La ONU critica a Blackstone por la especulación inmobiliaria y notifica a España

Alex Erquicia

Pie de foto: Logotipo de Blackstone Groupen en una pantalla de la Bolsa de Nueva York, EEUU. REUTERS/BRENDAN MCDERMIND

Desde la Gran Recesión, la crisis económica mundial de 2008, los mercados inmobiliarios alrededor del mundo han experimentado unos vaivenes que no habían visto en su historia. Las distorsiones y disrupciones del sector han alimentado una especulación inmobiliaria en todo el planeta desarrollada, en parte, fondos de inversión y gestoras de capital privado que no parece tener un fin.

Expertos de las Naciones Unidas han decidido tomar cartas en el asunto y han puesto en el punto de mira a la firma de inversión Blackstone, la empresa estadounidense que más ha aprovechado, o agravado, dichas dinámicas en el mercado inmobiliario. El terrateniente corporativo de residencias más grandes del mundo, propietario de miles de unidades de vivienda en América del Norte, Europa, Asia y América Latina, fue reprobado por las prácticas comerciales "atroces" que llevan a cabo, según los expertos de la ONU. Dichos funcionarios de la ONU señalaron sus preocupaciones en una carta a Blackstone, describiendo las prácticas como inconsistentes con el derecho internacional de los derechos humanos, con respecto al derecho a la vivienda.

En una crítica asertiva acerca del rol de las firmas de capital privado sobre el mercado de la vivienda, Leilani Farha, la relatora especial de la ONU sobre el derecho a la vivienda adecuada, dijo que Blackstone, y otros fondos de capital privado conocidas en España como fondos buitre, han transformado el panorama inmobiliario global. Según Farha una crisis mundial de la vivienda está siendo alimentada por la especulación financiera que está llevando a muchas personas a no poder acceder a rentas asequibles o a la propiedad de vivienda, especialmente en las ciudades.

“Su modelo de negocio, del cual Blackstone es un pionero, se está convirtiendo en el estándar de la industria. Las propiedades que se consideran 'infravaloradas', lo que generalmente significa que son asequibles para las personas que viven allí, se compran en masa, se renuevan y luego se ofrecen a una tasa de alquiler más alta, que expulsa a los inquilinos de sus propias casas y comunidades. Los propietarios son ahora corporaciones sin rostro que causan estragos en el derecho a la seguridad de los inquilinos y contribuyen a la crisis mundial de la vivienda", explicó con rotundidad Farha en un comunicado. En ocasiones, la compra de viviendas por parte de grandes corporaciones se ha traducido en subidas del 30% o el 50% de los alquileres, imposibilitando a muchos inquilinos el permanecer en ellos, señalaron los expertos.

La especulación inmobiliaria no es un tema nuevo pero se ha disparado con las facilidades que este tipo de empresas han recibido durante los años de crisis económica y los de recuperación posterior hasta la actualidad obviando su uso prioritario como bien social. Según la propia relatora especial Farha la crisis global de vivienda tiene sus raíces en una crisis de acceso a la justicia porque al negar este acceso, la vivienda no se reconoce, entiende o aborda como un derecho humano. Los relatores especiales son parte de lo que se conoce como los procedimientos especiales (el cuerpo más grande de expertos independientes en el sistema de derechos humanos de la ONU) del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (OHCHR, en sus siglas en inglés).

Carta a España y otros países

El caso de la especulación inmobiliaria en España también es una cuestión que preocupa a la relatora especial de la ONU sobre el derecho a la vivienda. Leilani Farha informó que había enviado una carta al gobierno español en las que se le señala por haber facilitado este proceso de irrupción de las multinacionales en el sector inmobiliario. En la misma, según la relatora, narran que las leyes de impuestos preferenciales, y las débiles protecciones de los inquilinos, han permitido que la transferencia de viviendas de bajos ingresos a inversiones financieras se amplíe enormemente. Además de España otros países recibieron una misiva como a Estados Unidos, República Checa, Dinamarca, Irlanda y Suecia.

"Recordamos a los Estados sus obligaciones de derechos humanos de regular la inversión en el sector inmobiliario residencial para que respalde el derecho a una vivienda adecuada y de ninguna manera lo socave. No se puede dejar al sector privado para que lo realice de manera voluntaria”, dijeron los expertos.

En España, se identifican varios obstáculos sistémicos que demuestran que la vivienda ha sido y sigue siendo usada como una herramienta de mercantilización, dejando de lado su valor intrínseco como bien social, escribió Leilani Farha en El Periódico el año pasado.

Mientras tanto, en España muchos auguran una nueva burbuja inmobiliaria. Hasta que llegue se seguirá produciendo la mercantilización y 'turistificación' de la vivienda a la par que los desahucios y las ejecuciones hipotecarias, creando un contexto idóneo para que los Estados, los inversores financieros, compradores y aquellos que alquilen busquen un espacio de diálogo para la mejora del sector inmobiliario y unas sólidas políticas de vivienda que se aleje de la especulación.