El petróleo arbitra el desgobierno en Libia

Henar Hernández Álvarez

Libia se ha visto inmersa en una crisis política caracterizada por la nula capacidad de gobernabilidad, el desmembramiento de las administraciones públicas y la pugna por el petróleo desde que el pasado 17 de febrero de 2011 estallara una revolución en el país africano que propició la caída del régimen de Muamar el Gadafi tras 42 años ininterrumpidos en el poder.

Tras la muerte del dirigente libio el 20 de octubre de 2011 en la Batalla de Sirte, en la que se enfrentaron fuerzas leales al régimen contra combatientes rebeldes con la salvaguarda de la OTAN, Libia estuvo gobernado por el Consejo Nacional de Transición – CNT – hasta el año 2012, año en el que se celebraron, por primera vez en cuatro décadas, unas elecciones libres en las que los ciudadanos podían elegir a los miembros del Congreso Nacional General (en adelante CNG) – que sustituiría al CNT y que se erigiría como una nueva Asamblea Constituyente -, formado por 200 escaños.

El recién creado órgano, con la victoria de la Alianza de Fuerzas Nacionales, determinó que el Primer Ministro del país debía ser Ali Zeidan. Sin embargo, varios factores hicieron tambalear el proceso político: la lucha entre los grupos y milicias armadas, fundamentalmente tribales que se habían fortalecido con la revolución de 2011, y la radicalización del CNG con la elección de nuevos líderes cada vez más islamistas – incluso llegando a aprobar la Ley Sharia a finales de 2013 – fueron los ingredientes que cultivaron el intento de golpe de Estado de 2014 del general Jalifa Haftar, apoyado por las Fuerzas Militares, contra el CNG. Entonces, se creó un comité electoral con el objetivo de gobernar Libia hasta la convocatoria de nuevas elecciones legislativas para designar una nueva Cámara de Representantes, lo que finalmente sucedió el 25 de junio de ese mismo año. 

Una vez ya constituido el nuevo parlamento, que se había trasladado a la ciudad de Tobruk por la escalada de violencia que estaba sufriendo la capital, Trípoli, por parte de las milicias, se adoptaron dos leyes cuyo objetivo era romper todos los vínculos restantes en el país con la figura de Gadafi. Por un lado, se obligaba a la disolución de las milicias armadas que hubieran estado vinculadas al régimen y, por otro lado, se impedía a los partidarios de Gadafi participar en el nuevo gobierno, lo que no fue aceptado por los islamistas, que, además, habían visto reducida su representación en el nuevo parlamento con respecto al CNG.

Por ello, y entre otras razones, decidieron poner de nuevo en funcionamiento esta institución creada en 2012 y localizada en Trípoli. Así, se configuraron dos gobiernos paralelos – uno en Tobruk y otro en la capital – que reclamaban legitimidad para el ejercicio de sus funciones, lo que terminó por diseñar un escenario de “guerra de todos contra todos”. Como consecuencia, se intentó buscar una vía de escape en 2015 con la firma del Acuerdo Político Libio a instancias de Naciones Unidas. Este tratado organizó la política libia de la siguiente forma: en primer lugar, se creó un Consejo Presidencial liderado por Fayez Serraj – también nombrado Primer Ministro – cuya función era la de conformar un Gobierno de unidad nacional (en adelante GNA) que acabó instalándose en Trípoli. En segundo lugar, el CNG se transformó en el Alto Consejo de Estado, una institución de carácter consultivo.

En tercer lugar, se reconoció como único parlamento a la Cámara de Representantes ubicada en Tobruk, apoyada por el Ejército Nacional Libio con el general Jalifa Haftar al mando. Sin embargo, ninguna de las dos administraciones – ni Trípoli ni Tobruk – ratificó el acuerdo, lo que contribuyó a aumentar el caos político. Esta situación se recrudeció de nuevo en 2016 con la entrada en escena de un tercer gobierno autoproclamado: el Gobierno de Salvación Nacional, proveniente de una escisión del CNG. 

