Por Amina Adib
Foto: Un grupo de inmigrantes subsaharianos en Marruecos.
 
La Policía marroquí expulsó el martes de esta semana a 26 inmigrantes subsaharianos tras haber organizado una manifestación no autorizada en las calles de Tánger. La protesta tuvo lugar el pasado sábado en el barrio popular de Bukhalef, en el extrarradio tangerino, después del asesinato de un joven de 26 años de origen senegalés, Charles Ndour. La víctima fue degollada por un marroquí racista. Tres personas han sido detenidas por este asunto. Las peleas entre jóvenes marroquíes y subsaharianos se han convertido en moneda corriente en el barrio de Bukhalef y en otras zonas populares de Tánger. Un sector de la población marroquí de estos barrios pobres acusa a los africanos de ser delincuentes y de ocupar viviendas ilegalmente y los subsaharianos se quejan de que son objeto de continuos ataques racistas. Los 26 detenidos en la manifestación ilegal fueron expulsados desde el aeropuerto internacional Mohamed V de Casablanca hacia sus respectivos países de origen. Antes fueron condenados por el tribunal de primera instancia de Tánger a un mes de prisión sin necesidad de cumplir la pena, lo que significó la expulsión inmediata del territorio marroquí. El martes de esta semana, grupos de africanos subsaharianos protestaron delante de las embajadas de países como Senegal, Malí, Camerún y Nigeria, en Rabat, para expresar su descontento por sus condiciones de vida en Marruecos y acusar a sus representantes diplomáticos de pasividad e incluso de “complicidad” con las autoridades marroquíes. Estas protestas obligaron, al día siguiendo, a varios  embajadores africanos acreditados en Rabat a reunirse para  analizar la crisis desatada tras la muerte del joven Charles Ndour.
 
Delincuentes detenidos
Por otra parte, la Policía judicial de Sidi Bernussi, en Casablanca, detuvo esta semana a un individuo de nacionalidad marroquí por haber estafado a varios candidatos a la inmigración clandestina con destino a Italia. La Policía acusa al presunto delincuente de pedir  sumas  de dinero que variaban entre 1.800 y 4.500 euros a los inmigrantes irregulares a cambio de prometerles contratos de trabajo en Italia. En cada operación, tras apropiarse del dinero, el detenido desaparecía. Por otra parte, la Policía española desmanteló una organización criminal dedicada al tráfico de inmigrantes marroquíes en España. La red  desmantelada exigía entre 6.000 y 10.000 euros a los inmigrantes para llegar a España y legalizar su situación en el país a través de matrimonios de conveniencia. Los inmigrantes entraban en territorio español escondidos en camiones y a través de Algeciras. Después eran encerrados en pisos y sólo eran liberados cuando habían pagado sus deudas. En muchos casos fueron maltratados por sus  captores y sus familias residentes en Marruecos, amenazadas. La red mafiosa falsificaba papeles como permisos de residencia y de trabajo.
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