Por Alexandra Dumitrascu
Foto: Mohamed Dahiri, profesor de Estudios Árabes e Islámicos en la Universidad de Cádiz.
 
De una población que supera los 46 millones de habitantes, España cuenta con cinco millones de extranjeros, un 10,7% de la ciudadanía, según los últimos datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en abril de 2014. Del total de inmigrantes, un 6,3% provienen de países extracomunitarios, siendo la comunidad marroquí la más numerosa en este sentido, y la segunda tras la rumana. Aunque la inmigración registrada en España sigue una tendencia a la baja debido a la crisis, los “asaltos masivos” a la valla de Melilla hacen que la percepción sobre la misma sea constante y mayor. Con una larga trayectoria docente e investigadora, Mohamed Dahiri cuenta con una amplia experiencia en temas de migración e interculturalidad. Su currículum extensísimo, incluso abreviado, hace que cualquier intento de resumirlo se convierta en misión imposible. Autor de innumerables publicaciones, ha realizado distintos Planes Estratégicos, Estudios e Informes para Organismos Internacionales como la OTAN y la UE, Instituciones Públicas y Organizaciones No Gubernamentales; y ha organizado, coordinado y participado en cientos de congresos, seminarios, encuentros internacionales y conferencias. En la actualidad, desempeña el cargo de profesor de Estudios Árabes e Islámicos en la Universidad de Cádiz. El perfil de militante social en varias ONGs y fundador y cofundador de asociaciones comprometidas con los derechos humanos y el diálogo intercultural, hace que Mohammed Dahiri sea la persona idónea para desmontar los mitos de la inmigración. Y es lo que hace en esta entrevista con Atalayar.
 
Pregunta: La agresión a un ciudadano extranjero en el metro de Barcelona el pasado junio ha reabierto la polémica del racismo en España. ¿Cuántos casos de agresión por discriminación se registran entre la comunidad árabe?
Respuesta: “Efectivamente, las dos agresiones racistas en el metro de Barcelona, ocurridas en el mes de junio de 2014 y en octubre de 2007, respectivamente, han reabierto el debate sobre el racismo en España en contra de las personas de origen inmigrante. Es difícil conocer las cifras exactas de crímenes por motivos de odio racista, dado que sólo se denuncia el 4 %, según estimaciones de varias ONGs. En España, en los últimos años de la crisis económica, se producen una media anual de 4.000 discriminaciones y delitos de odio de forma reiterada contra personas o colectivos estigmatizados como inmigrantes, musulmanes, inmigrantes con rasgos físicos de árabes, gitanos, homosexuales y otros colectivos por motivos étnicos, culturales o religiosos. Añadir que muchas mezquitas, comercios de inmigrantes de origen marroquí, sedes de organizaciones de izquierda, ONGs antirracistas y periodistas, también  han sido objetivo de ataques y amenazas racistas. En España existen, en la actualidad, más de 10.000 neonazis y ultras, 1.500 páginas web con contenidos racistas, decenas de conciertos de música racista y neofascista y grupos racistas y xenófobos organizados en todas las comunidades autónomas del país. Organizan manifestaciones y realizan actividades con contenido racista y antiinmigración, algo que pone en peligro la cohesión social y la convivencia ciudadana en una sociedad democrática y diversa, como la española. En España tenemos documentados 80 homicidios cometidos por motivos racistas entre 1991 y 2012. Es por este motivo  que varias organizaciones de lucha contra el racismo y la xenofobia en España llevan desde hace años pidiendo a los distintos gobiernos españoles adoptar medidas urgentes para erradicar este tipo de delitos, que son una amenaza a la convivencia ciudadana. De estas medidas, piden disponer en España de un registro de estos delitos como el que tienen la mayoría de los países de la Unión Europea. También exigen la reforma del Código Penal para combatir todos los delitos de odio, y la aprobación de una Ley de Protección de las Víctimas de la discriminación y los delitos de odio. Al mismo tiempo, solicitan la puesta en marcha de un programa de apoyo integral a las víctimas de delitos y crímenes de odio racista, y protección para los testigos. Otras propuestas de otros colectivos son la creación de unidades policiales y fiscalías especializadas, el cierre de las webs que incitan al odio, a la discriminación, a la violencia neonazi, la prohibición de los conciertos de música del odio y manifestaciones o actividades que promuevan o alienten el racismo”.
 
