El bloqueo a Catar es 'desproporcionado y discriminatorio', según la ONU
El 5 de junio de 2017, los Gobiernos de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Bahréin y Egipto cortaron las relaciones diplomáticas con Catar y aplicaron al pequeño país del Golfo un bloqueo, que inicialmente solo pretendía castigar a los gobernantes cataríes, pero que, como indica la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH), ha sido “desproporcionado y discriminatorio”, sin hacer “ninguna distinción entre el Gobierno de Catar y su población”.
La OACDH ha elaborado un informe sobre el impacto de la crisis del Golfo en los derechos humanos, donde se asegura que el bloqueo forma parte de una guerra económica, “con importantes pérdidas financieras para el Estado, las empresas y las personas”, pero que “hasta la fecha, la riqueza de Catar y su potencialidad humana han permitido que el país absorba rápidamente los correspondientes efectos y proteja a la población de consecuencias económicas y sociales posiblemente desastrosas. Sin embargo, el impacto de la decisión y el efecto inmediato y grave de las medidas coercitivas unilaterales sobre muchas personas ha tenido un gran impacto psicológico en toda la población en general”, señala el informe.
El escrito detalla que la crisis se ha caracterizado por la falta de diálogo entre los Estados involucrados, y que los esfuerzos de mediación llevados a cabo por Kuwait se han paralizado. El equipo de la ONU desplegado a Catar para analizar la situación observó un gran resentimiento por la falta de medidas adoptadas por las organizaciones regionales y por el papel del Consejo de Cooperación del Gofo (CCG), que muchos consideraron desaparecido.
La decisión del pasado 5 de julio ha llevado a la separación temporal y, en algunos casos, duradera, de las familias en los países afectados, lo que ha causado angustia psicológica y algunas dificultades para que algunas personas puedan mantener económicamente a sus familiares que permanecen en Catar o en los otros países. El Estado de Catar contó unos 6.474 matrimonios mixtos, que incluyen ciudadanos de Catar, Arabia Saudí, Emiratos y Bahréin. En cualquier caso, el informe asegura que en respuesta a los casos de separaciones familiares, los Gobiernos de estos países, salvo Egipto, concedieron excepciones para ‘casos humanitarios de familias mixtas, quienes podían viajar entre Catar y sus territorios.
Según la información recibida por el equipo, los qataríes que trabajan en Arabia Saudita, Emiratos y Bahréin con intereses comerciales en estos países se vieron desde entonces obligados a regresar a Catar sin acceso a sus empresas y otras fuentes de actividad e ingresos. Aunque las autoridades no pudieron determinar con certeza el número de personas afectadas, una Comisión de Indemnización establecida tras la decisión del 5 de junio había documentado al menos 1.900 casos relacionados con el derecho a la propiedad a finales de noviembre de 2017, con reclamaciones relativas a residencias privadas, acciones, activos financieros y ganado).
Leer el informe completo: 20180117.-OHCHR report – Spanish
