Paco Soto

Pie de foto: Un grupo de mujeres caminan por las calles de Argel.

La Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales de la Asamblea Popular Nacional (APN, Parlamento) examina estos días un proyecto de ley para flexibilizar la legislación nacional sobre la interrupción voluntaria del embarazo. Es una cuestión muy sensible y polémica en un país profundamente conservador y machista como Argelia, donde las mujeres son consideradas legalmente pero también desde el punto de vista social seres inferiores y dependientes del varón. En una sociedad con estas características, una gran mayoría de la ciudadanía no vería con buenos ojos la plena legalización del derecho al aborto. El proyecto de ley prevé ampliar las condiciones que permitan a una mujer interrumpir voluntariamente su embarazo. El proyecto, que fue entregado por el Ministerio de Sanidad a la Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales de la APN, propone ampliar las condiciones para poder abortar, básicamente por cuestiones terapéuticas, cuando peligra la salud de la madre. El cambio plantea tres supuestos para poder abortar: malformación del feto, embarazo provocado por una violación y peligro inminente para la salud de la madre. Una vez que haya sido examinado por la Comisión, el proyecto de ley tendrá que ser debatido en el Parlamento. Todavía no se conoce la fecha.

Sociedad conservadora

Con toda seguridad, podemos adelantar que los grupos islamistas pero también partidos conservadores como el Frente de Liberación Nacional (FLN) apoyado por el presidente Abdelaziz Bouteflika y el Reagrupamiento Nacional Democrático (RND) del primer ministro, Ahmed Ouyahia, entre otros grupos, se opondrán al cambio legislativo, o al menos pondrán muchas trabas. Estas fuerzas sintonizan con lo que piensan millones de argelinos: el aborto es un crimen que va en contra de la voluntad de Dios. Es lo que piensan gran parte de los creyentes en todo el mundo, pero en un país conservador como Argelia una postura de este tipo tiene aún más fuerza. En términos generales, los partidos izquierdistas, los movimientos feministas y los colectivos favorables a los derechos de las mujeres apoyarán la adopción de la ley, aunque la consideren insuficiente.

Pie de foto: Una mujer argelina se manifiesta delante de unos policías en la capital del país.

Los abortos clandestinos y en malas condiciones higiénicas provocan cada año la muerte de unas 29.000 mujeres en Argelia. Normalmente, son mujeres de capas populares humildes en zonas urbanas y rurales las que recurren a este tipo de abortos. Las mujeres de clase media y clase alta tienen medios suficientes para abortar en clínicas privadas de lujo o en el extranjero. Lucy Asuagbor, responsable de los derechos de las mujeres en el seno de la Comisión Africana para los Derechos del Hombre, advirtió en 2016 que “criminalizar el aborto no reduce el nivel de aborto sino que provoca todavía más abortos insalubres”. Es lo que sostiene también la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Situación en el Magreb

En los países del Magreb, el aborto es un tema tabú y mal visto socialmente. En Argelia, el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo es muy limitado. Se cometen unos 8.000 abortos al año, de los cuales entre 200 y 300 son clandestinos, según la Asociación Argelina para la Planificación Familiar (AAPF). Varios artículos del código penal (del 304 al 310) condenan el aborto con penas de hasta tres años de cárcel y multas de 10.000 dinares (unos 75 euros). Otros artículos autorizan a las mujeres a abortar en algunos casos como enfermedades o malformación del feto. En Marruecos, se registra el mayor número de abortos del mundo árabe, según ‘Health and Human Rights Journal’ de la US National Library of Medecine. Desde 2016, el aborto es legal en algunos supuestos; por ejemplo en caso de violación o incesto, peligro para la vida de la madre o malformación genética o física del feto. Así lo prevén varios artículos (de 449 a 455) del código penal. Las sanciones en caso de no respetar la ley varían de uno a cinco años de cárcel y multas de hasta 500 dirhams (45 euros). Colectivos como la Asociación Marroquí contra el Aborto Clandestino (AMLAC) desempeñan un papel muy positivo en el país. En Túnez, el derecho al aborto fue regulado tras la independencia del país, en 1956. Los abortos clandestinos están perseguidos por la ley con multas y hasta penas de cinco años de prisión. La ley tunecina es bastante liberal pero los abortos clandestinos –unos 4.000 al año- siguen siendo numerosos, sobre todo en zonas rurales y en sectores sociales donde la educación sexual es nula. 

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