El caso de la muerte de siete monjes franceses en Argelia da un vuelco

La investigación sobre el asesinato de siete monjes trapenses franceses del monasterio de Tibhirine, cerca de Medea y a 90 kilómetros de  Argel, podría dar un vuelco si el juez instructor antiterrorista del caso, Marc Trévidic, consigue viajar al país norteafricano. El ministro francés de Asuntos Exteriores, Laurent Fabius, después de una  visita oficial a Argelia esta semana, aseguró que el magistrado se podrá desplazar a este país “en los próximos días”. El juez Trévidic investiga el asesinato de siete religiosos que fueron presuntamente secuestrados y asesinados por un comando terrorista del Grupo Islámico Armado (GIA), el 21 de mayo de 1996.  Su muerte provocó una gran conmoción en Argelia y en Francia. El GIA reivindicó la masacre, pero la pista de una acción cometida por el poderoso Departamento de Información y de Seguridad (DRS, los servicios secretos militares argelinos) nunca fue descartada por la justicia y los medios galos. Después de años de espera, Argelia dio el visto bueno a una serie de investigaciones reclamadas por el juez Trévidic. El abogado de las familias de las víctimas, Patrick Baudoin, lamentó que “el caso esté bloqueado desde hace 19 años”. El ministro francés de Exteriores recordó a las autoridades argelinas cuáles son sus obligaciones. El juez viajará a Argelia con 14 personas, entre expertos y personal judicial y policial. “Es una operación delicada, la última oportunidad” para saber lo que de verdad ocurrió en Tibhirine, dijo el letrado de las familias.

 

En 2009, un general jubilado del Ejército de Tierrra francés, François Buchwalter, que fue miembro de la Dirección General de los Servicios Exteriores (DGSE) y consejero de Defensa en la Embajada de Francia en Argel entre 1995 y 1998, declaró a la justicia gala que los monjes de Tibhirine fueron asesinados por el Ejército argelino y no por el GIA. El general aseguró que se lo confesó un exoficial argelino y que no pudo revelar antes el secreto porque la jerarquía militar se lo prohibió. Según la versión del general retirado, los militares mataron a los monjes sin querer al confundirlos con salafistas durante una operación antiterrorista entre las ciudades de Blida y Medea. La versión oficial del Ejército argelino fue diferente: los cuerpos de los monjes fueron descubiertos por un grupo de militares en un campo cerca de Medea. De hecho, según la versión oficial, sólo descubrieron las cabezas, el 30 de mayo de 1996, nueve días después del secuestro.  Por eso mismo los familiares y compañeros de las víctimas sospecharon de que los militares separaron las cabezas de los cuerpos  acribillados a balazos para que la justicia no los implicara en la matanza. Según el general Buchwalter, el Gobierno francés sabía lo que ocurrió con los monjes, pero lo ocultó a la justicia de su país. Sobre esta matanza circulan otras versiones. Una de ellas, explicada por antiguos militares argelinos, señala que los jefes del DRS estaban hartos de los monjes de Tibhirine, porque,  según ellos, los religiosos habían curado algunos salafistas heridos en combate y entorpecían la labor antiterrorista del Ejército. Entonces, la decisión de secuestrar a los monjes fue tomada por el jefe del contraespionaje, general Smain Lamari. En un principio, el objetivo fue simplemente asustar a los monjes para que abandonaran el monasterio  y desacreditar a los grupos armados. Pero la operación se les fue de las manos a los agentes y acabó con la muerte de  los secuestrados. En 2002, varios exagentes del DRS confirmaron a dos medios franceses,  ‘Canal Plus’ y el diario ‘Libération’, que los siete religiosos fueron secuestrados por orden de Argel, y un libro de investigación sobre el caso publicado en 2011 por Jean-Baptiste Rivoire apunta en la misma dirección. 

 

En las elecciones generales de 1991, el Frente Islámico de Salvación (FIS) de Abasi Madani y Ali Belhadj ganó la primera vuelta después de haber sido victorioso en las municipales de 1990. Esta victoria provocó un autolgolpe de los militares. Los generales anularon el proceso electoral y establecieron el estado de excepción. El FIS fue ilegalizado y muchos de sus dirigentes y militantes, encarcelados. El FIS optó por la lucha armada y creó el Ejército Islámico de Salvación (EIS), pero abandonó esta estrategia en 1997. Otros grupos salafistas no hicieron lo mismo. La caótica situación política que atravesó Argelia entre 1990 y 2000 desembocó en una terrible guerra  cuyos dos principales protagonistas fueron los grupos terroristas de inspiración salafista y el Estado argelino. Unas 200.000 personas murieron en el conflicto. Diversos sectores políticos y sociales y  oficiales del DRS y del Ejército arrepentidos acusaron a los servicios secretos militares de haber manipulado una parte de los espantosos atentados del GIA y después del Grupo Salafista para la Predicación y el Combate (GSPC). En aquellos años cobró fuerza la tesis según la cual el GIA de Djamel Zituni estaba secretamente manipulado por los generales Smain Lamari y Tufik Mediene, número 1 y 2, respectivamente, del DRS. Ninguna denuncia sobre esta hipotética complicidad entre los servicios de inteligencia militares y los terroristas salafistas prosperó en Argelia. La sociedad se dividió entre los “erradicadores” que querían acabar con el islamismo y los  que apostaban por conocer la verdad sobre lo ocurrido en la década oscura de los 90 y en algunos casos defendían un pacto entre todas las tendencias políticas para sacar al país  del precipicio. Abdelaziz Buteflika, un hombre del régimen del FLN que se instauró en Argelia en 1962 tras conseguir la independencia de Francia, ganó las presidenciales de abril de 1999 bajo un programa de reconciliación nacional con los islamistas. Dentro del Plan de Concordia Nacional aprobado por la Asamblea Popular Nacional  (APN, Paralamento), en julio de 1999, se decretó una amnistía para todos los islamistas que hubieran empuñado las armas y se puso en marcha un programa de integración social de los arrepentidos. El FIS y su brazo armado firmaron  el Tratado de Paz con el Gobierno el 4 de enero de 2000, pero el GIA y el GSPC se negaron y siguieron con la actividad terrorista.