Antonio Regalado

Pie de foto: La guerra electoral ha comenzado. Una  pensión no es un salario del Estado, es  un derecho adquirido por el trabajador.

Millones de pensionistas han salido a las calles para protestar por la precariedad de las pensiones en España. Una pensión no es un salario del Estado; es un derecho adquirido por el trabajador que ha sufragado las pensiones de los trabajadores que le precedieron. Conviene reflexionar desde esta orilla.

Los pensionistas han volcado siempre los resultados de las elecciones generales y autonómicas. Según el CIS, los mayores de 65 años en Castilla-La Mancha, por ejemplo,  votan un 46,8 al PP  y un 32,3 al PSOE en comicios nacionales. El porcentaje es muy similar en las comunidades no nacionalistas donde la antigua Convergencia o el PNV reciben un porcentaje parecido de apoyos. La abstención de los jubilados es la más baja de la pirámide electoral, un 11,3%. En resumen, los pensionistas somos la masa crítica esencial y necesaria a movilizar en periodo electoral.

Guerra electoral

Hete aquí que estamos a catorce meses de los comicios municipales, regionales y europeos. Ello explica el calor de la calle y la preocupación súbita de los partidos políticos de oposición. Han encontrado un filón de agravios e indignidades que servirán de munición explosiva para el debate que se avecina en sede parlamentaria.

Acorralar a Mariano Rajoy y a Fátima Báñez no será difícil teniendo en cuenta que en  las cartas de la ministra de Trabajo hace unas semanas se felicitaba de subirnos entre 6 y 1 euro mensual, el 0,25% mínimo establecido por Ley. La guerra electoral ha comenzado sin pasar por el Pacto de Toledo, donde debería dirimirse el futuro del sistema público de pensiones.

Que el sistema actual no se sostiene, es evidente. Con una tasa de natalidad del 1,24 %, con un paro en torno al 17% y con unos salarios mileuristas de una gran parte de la población, el agujero anual se sitúa en torno a los 20.000 millones de euros. La caja única de las pensiones y de la Seguridad Social es prácticamente el último eslabón de la solidaridad que no se ha desmontado todavía.

Planes privados

Cuando hace unas semanas el presidente del Gobierno invitaba a suscribir planes privados de pensiones anunciando que se podrían sacar en 10 años, estaba confirmando, simplemente, que las pensiones peligraban en su punto más esencial: la cuantía. Estudios actuariales del sector certifican que en una década, si no se modifica la fórmula, los pensionistas del futuro cobrarán un 80% del valor actual y, en 2038, poco más de la mitad. Recurrir al complemento de planes privados es un error porque el señor Montoro rompió las reglas de juego en 2007 y anuló la exención del 40 por 100. Ahora, la recuperación del fondo de pensiones, se considera un ingreso neto más. Resultado: no se puede sacar ni un euro como complemento de la pensión porque el IRPF se dispara; sobre todo, porque es un dinero que ya ha sido declarado. Un atropello, una confiscación.

Subsistencia

La crisis, contra lo que se pueda creer, no ha perjudicado al poder adquisitivo de las pensiones. Cierto. En los últimos 6 años se han perdido solo un 0,4% debido a la inflación negativa y a los bajos tipos de interés del Banco Central Europeo. Por contra, los productos energéticos y digitales han subido más del 20 por 100. Y esto es un mazazo para  las clases medias y bajas. De golpe y porrazo nos hemos situado en límites de subsistencia insostenible porque al amparo de esa pensión  del Estado han vivido muchos hijos y nietos de los que se quedaron colgados tras la burbuja. Así no se puede envejecer con dignidad.

Reformas urgentes

Aumentar la vida laboral hasta los 70 años de forma progresiva, tomar como referencia los 25 mejores años de cotización tras un cómputo mínimo de 40 años e incentivar los fondos de pensiones para que se puedan sacar mensualmente como una ayuda complementaria sin superar los 3000 euros, contribuiría a estabilizar el sistema. De paso, las retribuciones por  viudedad, orfandad y no contributivas deberían sacarse de la hucha de la Seguridad Social y pasar directamente a ser un capítulo más de los Presupuestos Generales del Estado.

Las pensiones deberían estar exentas del IRPF al igual que las rentas del trabajo colaborativo pasados los 70 años.

