F. Javier Blasco

En estos días convulsos que vivimos los españoles desde hace ya demasiado tiempo, y principalmente desde el pasado 7 de los corrientes -cuando el alocado y desnortado Parlament de Cataluña se lanzó a la promulgación y sanción de dos leyes totalmente inconstitucionales y fuera de todo contexto legal y democrático-, se oye, se dice y escribe de todo. Pero, muchas de estas no tienen razón ni sustento racional y menos jurídico.

No es que yo sea un experto en este último tema, en absoluto, soy tan lego y desinformado, como la mayoría de los españoles. Pero, a mi favor juegan dos cosas importantes; la fidelidad a los principios absolutamente legales y la confianza en los que tienen la obligación de respetarlos y hacerlos respetar.

Desde muy joven, mi padre -que era un hombre mucho más listo y preparado que yo-, me inculcó dichos preceptos como guía para lanzarme a afrontar los múltiples y tortuosos avatares donde se desarrolla la vida cotidiana de cualquier mortal. Hacer frente a las injusticias, los favoritismos y clamar siempre por la legalidad y la honestidad. Procurar ser ecuánime en mis pensamientos y no lanzarme a tumba abierta al seguimiento de bulos o mamandurrias, que, en la mayoría de los casos, son exagerados, inventados, infundados o mal intencionados.

Llevamos años escuchando y leyendo un clamor exacerbado en favor de encontrar lo que se ha venido a definir como una “solución política” al tema del nacionalismo catalán. Muchos de los partidos políticos, medios de comunicación y tertulianos autónomos encontraron en dicho filón la forma de ganarse la vida, tratar de ser “originales” y darle “leña al gobierno” porque de eso, es lo que, verdaderamente se trata, aún a sabiendas que ese movimiento al que nos enfrentamos no busca más que un solo encaje, su total y absoluta independencia. Prueba de ello, es que ahora, muchos de aquellos han cambiado su discurso y ahora claman por una reacción dura, rápida y contundente, exigiendo cosas, que saben u obvian que no se pueden hacer.

El 9 de noviembre de 2014 sufrimos el primer fuerte embate de dicho movimiento. El gobierno en un mal cálculo de probabilidades,  como consecuencia de un mal estudio de los factores de la decisión, sometido a la presión de otros partidos políticos y mucha información publicada –que solo buscan desgastarle, desprestigiarle y sacar pírricos beneficios en caladeros de dudosa cualificación-  o siguiendo la forma y manera de enfrentarse con calma a los graves problemas por parte de nuestro todavía Presidente del Gobierno, dejó pasar los preparativos del acto y consciente de que el ansiado referéndum se convertiría en una patochada con urnas de cartón y ninguna garantía democrática, permitió que aquella “fiesta” se produjera.

Una vez consumados los hechos y con los resultados dudosos y escuálidos, que todos conocemos, se procedió lentamente, pero, sin pausa, a encausar a los que se autoproclamaron “máximos responsables” de la mascarada. Estos, a pesar de sus bravuconadas y “apoyos” -que provinieron de personas que blandiendo sus bastones de mando y perdiendo el norte y la coherencia con lo que juraron o prometieron cuando se hicieron cargo de sus puestos en la administración local les jadearon-  se presentaron ante la justicia donde, como consecuencia del mal cálculo de la Fiscalía General del Estado –seguramente a instancias del propio gobierno- sobre las consecuencias posteriores, solo se les acusó de los cargos menores de entre todos sus delitos conocidos y de sobra cometidos. Delitos, que de acuerdo con nuestro limitado Código Penal -reformado por Felipe González y nunca más vuelto a reconsiderar [1]- solo les acarrearían exiguas penas de inhabilitación y minúsculas multas.

A esto hay que unir otro hecho muy relevante, que para muchos ha pasado desapercibido o que muy a propósito lo tienen por olvidado; la derogación en octubre de 2004 de las penas de cárcel por realizar la convocatoria o el apoyo a un referéndum ilegal; penas introducidas en dicho Código Penal en 2003 por el gobierno de Aznar. Hecho este muy grave ya que hubiera atajado toda esta pantomima y, que, además, jamás se ha intentado recuperar [2].

A pesar de ello, aquellos “bravos en su día” hombres y mujeres encausados, llenos de miedo y con una clara manifestación de nula responsabilidad y cobardía, apoyaron sus defensas en el hecho de que desconocían la gravedad de lo que habían hecho y en que nadie les había avisado de que no lo podían hacer ni de sus consecuencias. Menuda falacia, poca lucidez y tremenda cobardía; pero que el tribunal, tapándose la nariz, tragó y aplicó para dictar las sentencias en su menor aplicación posible.

De aquellos polvos, han venido estos lodos y aunque ya no es tiempo de llorar sobre la leche derramada, sí creo de justicia decir, que aquel error de cálculo, exceso de buenísmo o cesión ante la presión política y mediática nos ha llevado de cabeza a la situación en la que nos encontramos. Una región autonómica que no solo ha abjurado oficialmente de la Constitución española y su Estatuto de autonomía, sino de su propia bandera como se puede comprobar en la mayoría de actos y butifarradas colectivas.

Mi padre me decía que de los errores se aprende más que de los aciertos, porque los estudiamos y analizamos con mayor profundidad para evitar caer de nuevo en ellos y, en el caso que nos ocupa, el gobierno parece haber tomado nota de sus grandes y graves errores cometidos en 2014 y subsiguientes. Todo apunta que la maquinaría del Estado de Derecho está engrasada y funcionando dentro de los cánones y preceptos en los que debe o puede actuar según la legislación vigente. No solo eso, sino que el otro poder del Estado, la Justicia, actúa con plena independencia y rigor y ayer conocimos un duro comunicado de todas las asociaciones de jueces al unísono que, rara vez o nunca se produce, pero que, en este caso, es claro, preciso y contundente [3].

