Gustavo Palomares*/El Mundo

Pie de foto: AJUBEL

Este domingo se celebran elecciones presidenciales en Colombia y todo parece indicar que estos comicios no se van a decidir por el juicio que puedan merecer los logros indiscutibles del presidente Santos en algunos ámbitos económicos, empleo, infraestructuras o lucha contra la desigualdad que pudieran beneficiar a alguno de sus muy distintos herederos políticos: Humberto de la Calle o Germán Vargas. Tampoco por el contrapeso entre la posición de Santos, su gestión e idea de país, frente y la del ex presidente -hoy senador- Álvaro Uribe o del que podría ser su heredero político: Iván Duque. Un candidato joven, con empuje electoral, verbo convencido y un cierto aire macroniano al que todas las encuestas dan como favorito.

También es difícil encasillar esta consulta, como ocurre en esta fase de la democracia en todo el mundo, dentro de la lectura clásica entre candidatos de derechas e izquierdas, aunque ambas posiciones tengan distintas versiones en donde elegir. Y de forma especial la izquierda: desde la revolucionaria fariana con un Timochenko retirado de la campaña que no se sabe a qué candidato apoyará finalmente, hasta la más verde y alternativa, con el ex alcalde y gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo; pasando por la de Gustavo Petro, probablemente con el programa más modernizador, próximo a los planteamientos del socialismo europeo y de mayor apoyo popular, pero también el que ofrece mayores dudas sobre su capacidad de gestión y de forjar equipos, a tenor de su paso por la Alcaldía de Bogotá. Esta circunstancia, según los sondeos a una semana del lance, colocaría a Fajardo en mejor disposición para disputar una segunda vuelta a Duque.

Tal y como reflejan gran parte de las encuestas, estas elecciones presidenciales, teñidas de las clásicas dinámicas frentistas -esta vez entre anti uribistas versus anti pretistas- se decidirán, no tanto por todo ese conjunto de factores señalados, sino principalmente por la confianza o no, respecto a cómo se han hecho las cosas antes y después del Acuerdo de Paz, por los escasos cambios percibidos y por una impresión de falta de liderazgo y de confianza respecto a la actual política gubernamental. Factores todos ellos que pasan más por el corazón que por la cabeza. Y, por si fuera poco, a esto se une la detención por presuntos delitos de narcotráfico de Jesús Santrich, ex guerrillero negociador, pedido en extradición por Estados Unidos que acaba de denegar la nueva Jurisdicción Especial de Paz. 

Nadie suponía que la puesta en marcha del Acuerdo de Paz en Colombia iba a ser una tarea fácil, mucho más después del plebiscito de octubre de 2016 en el que -con la mayor abstención en la historia electoral del país, casi un 63%- la mayoría de los votantes mostraron sus dudas sobre la voluntad de los actores y la conveniencia de los acordado. Peor aún si cabe cuando, por miedo y falta de confianza, se consideró que era suficiente la aprobación del legislativo para superar el escollo de su refrendación. Por otras experiencias se sabía que lo más fácil, incluso después de más de tres años de negociación, era firmar y lo más difícil es cumplir lo rubricado con orden, voluntad política y financiera, pero, sobre todo, que los colombianos asuman el proceso como un reto personal y colectivo; este objetivo último de pedagogía y de nueva identidad colectiva por y para la paz no se está cumpliendo, y de esta forma, es muy difícil avanzar.

El denominado Fast Track, procedimiento rápido abreviado concebido para encauzar las leyes de paz, ha sido una gran decepción: de los 32 decretos expedidos, cinco reformas constitucionales y 12 proyectos de ley presentados, sólo nueve han recorrido el trámite parlamentario y han sido aprobados, cinco están en revisión por la Corte Constitucional, ocho se quedaron estancados en el trámite parlamentario y el resto se cayeron por el camino. Leyes que tienen una incidencia en las causas históricas de la violencia o no han sido aprobadas o no se presentaron, como ha ocurrido con la reforma rural integral y el nuevo proyecto de Jurisdicción Agraria; lo mismo pasó con la Ley sobre el Plan Nacional del Desarrollo, disposición que era central en todo los puntos del Acuerdo de Paz y del que ni tan siquiera se hizo el debate; así ocurrió también con la Reforma a la Ley de Garantías Electorales y, por si fuera pobre el balance, tampoco se presentó la reforma de la Ley de Víctimas cuando justamente las víctimas eran el centro y la principal razón para llegar a un Acuerdo de Paz. 

Los negociadores también habían consagrado en el Acuerdo una necesaria Reforma Política para propiciar un mayor pluralismo político, social y electoral capaz de abrir y limpiar una sociedad históricamente desigual, clasista, exclusiva y excluyente en donde pocas familias han detentado el poder social, económico y territorial; esos mismos apellidos que han sido, y siguen siendo verdaderas castas políticas que han detentado por siempre el dominio y han asumido históricamente el Estado como botín. Aun con estos presupuestos de partida, lo más grave que ponen en tela de juicio el proceso reformador y la verdadera voluntad de destacados poderes públicos respecto al cambio imprescindible para la superación definitiva de la violencia, fue la progresiva adulteración y el voto negativo mayoritario en la Cámara a la Ley de Reforma Política presentada y, caso paradójico, con una votación que ha sido la más alta durante toda la vigencia de este mecanismo de reforma rápida para la consecución de la paz. 

En definitiva, la cuestión en estas elecciones presidenciales ya no es decir sí o no al Acuerdo de Paz, sino la impresión generalizada de que dicho acuerdo, así planteado y gestionado, camina hacia el fracaso sin que vaya a suponer un nuevo proyecto de futuro para ese país en donde raro es el día en el que no es asesinado un líder social o un defensor de los derechos humanos. Y ya van más de 300 desde la firma del Acuerdo. 

Una paz en manos de un Gobierno experto en la improvisación, sin plan B ante los obstáculos ni ruta de aplicación política y financiera de lo suscrito. Tampoco de un presupuesto extra que, más allá de ingenierías presupuestarias y de los aportes de la cooperación internacional, asegure su aplicación y, de forma prioritaria, la reparación a las víctimas. Y también de unas FARC que no acaban de renunciar a sus siglas, mitos y ritos, con un ideario antiguo y poco atractivo desde una izquierda moderna, con las mismas caras para la paz que para la muerte y, como opina una gran parte de los colombianos, con una soberbia histórica que les impide un arrepentimiento sincero capaz de pasar página en lo militar y en la lucha política para dejar paso a una nueva generación de jóvenes revolucionarios capaces de aceptar las nuevas reglas de juego y hacerlo de forma creíble. 

Parece inevitable que asistiremos en pocas horas a dirimir quién puede frenar en una segunda vuelta el empuje de Iván Duque y también el futuro de un Acuerdo de Paz que necesita urgentemente orientarse en la dirección correcta. Sin embargo, con esta impresión extendida en una parte la ciudadanía colombiana de los dos principales negociadores de la paz es muy difícil defender electoralmente el compromiso con lo pactado, los candidatos que lo apoyan y, lo que es más importante, la obligación ética y política de construir, sea quien sea elegido presidente, un adecuado escenario en el post Acuerdo, y la necesidad irrenunciable del camino hacia la paz.

Gustavo Palomares dirige el proyecto europeo Pedagogía de Paz y gestión del postconflicto en Colombia y es catedrático europeo en la UNED. También preside el Instituto de Altos Estudios Europeos.