Alnoor Ahmed Mohamed Noor. Segundo Secretario de la Embajada de Sudán en España

Pie de foto: El profesor Ibrahim Ghandour, ministro de Asuntos Exteriores del Sudán, en una intervención en Naciones Unidas.

Las relaciones entre los países cambian de acuerdo a los intereses y prioridades mutuos. Por ejemplo, levantar el embargo a Cuba por parte de los Estados Unidos indica que Washington quiere aprovechar algunas oportunidades a raíz de este paso. Desde hace más de 20 años, Estados Unidos impone un embargo económico en Sudán, el cual en más de una ocasión ha ido endureciéndose. En este informe nos referiremos al comienzo de estas sanciones, mencionando las causas que llevaron a su imposición y el método adoptado en su aplicación. Luego expondremos las consecuencias de las mismas sobre el ciudadano sudanés, y las alternativas disponibles en el futuro para superar los retos que dichas sanciones suponen, entre otros, la paralización de inversiones que ascienden a 745.300.000$, y la alusión a castigar a cualquier particular o entidad que intente aliviar el embargo económico.

En el año 1997, el presidente norteamericano Bill Clinton, dio a conocer la decisión ejecutiva nº 13067, con la cual impuso un embargo comercial contra Sudán, congelando con ella todos los activos del país. El objetivo principal de estos trámites, según la administración de Hacienda, es “cambiar la actitud”, ya que considera que Sudán es una amenaza para su Seguridad Nacional. El embargo se define como: “la toma de unos procedimientos económicos forzados en contra de uno o más países con el fin de crear un cambio en su política y expresar una cierta postura del país sancionador ante las políticas del país al cual se quiere imponer la sanción”. Estas sanciones se usan como alternativa a la guerra, ya que sus consecuencias son parecidas a las de las guerras. Se han dividido las sanciones contra Sudán en dos categorías:

- Congelar los activos del Gobierno del Sudán, además del asedio.

- Imponer sanciones contra algunas personas e instituciones.

En 2006, las sanciones fueron renovadas durante el mandato de George Bush. Por consiguiente, no se podían utilizar todas las propiedades embargadas del Sudán, ni en EEUU (cuyo valor asciende a 48.200.000$) o en cualquier otro país. Lo que provoca preocupación es la presión que ejerce Estados Unidos sobre algunas entidades privadas para que el embargo tenga continuidad, imponiendo sanciones a todos aquellos que violen el embargo, como cuando impuso una multa de unos 80 millones de dólares en 2005 al Banco ANB, otra a American Express y otras multas a otras entidades. Además, Estados Unidos ha procurado que las sanciones siempre adopten un camino multilateral.

Graves consecuencias

Comentaba en la primera parte de este artículo la génesis de las sanciones contra Sudán. Ahora me centraré en las graves consecuencias para la economía sudanesa a causa de las sanciones y en el trabajo constante para poner fin a estas medidas unilaterales.

Varios sectores vitales han quedado gravemente afectados por el embargo económico. De ellos destacan el sector agrícola que suministra la tercera parte del Producto Nacional Bruto. El acoso de unas 163 empresas sudanesas, algunas de las cuales trabajan en el campo del petróleo, ha dejado consecuencias negativas en el campo de la inversión. En el sector industrial, muchas fábricas han sido afectadas de forma directa, lo que ha resultado en la disminución de la producción y en el despido de muchos trabajadores y empleados. El sector del transporte y ferroviario registró unos deterioros a raíz de la falta de piezas de recambio y la pérdida de trenes, pues Sudán ha perdido el 80% de la energía del transporte ferroviario.

El aumento de los precios afectó el sector de sanidad. Algunos medicamentos que se utilizan para salvar vidas dejaron de existir, otros medicamentos y vacunas contra las enfermedades epidémicas escasearon drásticamente. La Administración estadounidense procuraba, a través del embargo, reducir el tamaño de las ayudas técnicas como por ejemplo los escáneres térmicos. Algunas instituciones especializadas en los suministros médicos se negaron a organizar cursos en el territorio sudanés, ateniéndose al embargo, afectando de una manera directa a la vida de los ciudadanos.

Cabe mencionar que algunas transferencias quedan excluidas del embargo, como aquellas destinadas a la ayuda humanitaria, a las patentes, a las marcas comerciales y a los derechos del autor. El Estado recién nacido de Sudán del Sur, aunque ha quedado exento de estas sanciones, sufre profundamente sus consecuencias.

El profesor Ibrahim Ghandour, ministro de Asuntos Exteriores del Sudán, declaró ante la Cámara que “el embargo no se levantó, no obstante se está corroyendo y retrocediendo. Nosotros vamos a seguir dialogando con Estados Unidos hasta el final”. Sin embargo, la Administración de Hacienda señaló en uno de sus informes que “seguirá aplicando las actuales medidas forzadas”. A finales de 2007, y a causa de las sanciones, el Banco Central del Sudán  declaró que iba a cambiar las unidades en efectivo del dólar a otras divisas, como el euro, ya que las pérdidas de la banca sudanesa desde 1997 hasta 2014 ascienden a 9.000 millones de dólares. El asedio norteamericano carece de algunos aspectos legales y éticos, y por ello debe haber una revisión profunda de estas medidas para reconocer sus facetas que se contradicen con los principales fundamentos de los derechos humanos.