A pesar de que la maquinaria de la justicia por parte del Tribunal Constitucional y de las correspondientes fiscalías se ha puesto en marcha y ya son bastantes sobre los que pesan aperturas de acusaciones por presumiblemente haber incurrido en diversos delitos y varios cientos están avisados de que lo serán si siguen en su empecinamiento y que esta vez, para algunos de los afectados ya se incluye la malversación de fondos públicos –que pueden suponer penas de cárcel-. A pesar de ello, los afectados, parecen no haberse enterado; siguen a su ritmo y camino programado, desobedeciendo conscientemente todo lo que se les ha comunicado por las instancias superiores y dispuestos, al parecer, en atenerse a las consecuencias.

Ya veremos, si estos nuevos bravos guerreros no rezuman olores a detritus cuando, en su día, que llegará, se les siente en el sillón de los acusados y vean como ponen en peligro sus propias libertades, sus carreras políticas y hasta su bolsillo personal y familiar. Se dice que alguno de estos bravos, ya ha transferido su patrimonio a sus esposas para evitar esto último. En cualquier caso, en la época y situación en que vivimos, la inmolación voluntaria, por causas ilegales, no tiene cabida en sociedades avanzadas y democráticas; es más propio de otras épocas y entornos.

Hoy escuchaba en varios medios de comunicación de amplia audiencia al Fiscal General del Estado, Sr. Maza –apodado mazinguer- explicar el devenir, los ritmos y momentos de la aplicación de las acusaciones ante las presuntas comisiones de delitos y la conveniencia de mesura por parte de todos, los primeros ellos, para no incurrir en males mayores a los que los amenazantes de insurgencia se puedan aferrar en defensa de sus derechos alegando que se han atropellado los mismos por una precipitada o mal interpretada acción de la justicia.

Otro punto que hoy ha aclarado meridianamente y que pienso no es del dominio público, es que otra vez y como consecuencia de nuestro nefasto Código Penal, las penas de inhabilitación para cargo público no tienen efecto inmediato sobre los cargos actuales, salvo que otras penas debidas a otros delitos cometidos por la misma persona lleven a incluidas la de cárcel. La inhabilitación, hoy por hoy, solo tiene efecto para cuando el penado se pretenda presentar a otro cargo político o la renovación del actual.

He considerado importante resaltar sus esclarecedoras e importantes declaraciones porque muchos de los que pedían soluciones mágicas envueltas en el celofán de la política o aquellos que vienen constantemente clamando por medidas drásticas y pusilánimes deben conocerlos y tenerlos presente; que todo tiene su ritmo; que no hay que caer en las provocaciones ni precipitaciones; que hay tiempo para aplicar de forma progresiva y en respuesta a los diferentes pasos todos y cada uno de los resortes jurídicos legales al alcance del Estado de Derecho y que al final de la consumación de todos ellos, y para tan solo alcanzar “pírricas victorias”, los cargos contra ellos serán mayores y con mucha más probabilidad de surtir un mayor y mejor efecto corrector.

Suelo terminar mis trabajos con unas predicciones sobre lo que puede llegar a ocurrir sobre el tema analizado y desarrollado y en este caso, esperando no confundirme, debo decir que estoy plenamente convencido de que la Justicia y el Gobierno no caerán en la tentación de los inquietos o contumaces irreflexivos y menos aún, en propiciar el martirologio de los que lo están buscando con todas sus fuerzas. Saben que ellos no deben convertir sus actos en algaradas callejeras o disturbios porque entonces los delitos cambian de sustentación y denominación.

Basta con ver sus caras, sonrisas, jornadas “festivas” y falsas, tardías e irrealizables propuestas de dialogo mientras que, amparándose, en una mala interpretación de la tantas veces manoseada “Libertad de Expresión”, solo buscan una reacción desproporcionada que encuentre amparo en instancias supranacionales y  haga perder el apoyo de todos los organismos que subscriben la legalidad de lo que se está haciendo en España por el gobierno y la Justicia dentro de los cánones enmarcados en nuestra Constitución.

Son ellos, los de momento, tan solo golpistas políticos los que se han y siguen saltando las reglas legales y de convivencia, engañando a un pueblo adoctrinado durante muchos años pacientemente y sin ninguna acción correctora por parte de todos los gobiernos de turno. Leamos atentamente el clarificante artículo titulado “la debilidad de nuestro Código Penal” incluido en la nota al pie número uno de este trabajo y escuchemos lo que nos informan los que verdaderamente saben de la Justicia y su aplicación en concordancia con nuestras leyes actuales. Dejemos de escuchar cánticos de sirena o pífanos que solo nos llevarán a la desesperación o la locura. Ya tendremos tiempo para reclamar al final de todo este circo mediático las tibiezas, dilaciones o poco rigor si las hay. Prometo ser el primero; pero de momento, mantengamos la calma. Dejemos que sigan haciendo de las suyas estos hombres y mujeres, que, asemejándose a niños rebeldes y maleducados, solo están poniendo en cada acto un clavo más en su féretro – frase esta en Inglés, que tiene una gran aplicación para este caso “another nail in your coffin” cuya traducción literal es “an event that causes the failure of something that had already started to fail”-. 

[1] http://www.elmundo.es/espana/2017/09/08/59b180b1e5fdeafa628b4582.html

[2] https://elpais.com/diario/2004/10/21/espana/1098309605_850215.html

[3] http://www.elmundo.es/espana/2017/09/14/59ba61f1268e3e35168b462c.html