P: ¿Cómo se puede erradicar el racismo en España?
R: “Me parecen bien algunas de las propuestas de estas organizaciones y colectivos, pero no se debe focalizar todo el esfuerzo en perseguir y prohibir, porque para erradicar el racismo, hay que atajarlo desde su raíz, es decir, sus causas. Se debe trabajar más en la concienciación y sensibilización, la formación, la educación y la puesta en marcha de planes integrales. Por esto creo que las distintas instituciones, locales, autonómicas y central, deben implicarse más en combatir el racismo, la xenofobia y la discriminación, y deben promover una sociedad basada en los valores de la convivencia, la diversidad y el respeto de los derechos humanos. Por ejemplo, el Estado español debe poner en marcha la Estrategia Integral contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y otras formas conexas de Intolerancia, aprobada en 2011. También debe  elaborar planes integrales autonómicos y locales para luchar contra actos y actitudes racistas, xenófobas, antisemitas e islamófobas, así como manifestaciones de rechazo generalizado de las personas inmigrantes. También, se debe formar a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en materia de derechos humanos y  sensibilizarlos hacia los temas de racismo, xenofobia y discriminación. Por otra parte, la educación pública debe adecuarse a los tiempos actuales y debe formar a la ciudadanía en sociedades interculturales. Hay que inculcar los valores de igualdad en la escuela desde la infancia, desde primaria. Dentro de la literatura infantil hay cientos de títulos que abogan por la diferencia, la igualdad y el respeto a la diversidad. Sin olvidar de recordar que las políticas de inmigración deben responder al contexto español actual y deben ser apropiadas a los nuevos contextos interculturales que se han creada en España en las últimas dos décadas con la llegada de miles de personas de otros contextos culturales, sociales y lingüísticos”.
 
P: ¿Cómo ve actualmente la situación de los inmigrantes árabes en España?
R: “Hablar de inmigrantes de origen árabe en España es hablar de la inmigración marroquí. Porque de los cerca de 864.000 árabes residentes en España, a 1 de enero de 2014, unos 786.000 de ellos son de origen marroquí, es decir el 91% de los ciudadanos árabes residente en España son marroquíes. La segunda nacionalidad árabe que sigue a la marroquí es la argelina, con 58.500 personas, seguida de la mauritana, con 10.000  personas. El número de inmigrantes del resto de países árabes varía entre 100 y 3.000 personas”.
 
P: ¿Cómo valora la integración de los inmigrantes marroquíes en España?
R: “Los marroquíes representan el 16% del total de extranjeros residentes en España. Es una inmigración muy arraigada y muy asentada. El 80% de ellos tiene permiso renovado y sólo el 20% posee una residencia temporal. Sigue siendo una inmigración masculina, los hombres representan el 64%. Es una inmigración muy joven, la media de edad es de 28 años y más del 76% de ellos se encuentran en edad de trabajar. Es un colectivo muy activo, la tasa de actividad entre los hombres hasta finales de 2007, inicio de la crisis económica en España, era de 89% y de las mujeres de 41%. La inmigración marroquí en España se encuentra muy concentrada en el arco mediterráneo y el interior del país. Las comunidades autónomas de Cataluña, Andalucía y Madrid concentran cerca de 60% del total de ciudadanos marroquíes residentes en toda España. No puedo limitarme sólo a mi valoración personal como investigador en el tema, sino tendré que remitirme a todos los estudios que se han realizado en los últimos años. Además tendré que dar dos respuestas distintas: la primera ¿cómo valoran los marroquíes residentes en España su integración?; y la segunda ¿cómo valoran los españoles la integración de los inmigrantes marroquíes residentes en España? Si nos basamos en los resultados de los múltiples sondeos de opinión, encuestas y estudios realizados en España en los últimos años por los diferentes institutos y grupos de investigación, llegaremos a la conclusión de que algo falla. Me explico; a pesar de que los inmigrantes de origen marroquí cuentan con empleos de peor calidad y mayores tasas de desempleo que la población autóctona y buena parte de la inmigración extranjera, el 85% de ellos tiene proyecto de radicarse de forma definitiva en España y sólo el 5% piensa retornar a Marruecos o emigrar a otro país. Además, El 47% de los hombres y el 35% mujeres piensa traer a algún familiar a vivir a España. Se trata, pues, de una población cuyo proyecto de vida inmediato se centra en su permanencia en España. Además, el 70% declara sentirse claramente a gusto en España y el 81%, es decir 9 de cada 10, se consideran adaptados a la vida española. El 90% tiene un entorno relacional que tiende a ser amplio y plural, con españoles y otras nacionalidades. La gran mayoría tiene un dominio razonable del español. Un tercio de  los que residen en Cataluña y Valencia saben catalán y valenciano. Las conclusiones de todas estas encuestas, sondeos y estudios dejan claro que los ciudadanos marroquíes residentes en España tienen una visión claramente positiva de España y de los países occidentales y de sus instituciones. Evalúan de forma muy positiva tanto a la sociedad española en su conjunto como a las instituciones y al sistema político español, y expresan un notable grado de confianza en los principales grupos e instituciones sociales. Y manifiestan tener una imagen claramente positiva de los países occidentales y de sus valores y principios. Frente a esta imagen positiva que tienen los inmigrantes marroquíes sobre España y sus instituciones, nos encontramos con una imagen negativa sobre los marroquíes residentes en España y de sus países de origen. Un 90% de españoles considera los marroquíes residentes en España machistas, el 50% los considera fanáticos religiosos. Igualmente dos de cada tres piensan que no están integrados en la sociedad española, y un otro 35% los ve como una amenaza para el mercado laboral”.
 
