La ONU, forzada a cerrar su oficina de Derechos Humanos en Burundi

Eva Cifuentes

Tras más de 20 años de trabajo en un país marcado por fuertes episodios de violencia, las presiones del Gobierno han podido y la ONU se ha visto forzada a cerrar su oficina de Derechos Humanos en Burundi.

La ONU desembarcó en el país africano en el año 1995 en un contexto marcado por la violencia y las flagrantes violaciones de los derechos humanos tras el asesinato del entonces presidente burundés, Melchior Ndadaye. Desde ese momento, el organismo internacional ha estado trabajando mano a mano con el Gobierno para estabilizar la paz, mejorar los servicios del país y garantizar el cumplimiento de los derechos humanos.

Las desapariciones forzosas, violación de las libertades públicas, de los derechos de las personas e incluso la violencia sexual, han estado muy presentes en Burundi desde hace décadas. La oficina de la ONU consiguió, junto con el Gobierno, reducir poco a poco algunos de estos atroces fantasmas y poner en marcha proyectos la creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Verdad y Reconciliación, uno de los avances más importantes del país en la materia. Sin embargo, a partir del año 2015, todo comenzó a tambalearse.

El presidente del Gobierno actual, Pierre Nkurunziza, consiguió el poder en 2005 tras el fin de la guerra civil. Cumplió dos mandatos y en 2015 quiso optar a un tercero, algo prohibido por la Constitución burundesa, lo que desató protestas alrededor de todo el país. Ante esto, el Gobierno respondió con una violencia y represión extrema y, según los informes de la ONU, se llegaron a cometer crímenes de lesa humanidad.

En 2016, el entonces jefe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad al-Hussein, calificó a Burundi como “uno de los mataderos más prolíficos de seres humanos” además de compararlo con lugares como Birmania o Siria. Estas polémicas declaraciones desataron la ira del presidente burundés y en octubre de ese año el Gobierno sustituyó la cooperación con la ONU. Esto supuso un varapalo importante para poder seguir investigando las denuncias por crímenes de lesa humanidad, aunque según declaran los miembros de la ONU, se siguen explorando otras alternativas para poder continuar con las investigaciones.

Finalmente, el Gobierno ha cerrado definitivamente la oficina de la ONU hace unos días alegando que ya ha hecho progresos suficientes en materia de derechos humanos. Se pone fin, de manera forzada y bajo muchas presiones, a una institución que llevaba trabajando en el país africano durante más de dos décadas.

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