Opinión

La lógica perversa del F. 'Polisario'

Jamal Mechbal

Pie de foto: ...del “muera España”, al España todavía es la “potencia administradora del Sahara”.

En el mundo diplomático aun recuerdan con asombro el circo montado en el aeropuerto de Lima por Jediyetu El Mohtar, la “embajadora” sin acreditación, mientras que el gobierno peruano la invitaba dejar el país. La delegada del movimiento separatista Frente Polisario insistió, no obstante, en hacerse pasar como embajadora de la virtual de república “rasd”, contradijo a las autoridades del Perú que no reconocen a esa entidad y en flagrante violación del Derecho Diplomático. En los meses siguientes, el gobierno colombiano tuvo que expedir un comunicado debido al comportamiento del delegado del Polisario que se hacía pasar como embajador de esa república fantasma. En España se está produciendo algo similar. La delegada del “Polisario” evidenció su confusión en tanto representa a una organización político-militar de corte separatista, tolerada en España, es verdad, pero no por ello, es reconocida la virtual rasd, creada por la misma. Que los militantes del Polisario puedan residir en España no es sinónimo ni equivalente de ser o estar reconocidos como diplomáticos, con credenciales diplomáticas, como ocurre con los Estado constituidos y reconocidos ante las Naciones Unidas. Ni España, ni los países de la Unión Europea reconocen a esa entidad. Aunque, en términos propagandísticos, la delegación se presenta en falso como representante del “gobierno de la república árabe saharaui”.  

Por lo anterior, la delegada usurpa una falsa representación diplomática de una república que no existe, pero, su actuación, tanto en la forma como en el fondo, también devela el irrespeto hacia la función diplomática que pretende usurpar como ya lo hicieron los delegados del Polisario burlando a las autoridades en los países andinos (Colombia y Perú). La señora Jira Bulahiquiso imponer en nombre de su movimiento y en contra de toda lógica y todo derecho, que España sea la potencia administradora del Sahara, en contraposición con la decisión soberana que ha sido aplicada sucesivamente por todos sus gobiernos desde 1976 hasta la fecha, cuando España devolvió, mediante los Acuerdos de Madrid, el territorio del Sahara que había ocupado durante décadas.

A este respecto, el l4 de julio (2018), ante la Comisión de Exteriores del Congreso, el ministro de Asuntos Exteriores de España, Josep Borrell, aclaró, por si quedaban dudas, que la vinculación histórica y afectiva de España con el pueblo del Sahara “no debe interpretarse como una responsabilidad jurídica porque España no es potencia administradora del Sáhara Occidental”.

El 25 de octubre (2018), en la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado, Borrell reiteró lo dicho: “España no es considerada potencia administradora en las resoluciones anuales de la Asamblea General que se refieren a la descolonización del Sáhara Occidental, ni aparece como potencia administradora en la lista de territorios no autónomos de Naciones Unidas. Es importante saberlo para conocer cuáles son nuestras responsabilidades con respecto a ese territorio”.

La delegada del “Polisario” en España, acusó en un comunicado que, aunque España se marchó del Sahara Occidental y “abandonara a su suerte al pueblo saharaui incumpliendo sus obligaciones en materia de descolonización”. La activista separatista se permite libertades, errores y la total ausencia y carencia de diplomacia que los diplomáticos debidamente acreditados y reconocidos no pueden permitirse; además, altera el sentido de las resoluciones para que calcen con la propaganda separatista. La doctrina de la ONU, según Jira, establece que “la transmisión de la condición de potencia administradora no puede efectuarse nunca a favor de un tercero, sino en todo caso a favor de Naciones Unidas”.

El comunicado es asombroso por lo inverosímil de su contenido, inclusive puede leerse como una pieza que se inscribe en las denominadas “fakes news”. La activista “desmiente” y le resta credibilidad al ministro responsable de la política exterior de España que, ante los representantes del pueblo español, había explicado y reiterado una realidad que todos los gobiernos han reafirmado desde 1976. 