P: ¿Y qué piensan los españoles del régimen político en Marruecos?
R: “En lo que se refiere a Marruecos y sus instituciones, el 84% de los españoles piensa que se trata de un régimen autoritario, y hasta un 70% que no respeta los derechos humanos. Culturalmente, predomina la visión de que es un país islamista entre el 60% de los españoles y un 43% lo asocia a violencia. Añadir que la práctica totalidad, el 80% de los españoles, rechazaría el ingreso de Marruecos en la UE. Aquí algo falla, porque mientras los marroquíes tienen una visión positiva sobre los españoles, España y sus instituciones, nos encontramos con una visión totalmente opuesta sobre los inmigrantes marroquíes residentes en España y su país de origen. Y aquí viene la responsabilidad de algunos responsables políticos y medios de comunicación en todo esto, con grandes titulares dando una imagen estropeada sobre los marroquíes residentes en España y su país de origen, lejos de la realidad. En gran parte, son los responsables de esta imagen negativa y de los tópicos sobre los inmigrantes y la inmigración en España. Porque el político va dando titulares y la prensa los va repitiendo. Y de tanto repetir, la ciudadanía se queda con estos titulares como “una verdad” porque “lo ha dicho la prensa”, como contestan la mayoría cuando se le pregunta en base a que han formado esta imagen negativa sobre los inmigrantes marroquíes”.
 
P: ¿Qué medidas se pueden tomar para invertir la imagen que se da sobre los inmigrantes, en general y, sobre todo, de los árabes en particular?
R: “Queda mucho trabajo por hacer por parte de todos para corregir esta imagen negativa llena de tópicos y prejuicios, y que no tiene nada que ver con la realidad. Hay que hablar de la realidad de la inmigración en España, en general, y de la árabe, en particular, y no de los tópicos. La inmigración de árabes a España, junto a la inmigración de resto de nacionalidades, ha tenido múltiples efectos positivos sobre la economía, el bienestar social y el progreso en España en los últimos años, tal como los confirman más de una veintena de informes de instituciones, bancos y cajas de ahorros españoles, organismos internacionales, círculos de economía y ONGs. Según todos estos informes, sin la llegada de estos miles de trabajadores inmigrantes y sin su aportación a la economía, España hubiese entrado en la crisis mucho antes de lo que lo ha hecho. Los inmigrantes no son los responsables de todos los males de España, como intentan algunos políticos vender, en busca del voto fácil. No son los responsables de las tramas Gürtel y ERE o del caso de corrupción estructural de los Pujol, ni de los más de 1.300 casos de corrupción global que afecta a muchas comunidades autónomas y que han supuesto un saqueo de las arcas públicas de muchos miles de millones de euros de dinero público. Tampoco son los causantes de la crisis que ha dejado a más de seis millones de españoles en paro. Todo lo contrario, han sido una de sus primeras víctimas debido a que sus sectores de actividad han sido los más afectados por esta crisis, como la construcción, la agricultura, la hostelería y los servicios. La tasa de paro entre ellos supera el 50%, y roza el 75% entre los jóvenes menores de 25 años. Añadir a todo esto las graves consecuencias económicas y sociales de estas altas tasas de paro entre ellos y sus familias. Divorcios, destrucción de familias, absentismo y abandono escolar de muchos de los hijos, dificultad de renovar los permisos de estancia y trabajo, expulsiones, retorno obligado al país de origen, con todos los trastornos que esto supone para ellos y para sus hijos nacidos y escolarizados aquí. Por eso, insisto que el diseño, la planificación y el desarrollo de una política migratoria se deben hacer fuera de la lucha política partidista, dentro del espíritu de consenso, contando con la participación de la sociedad civil, y al margen de la confrontación electoral”.
 