En este punto, es importante recalcar la figura de Haftar, pues sus éxitos militares contra las milicias islamistas – expulsó al DAESH del norte de Libia en 2017 – le han configurado como un núcleo de poder, sobre todo, en el este del país, aunque con perspectivas dirigidas a controlar el resto del territorio. Su ascenso meteórico se ha visto beneficiado por su estrategia focalizada en dominar los recursos naturales de Libia y, en concreto, el petróleo. La importancia del crudo en el país reside en tres factores: cuenta con las mayores reservas del continente africano, representa cuatro quintas partes del PIB, junto con el resto de hidrocarburos; y genera el 95% de los ingresos fiscales, así como el 98% de los ingresos por exportaciones, si bien el conflicto latente ha disminuido la producción de crudo – en 2016 se contabilizaron 0,38 millones de barriles por día– a niveles anteriores a la revolución. Por estas razones, el petróleo se ha convertido en el árbitro del conflicto: quien controle los recursos, controlará la economía y, con ello, las directrices de la política. 

Fuente: Al Jazeera, ECFR.

Las principales reservas productoras de más de la mitad del crudo total del país se localizan en la región denominada “el creciente petrolero”, en el golfo de Sirte, ubicado al noreste del país en la esfera de influencia de Haftar. El resto de las reservas petrolíferas se distribuyen en el oeste, un área controlada tanto por el GNA como por milicias rebeldes que no se han posicionado políticamente a favor o en contra de ninguno de los gobiernos. En esta zona, en la ciudad de Misrata – cuyo alcalde fue asesinado a finales de 2017 – se encuentra el principal puerto comercial de Libia y por el cual se exporta principalmente el petróleo del país.

Esta desmembración entre las áreas de producción y los canales de exportación, dirigidos por diferentes actores del conflicto libio, unido al papel que desempeña la Compañía Nacional de Petróleo radicada en Trípoli – encargada de administrar los ingresos de las exportaciones de petróleo y cuyo apoyo al GNA es únicamente parcial e interesado – ha provocado la sucesión de numerosos enfrentamientos con el objetivo por excelencia de lograr el control total del negocio del petróleo. El último tuvo lugar el pasado 7 de febrero, cuando las fuerzas de Haftar tomaron el yacimiento petrolero de Sharara, al oeste de Libia y gestionado por el GNA y por milicias rebeldes. Esto supone una nueva jugada maestra en la estrategia de Haftar, pues Sharara es la principal reserva petrolífera del oeste del país con la producción de 300.000 barriles diarios y, además, está explotada por empresas extranjeras como Repsol. Asimismo, si el control de la planta por parte de Haftar se tornase efectivo – la Compañía Nacional de Petróleo y Repsol mantuvieron un encuentro días después para buscar soluciones que revirtieran los problemas de seguridad de Sharara – significaría que ostentaría el poder sobre todos los yacimientos de crudo en territorio libio y, entonces, con el control de la economía, Haftar podría convertirse de factoen el “señor de Libia” y autoerigirse como la única autoridad fuerte con capacidad real de gobernabilidad en el país.

Mientras tanto, estaba previsto que el pasado 10 de diciembre de 2018 se celebrasen elecciones presidenciales y legislativas en Libia auspiciadas por Naciones Unidas, como fue acordado en la Conferencia de París de mayo de ese mismo año. Sin embargo, la falta de compromiso de las partes y la situación convulsa que vive el país ha derivado en un aplazamiento de los comicios con fecha aún por determinar. Desde la ONU esperan que se puedan celebrar esta primavera y, para ello, están organizando una conferencia nacional preparatoria que tendrá lugar, si las circunstancias lo permiten, entre finales de febrero y marzo.

Por otra parte, desde la Unión Africana han planteado recientemente que las elecciones se celebren en octubre de 2019, tras una conferencia internacional que tendría lugar en julio. En cualquier caso, habrá que comprobar si el factor político, representado por la convocatoria de unos comicios libres, puede encontrar legitimidad –teniendo en cuenta que el 80% de los libios está dispuesto a votar– y sobreponerse al factor económico, escenificado por la pugna por el control del petróleo. Si lo consiguiera, las elecciones podrían convertirse, así, en una vía eficaz para solventar el desgobierno reinante en Libia. 

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