La militante del separatismo también pretendió imponer una falacia a través de su comunicado con el claro objetivo de confundir a la opinión pública española, afirmando incluso con rotundidad que “España sigue siendo de iure, según Naciones Unidas, la potencia administradora del Sahara Occidental”.

Cuando Jira Bulahi sostiene que España se marchó del Sahara Occidental y abandonó “a su suerte al pueblo saharaui incumpliendo sus obligaciones en materia de descolonización”, hace afirmaciones injustas y falsas, de forma y contenido, primero al convertir a la población del Sahara en “pueblo saharaui”. Ningún documento de las Naciones Unidas utiliza la expresión “pueblo saharaui” que supondría la existencia de una identidad jurídico-política constituida en Estado que el “Polisario” no posee pero que de manera alambicada pretende ostentar. La expresión utilizada por las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad es “la población del Sahara occidental” o “el pueblo del Sahara”, pero nunca la de “pueblo saharaui”, ese término es una invención que ha tenido fines propagandísticos, pero adolece de sustento. Bulahi debería leer y re-leer el informe del Secretario General S/2001/613 (Anexo III punto 6) en el que se le hicieron las precisiones sobre este asunto al gobierno de Argel, tutor y mentor del “Polisario”.

La vocera de la estructura totalitaria Frente Polisario carece de potestad para erigirse y expresarse en nombre de una población que ya tiene sus propios representantes que han sido elegidos en procesos electorales democráticos y que han tenido observadores internacionales que han avalado la legalidad y transparencia de los comicios que tienen lugar en la región del Sahara. 

En lo que respecta al fondo de las aseveraciones hechas por la delegada del Polisario, cuando afirma que España abandonó a la población del Sahara Occidental expresa medias verdades y calumnias que pueden desinformar más que las mismas falacias de su inventiva. La realidad de los hechos y eventos tal y como tuvieron lugar ha de constatarse en las declaraciones de los máximos responsables del proceso de descolonización del Sahara, declaraciones que fueron hechas ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los diputados en marzo de 1978. Véase a este respecto el Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados. Números 30, 31 y 32 de 1978. En análisis recientes he citado estas declaraciones.

Las declaraciones de la delegada del “Polisario solo constatan el comportamiento primario y totalitario que es tan propio del “Polisario”. Hacen gala de la inmadurez mental de los integrantes del movimiento separatista que nunca han superado la perspectiva maniquea para enfrentar la realidad. Mantienen el sueño adolescente de la revolución, la dictadura y el separatismo cuando sus líderes ya son de la tercera edad, no asumen errores, menos aún responsabilidades por sus acciones, excesos y brutalidad y hasta tienen la osadía de presentarse como víctimas de España, por lo que reparten culpas con el ánimo de crear un complejo de culpa en la sociedad española, por una cuestión en la que la ciudadanía no tiene responsabilidad alguna. 

Nótese que el General Gómez de Salazar quien fuera Gobernador en el Sahara Occidental declaró ante la mencionada comisión haciendo referencia a la Misión de la ONU visitadora al Sahara:

A la misión le dijimos: Señores, si ustedes no encuentran unas personas que buscan, me lo dicen, que yo se las busco, sean polisario, del PUNS, enemigos de España o quien sea, porque tengo mucho interés en que conozcan a la perfección la situación actual en el Sahara. A pesar de eso, de tantas facilidades y tanta apertura, insultaron a España. “Fuera España”, “muera España”.  Era increíble, pero esto ocurrió. Al mismo tiempo que hacían estas cosas nos amenazaban con que iban a matar a los hijos de nuestros compañeros, de nuestros empleados, a quien fuera”.  (Diario de Sesiones. Número 30.p.37).

El General Eduardo Blanco, que fue Director General de Promoción del Sahara, declaró ante la misma Comisión del Congreso, sobre esta circunstancia. Según lo expresado por el General Blanco, la situación en vísperas de la salida de España del el ex Sahara español, puede resumirse en un PUNS que “defiende un Sahara independiente aunque amigo de España. El Polisario goza de una aureola romántica, pues es el partido de la revolución y tiene héroes y mártires. Para él, el enemigo es España y con el apoyo argelino…”. “Mientras tanto, existe también en el Sahara el FLU, Frente de Liberación y Unidad, alentado y sostenido por Marruecos”.

