Opinión

Libia recupera la producción y se avizora un futuro constitucional

Antonio Sánchez-Gijón/CapitalMadrid.com

En medio de ame­nazas a la paz y la se­gu­ridad del país, lo­ca­li­zadas en áreas pun­tuales de la geo­grafía li­bia, los es­fuerzos de los prin­ci­pales agentes in­ter­na­cio­nales (diplomáticos, po­lí­ti­cos, eco­nó­mi­cos…) pa­recen con­vergir para que, en los pri­meros meses del pró­ximo año, Libia re­cu­pere la es­ta­bi­lidad y la paz per­didas poco des­pués de la caída del ré­gimen dic­ta­to­rial de Muanmar el Gadafi. Por lo me­nos, el factor ma­te­rial más im­por­tante – los in­gresos por pe­tróleo – está en con­di­ciones de ayudar a la an­siada es­ta­bi­li­dad.

En efecto, los ingresos por el comercio del petróleo libio en octubre pasado reportaron a las arcas de la Corporación Nacional del Petróleo (CNP) $2.870 millones, un incremento de $1.210 millones respecto al mes anterior. El presidente de la corporación, Mustafá Sanalla, aseguró que “la CNP mantiene una producción estable, independientemente de otros desafíos nacionales”. El ingreso estimado para el conjunto del año es de $23.700 millones. Sin embargo, Sanalla advirtió el 30 de noviembre que los depósitos de la corporación en el Banco Central de Libia necesitan “más transparencia por parte de los actores estatales, en cuanto a los recursos que se les asignan y cómo los gastan en todo el país”.

Sanalla tiene sus detractores, que le exigen dé cuenta de los contratos que la corporación adjudica a firmas extranjeras, y critican que las nacionales raramente son favorecidas por los contratos de la CNP.

Esa observación también remite a la última amenaza contra la seguridad del sector energético: la reciente ocupación y subsiguiente cierre del campo de Sharara, el más productivo del país (315.000 b/d) por un titulado ‘Batallón 30’ con apoyo de la población y con un costo para la economía de $32,5 millones/día. Sharara se halla situado en el suroeste del país. Esta acción ha sido presentada por sus autores como protesta contra lo que consideran olvido de las necesidades de todo tipo de las poblaciones del interior: empleo, salud, suministros, etc. El interior mantiene históricamente recelos sobre el supuesto favoritismo de los gobiernos hacia las regiones norteñas, en términos de inversiones, desarrollo y bienestar, lo que crea desafección respecto de los gobiernos que se han ido sucediendo en Trípoli, y en Tobruk, donde se han mantenido durante años un gobierno y un parlamento paralelos.

La preparación de una salida constitucional para el país, según el Acuerdo para un Gobierno Nacional patrocinado por las Naciones Unidos desde finales de 2015, ha registrado una cierta aceleración. Su presidente, Fayez Sarraj, ha pedido a las autoridades civiles y militares bajo su autoridad la preparación de un plan de seguridad para la celebración de un referéndum constitucional que debería refrendar el proyecto de constitución aprobado en febrero de este año, por 43 votos contra 17. La constitución necesita ser aprobada por dos tercios de los votos, y se espera celebrar elecciones generales bajo el régimen constitucional en junio de 2019.

El problema ahora es alcanzar el consenso entre una mayoría de fuerzas políticas, en una situación en que muchas de ellas están alineadas con facciones regionales y religiosas, en un ambiente fuertemente coartado por los grupos armados. El propio gobierno internacionalmente reconocido, el presidido por Sarraj, debe transar muchas de sus iniciativas con las milicias y partidas armadas que controlan gran parte de la capital, Trípoli.

Problema adicional es la dotación de recursos para la Alta Comisión Nacional Electoral, cuyo presidente, Emad al-Sayah, acaba de declarar que esos recursos “son en estos momentos cero”, y se requieren, dijo, 40 millones de dinares ($28,7 millones). Se especula con la posibilidad de que el referéndum se celebre a partir de febrero próximo.

Alcanzar esa meta requiere un considerable esfuerzo en busca del apoyo internacional, al objeto de que el caos interno no se prolongue después de aprobada la constitución, lo que haría que el pueblo perdiera la fe en la democracia.

Sarraj realizó a primeros de diciembre visitas en busca de apoyo a Jordania, Kuwait y Bruselas. En esta capital se reunió con Federica Mogherini, comisionada para Asuntos Exteriores de la Unión, y el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. Esta última visita refleja la preocupación que desde el punto de vista de la seguridad sigue causando la situación libia. Problema éste que ha suscitado un enérgico comunicado del departamento de Estado de los Estados Unidos, instando a las fuerzas que tomaron Sharara a que lo abandonen. Lo que puede interpretarse como un mero recordatorio de que las fuerzas áreas de los EE.UU. realizan frecuentes ataques contra grupos armados libios.