Pie de foto: “Es ahora o quién sabe cuán­do”, ad­vierten sus par­ti­da­rios

Se ace­lera la agenda para una trans­for­ma­ción pro­funda de la Unión Europea, con es­pe­cial én­fasis en sus me­ca­nismos fi­nan­cieros y eco­nó­mi­cos. Durante la nueva fase la Unión abor­dará, según el mi­nistro es­pañol de Economía, Román Escolano, “la más im­por­tante re­forma desde el tra­tado de Maastricht”.

Sus palabras eran eco de las del comisario de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, quien aseguró días antes al Eurogrupo que se abre la oportunidad para una reforma profunda de sus mecanismos económico-financieros (la Unión Bancaria y el Mecanismo Europeo de Estabilidad). Una ventana de oportunidad que, subrayó, “no durará siempre”.

El impulso político a la reforma viene dado por la coincidencia de dos factores políticos: el plan de ambiciosas reformas propuestas hace pocas semanas por el presidente Enmanuel Macron y la reciente formación del gobierno alemán de coalición; un gobierno que se seguirá caracterizando por las tensiones entre las cautelosas posiciones de la canciller Merkel y las más socialmente ambiciosas de sus socios socialdemócratas. La cuestión de hasta dónde Alemania va a apoyar las propuestas de Macron depende de este equilibrio político interno.

Pero esta vez el equilibrio europeo no va a ser tan estable como en otras épocas, cuando Merkel y los presidentes franceses controlaban férreamente la agenda de la Unión, con el apoyo de España e Italia. Hoy no pueden contar con ésta última, sumida en la inestabilidad postelectoral, causada por el crecimiento del populismo y el nacionalismo, opuestos a profundizar las reformas que prometan más Unión.

Más cálida acogida podrían tener los planes de Macron en España si no fuera por la fuerte presión que en estos momentos ejercen sobre su gobierno el populismo y el socialismo, así como la intensificación de la protesta social, que reclama salir de la senda de sobriedad y estabilidad presupuestarias practicadas por el gobierno de Mariano Rajoy, bajo la tutela del Banco Central Europeo.

Otro grupo de resistencia a una mayor federalización de la Unión es el Grupo de Visegrado (Polonia, República Checa, Eslovaquia y Hungría), que se oponen a ceder más poderes al parlamento europeo, uno de los puntos más ambiciosos del Plan Macron, y exigen garantías para las prerrogativas de sus parlamentos nacionales. Estos países, además, exigirán reformas del sistema Schengen para el tránsito interfronterizo. Sus líderes quedaron escocidos por la política de acogida de refugiados de Merkel en la crisis migratoria de 2016, que hizo que sus capacidades de acogida y gestión quedasen desbordadas.

Otra iniciativa puesta en marcha desde Bruselas es la imposición de sanciones a Polonia por la reforma de su sistema judicial, la cual es interpretada por la Unión como una intromisión del ejecutivo polaco en la esfera del poder judicial, pero justificada por Varsovia como mera actualización de un sistema que debe mucho al pasado comunista del país. La posición de Varsovia cuenta con el apoyo de los tres países bálticos. La segunda visita de Merkel a una capital europea, después de la que hizo a París tras su triunfo electoral, será a Varsovia en la semana que ahora comienza.

Otro grupo nórdico que toma posiciones de cara a la fase de reformas que se anuncia es el formado por Irlanda, Países Bajos, Dinamarca, Suecia, Finlandia y los tres Bálticos. Esos países no quieren un ministro europeo de Finanzas y discrepan de la creación de un presupuesto para la zona euro. Igualmente se oponen a la mutualización del riesgo y exigen el saneamiento a fondo de los bancos expuestos antes de avanzar en el camino de la integración financiera.

La dinámica de la Unión, sin embargo, seguirá durante este semestre dependiente de los acuerdos que logren París y Berlín. Los ministros de Hacienda de ambos países, Le Maire y Altmaier, llegaron a un acuerdo el pasado enero para avanzar en tres direcciones: la creación de un sistema homogéneo de tasación para las empresas que operan dentro de la Unión; la integración creciente de los mercados de capital de la eurozona y la creación de un fondo de garantías de depósitos.

‘And last, but not least’, deberá abordarse el reparto de la carga que producirá en los erarios de los miembros de la Unión la próxima desaparición de la aportación británica al presupuesto europeo.