  “Estas fuerzas políticas influyen en una masa neutral, tribal, en la cual no estaba cristalizada la idea de nación…”, afirmó el General Blanco (p.40).

“Pero lo dramático de la eclosión del Polisario, que, además, catalizó en torno suyo a una gran masa políticamente subdesarrollada y con una predominante idea tribal, fue que terminó en una explosión. Como dijo el General Gómez de Salazar, allí el grito predominante era el de “¡Muera España!” […] “A esto se añade que el Polisario había cometido el tremendo error en aquellos días de creer que el momento de la victoria estaba próximo y de buscar una solución, creo que pensando en la figura de Ho- chi-Min, o en una descolonización tipo Mozambique, en la entrega al partido revolucionario de los mandos de la potencia administradora

“Este planteamiento influyó de tal manera en el Polisario que no aceptó ninguna política pactista con la potencia colonizadora y ocupante, que personificaba para él el primero de los enemigos. Ya se le podía hablar de que si Argelia venía... o si Marruecos venía: el Polisario decía siempre: esos son enemigos remotos, pero el enemigo actual es España”, resalta el General Blanco. 

“Esto fue lo que hizo fracasar -porque esta idea estaba totalmente arraigada en el Polisario- todos los contactos en los que se trató pactar con él desde la Secretaría General; incluso algunos contactos que se tuvieron con los polisarios que se encontraban en Madrid. No hubo posibilidad de que el Polisario se considerara una fuerza colaboradora en un proceso de descolonización normal, como el que España quería. En este momento es cuando España da la célebre nota consecuencia de que los saharauis no nos quieren y las potencias vecinas nos hostilizan”. 

Todo lo descrito por el General Blanco tenía lugar en un momento en que España estaba por terminar la etapa del caduco régimen franquista para pasar a un nuevo sistema democrático bajo el modelo de una monarquía parlamentaria. Por tanto, era menester salir de la cuestión colonial dónde había quedado atrapada en buena medida por la megalomanía y el mesianismo del régimen autócrata de Francisco Franco, pero también porque cuando lo dispuso ninguna de las partes estaba dispuesta a facilitarle la tarea y especialmente el “Polisario”.

Las autoridades españolas se enfrentaron con una Marcha Verde, movilización social de 350 mil marroquíes (cifra cuatro veces superior a los 74 mil saharianos o residentes en el Sahara censados por España). Los ciudadanos movilizados eran civiles desarmados que decidieron entrar pacíficamente al Sahara y recuperar su territorio, cuya restitución era reclamada por vía diplomática a nivel bilateral y en las Naciones Unidas desde 1956, pero que las autoridades españolas habían eludido de modos diversos. 

Así las cosas, el gobierno de España no podía dar órdenes a su ejército de disparar contra ciudadanos desarmados, sin verse inmersa en un escándalo internacional de proporciones mayúsculas, acusada de genocidio y, todavía menos, cuando ya se disponía abandonar el territorio que reclamaba Marruecos y la población del Sahara.

La delegada del “Polisario” omitió mencionar la historia completa. Cuando España salió del Sahara enfrentaba, por un lado, a la movilización pacífica marroquí; y, por el otro, a las acciones terroristas de la guerrilla Frente “Polisario”, ataques y atentados con minas y artefactos explosivos en el Sahara, pero también secuestraba y raptaba a españoles y a saharauis para llevarlos a Tinduf, territorio que les fue asignado por Argelia. De las víctimas españolas, ACAVITE (Asociación Canaria de Víctimas del Terrorismo) lleva completo registro. 

No obstante (todo lo expuesto), el “Polisario” todavía hoy se permite acusar a España de abandonar a la población del Sahara. La delegada del “Polisario” levanta el dedo acusador para decir que España ha incumplido “sus obligaciones en materia de descolonización” y que “España sigue siendo de iure, según Naciones Unidas, la potencia administradora del Sahara Occidental”, contradiciendo y tergiversando al actual ministro de Asuntos Exteriores de España, Josep Borrell, como ya se ha documentado. 

