticas, las Autoridades legales, gobernadores, diputados, representantes patronales, representantes el gobierno central, etc., pero no se menciona para nada a ningún funcionario del Majzén, jalifa, pachá, mokadem. Es decir, que la solución se encuentra en el Estado de derecho, no en el poder oculto. Si el gobierno central y los manifestantes, así como todos los mediadores, quieren discutir por qué el programa lanzado por el Rey Mohamed VI en 2015, “Alhucemas, faro del Mediterráneo” con un presupuesto de más de 500 millones de euros, está estancado; si quieren discutir por qué no arranca la construcción del Hospital planificado, etc., lo harán según el Estado de derecho.

Marruecos tiene ante sí una ocasión de oro para dar el último paso en la modernización del país. El Rey dispone de todos los poderes para ello, y tiene, por primera vez de manera explícita, el apoyo de la población en las calles.