Tengamos en cuenta que cuando un trabajador se jubila, lo que percibe apenas es el 80 por 100 de su último salario. Si la pensión que se percibe es la máxima (la pérdida real pueda llegar al  50 por 100). Mientras el ministro de Hacienda estudia que bajará la presión fiscal de las clases pasivas –ya lo  ha anunciado varias veces sin hacer nada- bueno es que el Parlamento derogue sus privilegios.

¿Por qué un diputado o senador con ocho años de ejercicio tiene derecho a la pensión máxima y un trabajador necesita 38? ¿Por qué el Congreso complementa a sus señorías  hasta la pensión máxima cuando sus ex señorías no han cotizado lo suficiente? Un ejemplo: el ex presidente de Caja Castilla-La Mancha, Juan Pedro Hernández Moltó, recibe un complemento mensual de 400 euros (por 14 pagas) tras su jubilación después de su condena. Hay otros 120 ex diputados más. Escandalosas resultan las pensiones vitalicias de los ex presidentes del Parlament de Cataluña (y de los presidentes de la Generalidad) que superan los 100.000 euros anuales. Obscenos los planes de pensiones de banqueros y ejecutivos  tras dejar, en muchos casos, saqueadas las empresas.

En las pensiones, nunca mejor dicho, todos iguales. Para poder ser más libres.

Demagogia como bandera

Podemos está  liderando la movida en la calle. Durante toda la legislatura no se le conoce una sola iniciativa parlamentaria que haya mejorado la calidad de vida de los ciudadanos. Los gobiernos de Madrid, Barcelona, Cádiz o Zaragoza  han protagonizado una gestión ineficaz donde el mayor logro sigue siendo el nepotismo y el despilfarro. Todo ello gracias a Pedro Sánchez, que entregó la alcaldía madrileña a Manuel Carmena en detrimento de su propio candidato Antonio Miguel Carmona, apoyado por PP; en la Ciudad Condal apalancó  a Inmaculada Colau por media docena de sueldos generosos hasta que la propia alcaldesa los echó a todos del gobierno municipal pretextando el apoyo al 151.

Sánchez fue el abanderado de la congelación de las pensiones en 2009 –junto a Simancas, Luena y Ávalos- a iniciativa del gran  Rodríguez Zapatero. No lo olvidemos.  Ahora se pone a la cabeza de la reivindicación exigiendo el 1,6 % de subida, como el IPC, y proponiendo dos impuestos finalistas: uno a la banca y otro a las transacciones financieras. Pero cuando presenta la Proposición no de Ley en el Congreso se le olvida la del impuesto a la banca. Ciudadanos se ha sumado al carro electoral y anuncia iniciativas razonables. Esperemos que no queden descafeinadas en el camino.

Lo lógico es que todas las propuestas se debatan en el Pacto de Toledo del que nadie se acuerda hasta horas antes de cada campaña electoral. Los populares consideran que esta encerrona parlamentaria solo pretende desgastar al gobierno. Tiene razón pero este Ejecutivo, con mayoría y sin ella, ha tenido la oportunidad de cambiar las cosas y no ha hecho nada. Lo mueve, igual que a la oposición, el peso de las urnas.

Economía de guerra

Cuando estamos en activo pocas veces nos paramos a pensar en las pensiones; luego, los ERES y las crisis nos han precipitado a las prejubilaciones. ¿Hay algo más inhumano que una prejubilación cuando estás en lo mejor de tu carrera profesional? Si, la jubilación. Te quedas condenado a una cantidad fija que, a lo sumo se revaloriza para tomar un café quince días al año. Y sin la posibilidad de poder trabajar  o colaborar en otros sectores tras la acumulación de experiencias. Cerradas las puertas laborales, solo  quedan dos caminos: el deporte moderado y las visitas al médico de cabecera. Te empieza a doler el alma y solo las recetas médicas parecen ser la solución. Se aumenta así el gasto sanitario y farmacéutico (además del dental) y nos encontramos, pasados los setenta, con los ahorros en luz de reserva y una incertidumbre muy cierta: cómo envejecer con dignidad.

La historia personal se ha reducido a 47 años de trabajo, pagar un piso, unos cuantos coches, dar carrera a los hijos para que puedan emigrar (afortunadamente) casi al polo norte y vivir enganchado a una economía de guerra. Eso sí, nos queda el poder del voto.