Las declaraciones del entonces ministro de Asuntos Exteriores de España, Cortina Mauri, quien traspasó la administración conforme el derecho internacional, también corroboraron los hechos que tenían lugar en el Sahara: “el Gobierno españolhabía tomado la determinación de poner fin a su presencia en el territorio. Pero para que no se produjera un vacío de poder, estaba decido a transferirlo a quienes hubieran de asumir la responsabilidad de la administración del territorio”. España intentó armonizar los puntos de vista con las partes en el conflicto para alcanzar un acuerdo incluso bajo auspicios de las Naciones “de no conseguirlo, el Gobierno español se reservaba el poner término unilateralmente a su presencia en el territorio”.  El ministroexplicó las circunstancias y dio detalles a la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados en la sesión de marzo de 1978 dedicada al proceso de descolonización del ex Sahara español.

Esa toma de posición de España, citada por Cortina Mauri, también ha sido reiterada en diferentes ocasiones, una de ellas tuvo lugar durante la visita oficial a Madrid, el 23 de mayo de 1975, del Secretario General de las Naciones Unidas, Kurt Waldheim, durante el discurso de la cena oficial. Otra ocasión acaeció ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 30 de septiembre de 1975. España también intentó la transmisión del territorio a las Naciones Unidas (Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados. 1978. Número 32. p.71).

España, sin embargo, lo único que podía transferir era la administración del territorio, era lo que le venía reclamando Marruecos desde 1956, traspaso de la administración que el mismo Cortina Mauri afirmó ante los diputados: “no tenemos más facultades que las administradoras y que, lo único que vamos a transferir son éstas, y esto es lo que se hace en el Acuerdo de Madrid” (Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados. 1978. Número 32. p.76).

España entabló las negociaciones de Madrid conforme a las resoluciones 377, 379 y, especialmente, la 380 que fue adoptada el 6 de noviembre de 1975 por el Consejo de Seguridad, una semana antes del acuerdo de Madrid. En la resolución se deploró la celebración de la Marcha Verde realizada por Marruecos[1]y se instó a las partes   a entablar negociaciones de conformidad con el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas[2].

En aplicación de la resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que encarna la legalidad internacional y en virtud de las negociaciones se alcanzó el Acuerdo de las partes que dio como resultado la Declaración de Madrid del 14 de noviembre de 1975.

 Del primer párrafo se extrae aquello que la delegada del Frente Polisario desconoce o se niega a reconocer: “España ratifica su resolución -reiteradamente manifestada ante la ONU- de descolonizar el territorio del Sahara occidental poniendo término a las responsabilidades y poderes que tiene sobre dicho territorio como Potencia Administradora”.

En el segundo párrafo se precisa que: “de acuerdo con las negociaciones propugnadas por las Naciones Unidas con las partes afectadas” las partes llegaron a un acuerdo mediante el cual la presencia española en el territorio finalizará, definitivamente, antes del 28 de febrero de 1976.

La Declaración resalta que las negociaciones celebradas se dieron de conformidad con el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas y que las partes informarán al Secretario General de las Naciones Unidas de lo establecido en el Acuerdo. Además, la misma Asamblea General, en diciembre de 1975, tomó nota del Acuerdo mediante su resolución3.458 - B.

España le comunicó al Secretario General de las Naciones Unidas que, a partir de esa fecha,26 de febrero de 1976, daba por terminada su presencia en el Territorio del Sahara y que estimaba necesario dejar constancia de lo siguiente: “España se consideraba a partir 

de ese momento exenta de toda responsabilidad de carácter internacional en relación con la administración del Territorio, en vista de que había cesado su participación en la administración temporal establecida para el Territorio”. Desde esa fecha España dejó de figurar como potencia administradora en la lista de territorios no autónomos de Naciones Unidas, tal como afirmaba el ministro Borrel.

A este respecto, la misma Organización de las Naciones Unidas considera al Reino de Marruecos como Potencia administradora y, con base en dicho estatus, elaboró el Plan de arreglo conocido como Plan Baker I. El propio Secretario General de la ONU en varios parágrafos de sus informes al Consejo de Seguridad, adoptados por ésta, se refiere a Marruecos como Potencia administradora. 

