Atalayar

Pie de foto: Puerta de Francia, Túnez. Desde 2015 la FIIAPP gestiona un proyecto de apoyo al Ministerio de Justicia tunecino en el proceso de transición democrática

En diciembre de 2010, en el centro de la capital tunecina aconteció uno de los momentos que cambiarían la historia reciente del país. En las proximidades de la plaza central de la ciudad, Mohamed Bouazizi, un joven vendedor ambulante de frutas y verduras de 26 años, fue detenido por 3 agentes municipales que le pidieron sobornos mientras vendía sus productos. Mohamed se negó y los policías requisaron sus productos y su carretilla. Esa misma tarde acudió a la oficina del gobernador a reclamar que le devolvieran lo que los agentes le habían requisado, pero no tuvo ninguna respuesta, así que decidido, compró un bidón de gasolina y unas cerillas y se prendió en llamas dentro de la oficina de gobernanza.

Estas llamas de Mohamed encendieron las tensiones de la población tunecina y las plazas se llenaron de gritos de esperanza. Miles de ciudadanos salieron a las calles a reclamar los derechos de los que se les habían privado durante el régimen de Ben Alí.  Tras varias semanas de manifestaciones ciudadana se disolvió el partido.

Desde entonces Túnez vive una transición democrática. En 2014 se aprobó la constitución y se celebraron elecciones libres y democráticas, en las que se nombró primer ministro a Habib Essid del partido Nida Tunes.

Proyecto europeo de apoyo al ministerio de justicia

La Unión Europea ha aplaudido los avances en la transición democrática tunecina y se ha comprometido a apoyarla en todo el proceso, y un ejemplo de ello es el proyecto de apoyo al Ministerio de Justicia tunecino, que comenzó en 2015 y, que está financiado a través den Instrumento Europeo de Vecindad y gestionado por la Fundación Internacional de Administraciones y Políticas Públicas (FIIAPP).

Este proyecto tiene como objetivo acompañar al sistema judicial tunecino en el proceso de transición democrática y definir la organización y la estructura del Ministerio de Justicia y del Consejo General de la Magistratura.   El coordinador del proyecto residente en Túnez, Ángel Llorente, explica la situación de la que parte el proyecto, “al pasar de un régimen autocrático a un sistema democrático de libertades había que cambiar las leyes más importantes porque, en el Ministerio de Justicia, anteriormente confluían competencias que deben ser ejercidas por un poder judicial independiente, dotado de una autonomía y de una financiación propia”.

Actualmente, el proyecto se encuentra en su ecuador. Ya se ha realizado una primera fase de estudio de la situación para conocer la situación previa y así identificar las necesidades a partir de las cuales diseñar la futura implementación de políticas públicas. El letrado de tribunal superior de justicia de Murcia y líder del proyecto, Javier Parra, explica que uno de los logros tangibles alcanzado hasta el momento es la elaboración de un plan quinquenal sobre la implantación de tecnologías de la información.

Pero los resultados del proyecto no sólo tienen vigencia durante los 2 años y medio de su ejecución, se espera que estos pasos dados sean el motor de un cambio mucho más profundo en la estructura de los órganos de justicia tunecinos. Un ejemplo de ello es el plan quinquenal de objetivos a conseguir durante los próximos 5 años. La consejera del Ministerio de Justicia de Túnez y encargada de la misión lo explica, Najet Ben Salah, “estamos comprometidos con la espera de resultados, tenemos unos objetivos que están ya incluidos dentro del plan de acción global y esperamos que estos resultados se consigan en los próximos 5 años”.

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