Henar Hernández

Pie de foto: Manifestantes, sudaneses sostienen casquillos de bala en la protesta frente al cuartel general del ejército en la capital, Jartum, el 14 de mayo de 2019. AFP/MOHAMED el-SHAHED

La Fiscalía de Sudán acusa al expresidente Omar al-Bashir de “incitar y participar en la muerte de manifestantes”

Seis personas, entre ellas un militar, han fallecido y al menos una decena de personas han resultado heridas este martes en Jartum, la capital de Sudán, según las cifras publicadas por el Comité Central de Médicos, organización a la cabeza de la movilización del pueblo sudanés. Esto se habría producido como consecuencia de un ataque de una milicia armada en la plaza situada frente al cuartel general del Ejército, donde se congregan de forma pacífica, desde hace un mes, centenares de sudaneses que exigen la entrega del poder a un Gobierno civil tras la caída del exmandatario Omar al-Bashir el pasado 11 de abril.

El Consejo Militar de Transición, el organismo que se conformó para dirigir el periodo transitorio liderado primero por el ministro de Defensa que orquestó el golpe de Estado, Awad Ibn Auf, y ahora por el general Abdelfatah al-Burhan, ha responsabilizado de los ataques a “un grupo que intenta hacer fracasar el acuerdo” alcanzado en las negociaciones entre los militares y la oposición, representada por las Fuerzas de la Declaración de la Libertad y el Cambio (DFCF, por sus siglas en inglés) sobre “la estructura de las autoridades y sus poderes”.

Pie de foto: Manifestantes sudaneses intentan bloquear una calle en la capital, Jartum, durante una manifestación el 13 de mayo de 2019. AFP/ EBRAHIM HAMID

En concreto, ambas partes han logrado un entendimiento para crear un Consejo Soberano, que reemplazaría al Consejo Militar en el gobierno de la etapa transitoria hasta la convocatoria de comicios, y el establecimiento de un posterior Gabinete de ministros y una cámara legislativa con el resultado de dichas elecciones, aunque todavía queda por determinar la composición de los nuevos cuerpos políticos y la duración del periodo de transición, en un principio estipulada para un máximo de dos años. Este acuerdo es el resultado de una serie de encuentros que empezaron hace un mes para negociar la forma y el formato que debía adquirir el período transitorio que condujera a Sudán a una democracia. Las reuniones llegaron a suspenderse de forma temporal por discrepancias relativas a la participación de los militares en los nuevos órganos políticos del país.

Mientras, la Fiscalía sudanesa acusa a al-Bashir, quien se encuentra en la cárcel de máxima seguridad de Kober, al norte de Jartum, desde su derrocamiento, de “incitar y participar en la muerte de manifestantes en los últimos acontecimientos”. Cabe recordar que las protestas comenzaron a mediados de marzo por la subida en el precio del pan y de los combustibles y que se tornaron violentas cuando las fuerzas de seguridad leales al expresidente, principalmente la Policía y las milicias armadas que forman parte del entramado de poder de al-Bashir comenzaron a cargar con munición real, balas de goma y gases lacrimógenos contra los manifestantes que eran, a su vez, defendidos por el Ejército.

Pie de foto: El presidente derrocado Omar al-Bashir había sido acusado de los asesinatos de manifestantes durante las manifestaciones contra el régimen que llevaron al fin de su mandato el mes pasado. AFP/MOHAMED el-SHAHED

Los soldados llegaron, incluso, a abrir las puertas de su cuartel general para acoger a las personas que de forma pacífica se congregaban en a las puertas de la instalación. Con los ataques de este martes, las DFCF han vuelto a pedir al Consejo Militar que los soldados protejan de una forma más efectiva a los manifestantes y profundicen en su compromiso con la nueva etapa que debe afrontar Sudán. El balance de víctimas desde mediados de marzo se eleva ya hasta el centenar de fallecidos, según el Comité Central de Médicos de Sudán.

Asimismo, el exmandatario africano enfrenta otros cargos por blanqueo de dinero y por financiación del terrorismo, además de estar siendo investigado por posesión de grandes sumas de moneda extranjera, tras ser encontrados en su domicilio más de seis millones de divisas entre euros, dólares y libras en efectivo.

El Consejo Militar ya declaró que al-Bashir sería procesado por las autoridades sudanesas y no lo entregaría a la Corte Penal Internacional (CPI), tribunal que mantiene abierto el caso contra su persona por crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio durante el conflicto de Darfur (2003-2008) que dejó 300.000 muertos. Cabe subrayar que la CPI emitió en 2009 y 2010 dos órdenes de detención contra el expresidente que no se han cumplido.

 

 

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