Entre los mencionados parágrafos cito el artículo 42 del Informe S/2001/ 613 del Secretario General que dice:

“…Marruecos, en calidad de Potencia administradora del Territorio, estaría dispuesto a ofrecer o apoyar la delegación de cierto grado de autoridad en favor de todos los habitantes y antiguos habitantes del Territorio de forma genuina, sustantiva y acorde con las normas internacionales”. 

La realidad jurídica es que el 14 de noviembre de 197, España mediante la Declaración de Madrid dejaba de ser la potencia administradora del Sahara, mientras la realidad sobre el terreno es que una semana después, el 20 de noviembre moría Franco. Con su muerte desaparecía a la vez la dictadura en España y desaparecía como hecho colonial en el Sahara. En España se inicia el camino hacia el nuevo sistema democrático. Desde ese momento, el tren de los cambios en los dos países dio grandes recorridos en el espacio y en el tiempo, mientras el “Polisario”, controlado por Argel, perdió ese tren y la oportunidad. Se quedó atrapado, en el lugar y en el tiempo, esperando siempre ese tren que nunca llega, ni llegará porque el tiempo no tiene la marcha hacia atrás, hacia los años setenta no se puede volver, ni siquiera pensar y razonar conforme esa época caduca.

En principio estas puntualizaciones y precisiones documentadas deberían de ser hechas por España o/y Marruecos; mediante el ministerio de Asuntos Exteriores o la Embajada del Reino de Marruecos en Madrid. Pero hacen bien en no hacerlo, no solo porque sería otorgar más interés que lo que se merecen las absurdeces y divagaciones de la señora delegada, que no merecen ser contestadas a estos niveles, sino porque a menudo es preferible aplicar el proverbio “a palabras necias oídos sordos”.

No obstante, espero que mis puntualizaciones sirvan para la delegada del “Polisario”, al menos, para corregirse. Ante todo, para que sea más respetuosa con el pueblo español que la da cobijo. Para que evite falsas afirmaciones y demagogias. Para que se conforme y respete su verdadero estatus, sin   extralimitarse usurpando funciones públicas que no le corresponden, y advertirle que se trata de un delito contemplado en el Código Penal Español en su artículo 402 que establece:

 ” El que ilegítimamente ejerciere actos propios de una autoridad o funcionario público atribuyéndose carácter oficial, será castigado con la pena de prisión de uno a tres años.”

El respeto de las leyes del país es una obligación de todos los ciudadanos incluidos, por supuesto, los extranjeros. No hacerlo es un crimen al que se impone el mismo castigo del cual no se puede inhibirse. El extralimitarse en funciones ejerciendo ilegítimamente actos de una autoridad diplomática es un delito ante el cual no puede beneficiarse de la inmunidad diplomática, porque precisamente el castigo es por ostentar el cargo público de una falsa embajadora sin credenciales y representar una virtual república no reconocida por España.


[1]Hay que entender el contexto en el que se produjo la Marcha verde de los 350 mil ciudadanos marroquíes que atendieron el llamado del Rey Hassan II para movilizarse de forma pacífica hacia el Sahara. Marruecos, desde 1956, año en el que se puso fin al régimen del Protectorado, venía reclamando sus territorios que, mediante el acuerdo secreto de 1904, Francia y España se repartieron y a partir del cual establecieron nuevas fronteras que separaron poblaciones y familias. Marruecos no podía permitirse a mediados de la década de 1970 la emergencia de un Estado fantoche que atentaba definitivamente contra su aspiración de reintegrar el Sahara junto con la recuperación que había hecho de Tarfaya y de Sidi Ifni. De no hacer nada se habría encontrado cercado por Argelia que haría del Sahara un apéndice de su territorio mediante un Estado vasallo, cortando las raíces africanas de Marruecos.

[2]El artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas hace referencia a que cuando un diferendo “pueda atentar contra la paz y la seguridad internacional se le debe buscar una solución, ante todo mediante la negociación”.