P: ¿Cuáles son los aspectos positivos de la inmigración árabe en España?
R: “Los aspectos positivos de la inmigración árabe en España no se pueden analizar separados de la inmigración extranjera, en los últimos 20 años. Eso sí, se pueden deducir los efectos positivos referentes a la inmigración árabe, teniendo en cuenta su peso sobre la población extranjera total residente en España, que es de más del 16%. La llegada de inmigrantes a España ha sido decisiva en la salida de España de la crisis de los años noventa y de su despegue económico de finales del siglo pasado. Y sin la incorporación de los inmigrantes al mercado de trabajo, España hubiese entrado en la crisis mucho antes de lo que lo ha hecho, como comenté antes. Varios informes y estudios elaborados por la Oficina Económica del Presidente del Gobierno, el Ministerio de Trabajo, el BBVA, CaixaBank, Caixa de Catalunya, la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, el Círculo de Economía de Barcelona, y la Universidad Pontificia de Comillas, coinciden en que la inmigración es un factor de desarrollo económico y de progreso social y que el bienestar en España sería ya hoy inferior al alcanzado y las perspectivas de futuro más confusas, sin la aportación de los inmigrantes. Según la Oficina Económica del Presidente del Gobierno, gracias a la intensa llegada de trabajadores extranjeros, desde el proceso de regularización de 1991, y la decidida incorporación de la mujer al mercado laboral, la economía española ha cerrado el año 2006 con los mejores resultados de su historia desde el ajuste que siguió a la recesión de 1993, con un crecimiento de cerca de un 4%. El efecto de la inmigración sobre el crecimiento en España, hasta 2007, ha sido netamente positivo. El 30% del crecimiento del PIB de la década 1995-2006 cabe ser asignado al proceso de inmigración.  Este porcentaje se eleva hasta el 50% si el análisis se limita a los años 2001-2006.  El PIB per cápita español, sin la llegada de inmigrantes, habría caído un 0,6% anual entre 1995 y 2005 en lugar del avance del 2,6% registrado. La llegada de inmigrantes a la economía española en ésta década ha impulsado en 3,2 puntos porcentuales el crecimiento anual del PIB per cápita, tal como lo confirman los distintos informes y estudios de Caixa Catalunya que mencioné antes. Por otra parte, los inmigrantes han contribuyendo favorablemente al superávit público en el periodo 1995-2005. Se estima que, en 2005, un superávit de unos 5.000 millones de euros, el 0,5% del PIB, puede deberse directamente a la inmigración, lo cual supone la mitad del total del superávit de las Administraciones Públicas. Cabe recordar que en el periodo 1995-2006, la inmigración ha disminuido el grado de desajuste del mercado de trabajo y ha contribuido a reducir la tasa de desempleo estructural en casi dos puntos porcentuales”.
 
