Atalayar

Angola va a crear un organismo nacional para coordinar las medidas de lucha contra la desertificación y mitigar los efectos de la sequía, tal como se prevé en la nueva legislación sobre los bosques, que sustituye a la regulación forestal que estaba vigente desde del año 1962. La Ley, que ha entrado en vigor en marzo, establece que el Estado deberá desarrollar "estrategias a medio y largo plazo" para aplicar los programas nacionales de lucha contra la desertificación, una terrible realidad que sigue afectando principalmente a las poblaciones del sur del país.

Entre las medidas que se especifican, el Estado se compromete a garantizar, en colaboración con las autoridades tradicionales y las instituciones científicas nacionales, la "identificación y evaluación de los árboles que la tradición secular del pueblo rural asigna valores ecológicos, estéticos, históricos o culturales", sobre los que establecerá esquemas de protección especiales.

En cuanto a los derechos adquiridos, la Ley establece que los recursos forestales concedidos en virtud de la antigua legislación (que data de la época colonial), como los permisos de caza, se mantendrán en vigor durante un año.

Pie de foto: El mapa muestra en rojo las regiones más vulnerables a la desertización

Seis provincias muy afectadas

Según UNICEF, más de 1,4 millones de angoleños sufren a día de hoy los efectos del cambio climático en seis provincias del sur del país. Desde 1981, las sequías han afectado a más de seis millones de personas en Angola, y las previsiones no son nada halagüeñas.

Según la última actualización del Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres, de 2016, entre 1981 y 2015, hubo 12 años de inundación o sequía. La situación fue especialmente grave en 1989, con 1,9 millones de personas afectadas, y también en 2012, cuando más de 1,8 millones de personas padecieron las consecuencias de la falta de lluvias, también en la región sur.

En la nueva Ley se recogen medidas que no sólo están encaminadas a prevenir la degradación de la tierra, sino que, además, tienen como objetivo la reparación de las áreas dañadas recuperando las aguas interiores.

Este proceso, según la definición de la Ley Básica de Montes y Animales Salvajes, debe implicar un aumento de la productividad del suelo, la gestión integrada de los recursos forestales y de fauna silvestre, la mejora de las condiciones de vida de las comunidades locales y rurales, la erradicación de la pobreza y la lucha contra los efectos de la sequía.

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