P: ¿Qué otros efectos positivos ha tenido la inmigración para España?
R: “Otros efectos económicos indirectos relevantes de la inmigración, han sido el incremento de la tasa de actividad gracias a la mayor presencia de empleadas y empleados del hogar. Concretamente, más de un tercio de los 12 puntos porcentuales que ha aumentado la tasa de actividad femenina nativa desde 1995 hasta 2006 se explica por la llegada de inmigrantes. La tasa de empleo femenina ha pasado de apenas el 33,1% de la población en edad de trabajar hasta el 51,2%. No podemos pasar por alto el impacto positivo que la inmigración ha tenido sobre el sector agrario español. La llegada de mano de obra extranjera, desde 1991, ha evitado una catástrofe y a la vez ha permitido al campo mantener un millón de ocupados. Según la Confederación de Agricultores COAG,  si no fuera por los trabajadores inmigrantes, la mayor parte de las campañas agrícolas no habrían podido salir adelante en el periodo 1995-2007.  Las economías de Almería, Huelva y Murcia, basadas en la agricultura, han experimentado un gran crecimiento gracias a la llegada de estos miles de trabajadores extranjeros desde 1991. La suposición generalizada de que los inmigrantes utilizan en gran medida los servicios de bienestar social pero pagan relativamente poco por concepto de impuestos y contribuciones sociales es falsa. No la desmiento yo, la desmienten los informes de Hacienda y de la Tesorería General de la Seguridad Social que nos indican que hasta el año 2007, los inmigrantes han estado cotizando a la Seguridad Social por 8.000 millones de euros, y en concepto pensiones y otras prestaciones solo recibieron 400 millones de euros. Es de justicia reconocer y recordar los múltiples efectos positivos que ha tenido la inmigración extranjera, en general, y la marroquí, en especial, sobre España y que los inmigrantes han sido parte de la solución de muchos de los problemas de España en las últimas dos décadas, y no el problema como intentan algunas voces o columnas presentarla”.
 
P: ¿Qué hace que en España se dé un modelo intercultural y no multicultural?
R: “En España, el modelo intercultural es más que una utopía en el ámbito de gestión de la creciente diversidad ciudadana. Se han llevado a cabo algunos intentos por parte de algunos gobiernos autonómicos, como en el País Vasco, Cataluña, Andalucía o Madrid. También se intentó en algunos municipios, como Córdoba, Donostia-San Sebastián, Barcelona o en el municipio de Madrid, entre otros. A parte de los dos planes estratégicos del Gobierno central: el Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración 2007-2010 y el Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración 2011-2014. Pero esto no es suficiente para hablar de un modelo intercultural sólido en España, y utilizado en todo el Estado español por parte de todas las instituciones que tiene competencia en materia de inmigración y gestión de la diversidad, para gestionar todo lo referente a esta diversidad ciudadana, que mencioné antes. El ensayo de este modelo en España por parte de algunos gobiernos autonómicos y municipales ha dependido, en la mayoría de los casos, del color político o ideológico de cada gobierno y también ha dependido del peso de las organizaciones sociales de  inmigrantes y pro inmigrantes en cada municipio o región. Lo mismo pasó con los dos planes estratégicos de ciudadanía e integración, de 2007 y de 2011, promovidos por el Gobierno central. A nivel general aún no hay conciencia política sobre la importancia de la gestión de la diversidad desde una perspectiva intercultural. Desde la aprobación de la primera Ley de Extranjería en España en julio de 1985, siempre se ha vinculado la inmigración a la seguridad ciudadana y al orden público o a la situación laboral del país. Desde 1985 hasta la actualidad ha sido competencia de los ministerios de Interior, Trabajo y Asuntos Sociales y del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Si hacemos un recorrido por todo el mundo para ver cómo se gestiona la diversidad, llegaremos a la conclusión de que la interculturalidad puede ser una herramienta útil y eficaz para prevenir conflictos de convivencia ciudadana y garantizar un buen entendimiento en los contextos donde más ha crecido la diversidad, en los últimos años. A modo de ejemplo, Australia y Estados Unidos de América son Estados creados por inmigrantes, que al inicio han tenido problemas de convivencia con los nativos, aunque en el caso de los Estados Unidos de América, se alentaba a los inmigrantes, fuese cual fuere su país de origen, a americanizarse y se les ayudaba a lograrlo. En el caso de Europa, observamos como el modelo multiculturalista’ en Reino Unido y Países Bajos, ha demostrado su fracaso. Y en Francia hemos visto en los últimos años como su ‘modelo asimilista ha creado hijos de Francia que odian a Francia”.
 
P: ¿Qué quiere decir con esto?
R: “Me explico: en el modelo asimilista’, los procesos de inserción se materializan a través de un único proceso lineal, estructurado en cuatro fases: aculturación, asimilación estructural, amalgama y asimilación institucional. Los cambios siempre están referidos a la población extranjera o grupo minoritario, quienes aceptan de manera progresiva e irrevocable las pautas culturales del grupo autóctono, al que además se considera superior. El conflicto intercultural, se situaría en el inicio del proceso, disminuyendo en intensidad a medida que los grupos extranjeros o minorías pierden su identidad. El consenso se produce mediante el aniquilamiento cultural de todos los grupos distintos al dominante. Es lo que ha hecho Francia con los hijos y nietos de sus inmigrantes. Los ha convertido en franceses con todas las obligaciones pertinentes pero sin los derechos, en la mayoría de los casos. El  resultado es el que conocemos: franceses que odian a Francia y sus instituciones. Este odio lo manifiestan en revueltas populares en las distintas barriadas excluidas de Paris y otras localidades francesas, quemando coches, contenedores y comercios, o integrándose en organizaciones extremistas. Actualmente, más de 700 ciudadanos franceses, con el perfil que acabo de comentar, se encuentran en Irak y Siria combatiendo junto al  Estado Islámico de Irak y el Levante, conocido bajo el acrónimo  árabe Daesh y por sus siglas en inglés ISIS, y el Frente al-Nusra, dos organizaciones considerados más radicales que Al-Qaeda. Mientras que la convivencia, en el modelo multicultural se organiza sobre el respeto mutuo. Cada grupo conserva sus valores y pautas culturales, sobre los que estructura su vivencia e identidad, sin interferir en las prácticas de los otros y sin que estos interfieran en las suyas. No hay contacto ni, por lo tanto, contagio cultural. Más que de una identidad cultural general podría hablarse de un contexto global construido con la suma de elementos presentes. Este es el caso de los modelos inglés, holandés y, en parte, el alemán. Este modelo ha demostrado su fracaso, según confirmaron los máximos responsables de los tres países que han sido los primeros en Occidente que lo  ensayaron. Me refiero a las recientes declaraciones de la canciller alemana Merkel, del primer ministro británico Cameron y el primer ministro holandés. En el modelo interculturalista, los distintos grupos que conviven en el mismo espacio social se relacionan continuamente, construyendo una nueva identidad, sin renunciar a sus culturas de origen. Es decir, asegura que todos los ciudadanos puedan mantener sus identidades, enorgullecerse de sus culturas de origen y tener un sentido de pertenencia. Este modelo se ha puesto en práctica en Canadá, uno de los países del mundo con más inmigración y con más éxito en su gestión, y cuya orientación en la gestión del fenómeno se basa en tres ejes fundamentales: integralidad, horizonte amplio y visión pro activa. Por eso comenté antes que el “modelo interculturalista” puede ser una herramienta útil y eficaz para la gestión de la diversidad en contextos interculturales. Entonces, si en España se quieren evitar errores de países de su entorno y aprender de las buenas prácticas existentes en la gestión de la diversidad, se debe fortalecer y consolidar la arquitectura institucional de una política integral de gestión de la diversidad basada en el diálogo y el consenso. Se deben definir con claridad las responsabilidades, roles y competencias entre administración central, comunidades autonómicas y ayuntamientos, contando con la sociedad civil. También se deben dotar a los ayuntamientos, como administración más cercana al ciudadano, de recursos y herramientas para poder ejecutar sus programas y planes de gestión de la diversidad”.
 
P: La gran afluencia de inmigrantes en la frontera de Melilla cuestiona el papel de la Unión Europea en este asunto. ¿Debería la UE implicarse más? 
R: “Efectivamente, los cinco intentos de salto masivo a la valla de Melilla protagonizados por 1.350 personas inmigrantes los días 12 y 13 de agosto, y la llegada, el mismo día 12 de agosto de 84 embarcaciones con un total de 835 inmigrantes en un sólo día, algo que los responsables del ministerio del Interior consideraron como la “mayor oleada de la historia”, han abierto el debate de nuevo sobre el papel de la Unión Europea en este asunto. El Gobierno español lleva pidiendo ayuda a la UE desde el pasado mes de febrero, cuando fallecieron 15 personas en su intento de llegar a Ceuta, y se cuestionó por parte de varias ONGs si la Guardia Civil había actuado correctamente al lanzarles pelotas de goma al mar mientras nadaban tratando de llegar a suelo español. Desde entonces el Ministro del Interior avanzó la necesidad de reformar la Ley de Extranjería que les permita hacer lo que hasta ahora están haciendo de forma ilegal: las denominadas ‘devoluciones en caliente’, algo que es ilegal, según la normativa española de extranjería en vigor, porque no se debe devolver personas en frontera, porque la Ley de Extranjería prevé en su artículo 58 que todo extranjero que pisa territorio español debe ser parte de un procedimiento administrativo en que se constate la situación de su estancia si es legal o no, y al mismo tiempo debe permitírsele presentar su solicitud de protección internacional si considera que tiene derecho a ello. Era en este contexto cuando el Gobierno español exigió a la UE un claro apoyo en términos políticos, legislativos y presupuestarios, por entender que la presión migratoria que reciben los Estados europeos en el Mediterráneo no es nacional sino europea. La misma exigencia la volvió a recordar con los últimos acontecimientos sucedidos en Melilla. Cabe recordar que este debate no es nuevo. Desde mediados de los ochenta, la UE ha diseñado una política de fronteras muy sofisticada para controlar la entrada de inmigrantes extracomunitarios al espacio europeo.  La política de control de fronteras se inició con la firma del  Acuerdo Schengen en 1985 y la firma del Convenio de Schengen en 1990. Y se consolidó con la puesta en marcha del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) en 1999 y la puesta en marcha del Sistema de Vigilancia Fronteriza Europea (EUROSUR) en 2008. En los 24 años de funcionamiento de estos sistemas de control de fronteras europeas, no se ha conseguido parar la inmigración hacia las costas españolas e italianas, ni se ha conseguido frenar las muertes y las desapariciones en las aguas del Mediterráneo y el Atlántico”. Desde noviembre de 1988, fecha en que aparecían los primeros cadáveres en aguas del Estrecho de Gibraltar, el número de inmigrantes muertos en las costas españolas e italianas, a fecha de hoy, supera los 40.000 cadáveres y los desaparecidos siguen siendo incontables. Contestando a la segunda parte de su pregunta; claro que sí, la UE debe implicarse más, pero no como se le está pidiendo por parte del Gobierno español; con más controles en las fronteras y con leyes y directivas aún más restrictivas para no permitir más entradas de personas desesperadas que vienen huyendo del hambre, la miseria, las persecuciones, las guerras y de los conflictos”. 
 
P: ¿Qué medidas se podrían tomar en este sentido?
R:”Si de verdad la UE quiere encontrar una solución a la llegada de inmigrantes a suelo europeo de las formas más arriesgadas, y acabar con el drama de las muertes en las aguas del Mediterráneo y del Atlántico, debe atajar el problema en su raíz. Es decir; debe buscar soluciones a sus causas en los países de origen. Los países de la UE deben invertir en una cooperación al desarrollo sostenible, seria, responsable y respetuosa con el medio ambiente y con las culturas de estos países, y esto se consigue con la asignación por parte de los países desarrollados del 0,7% del PIB para la ayuda al desarrollo. Si todos alcanzaran esa cota, las causas de la inmigración desde África y, por lo tanto, contra la inmigración llamada ‘ilegal’, sería mucho más sencilla. Cabe señalar, al respecto, que los países desarrollados tienen una de las asignaturas pendiente. Hace 14 años, se han comprometido a cumplir los Objetivos de Desarrollo del Milenio’, nacidos de los principios de los contenidos de la Declaración del Milenio, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 2000, y que tienen como objetivo principal erradicar la pobreza extrema en el mundo para el año 2015, como causa principal de las migraciones económicas. 14 años después, algunos de los ocho objetivos acordados en 2000 se han conseguido, como el acceso a la salud y el agua potable, pero no todos. El acceso universal a la educación primaria o la reducción de la mortalidad infantil, quedaron en declaración de buenas intenciones. Porque los donantes y gobiernos no han sido capaces de garantizar los recursos económicos y políticos que exigen los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Tampoco los Objetivos de Desarrollo del Milenio han servido para calibrar y reducir la brecha de desigualdad y vulnerabilidad que separa a países, comunidades e individuos en todo el planeta”.
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