La tensión entre Francia y Marruecos empeora

Por Rachid Elalamy

Las relaciones diplomáticas entre Francia y Marruecos no pasan por un buen momento y podrían ir a peor desde que un grupo de una veintena de ciudadanos franceses presos en centros penitenciarios marroquíes inició hace unos días una huelga de hambre. París y Rabat suspendieron la colaboración bilateral en materia judicial el pasado mes de febrero, después de que un juez francés decidiera perseguir al actual jefe de la Dirección General de la Vigilancia del Territorio (DGST, servicio secreto exterior) de Marruecos, Abdelatif Hammuchi, por su presunta “complicidad” en casos de torturas contra dos ciudadanos franco-marroquíes y un militante saharaui pro derechos humanos. El procedimiento judicial contra el responsable del contraespionaje exterior marroquí cuenta con el apoyo de la Asociación de Cristianos por la Abolición de la Tortura. Las malas relaciones entre Francia y Marruecos recuerdan algunos episodios conflictivos que vivió España con el país norteafricano hace muy pocos años. Los protagonistas de la huelga de hambre pidieron el traslado a centros penitenciarios de su país y con tal de alcanzar este objetivo se manifestaron a favor del restablecimiento de la cooperación judicial. La petición no fue aceptada por las autoridades de Marruecos. En la práctica, esto significa que mientras París y Rabat sigan enfrentados, los franceses encarcelados en Marruecos  purgarán su condena en prisiones marroquíes y no podrán ser extraditados a su país de origen. La situación es tan delicada que el propio jefe del Estado, el rey Mohamed VI, tuvo que intervenir para tratar de resolver este polémico asunto. El monarca ordenó “la puesta en marcha, a título puramente excepcional y humanitario, de una comisión encargada de examinar el caso”, informó en un comunicado el Gabinete Real.

Polémica reunión

Según diversos comentaristas políticos, la decisión real no significa que  Mohamed VI vaya a restablecer la cooperación judicial con Francia. Mientras, París sigue esperando. El viernes de la semana pasada, según informó la agencia EFE, el embajador de Francia en Rabat, Charles Fries, fue convocado por el ministro marroquí  de Asuntos Exteriores, Salahedín Mezuar, para tratar el asunto de los presos franceses en huelga de hambre. Fuentes diplomáticas acreditas en Rabat explicaron que “la reunión fue una simple convocatoria por parte del ministro para hablar con el diplomático francés sobre esta situación”. Pero según el diario  marroquí ‘Almassae’, el ministro Mezuar quiso expresar su descontento al embajador por una reunión que se celebró en la Embajada de Francia en Rabat entre el juez francés que quiere procesar al jefe de la DGST y el vicepresidente del Club de Magistrados Marroquíes, que no contó con el aval de su jerarquía. En las cárceles marroquíes hay unos 150 presos franceses. Marruecos tiene firmado con Francia y otros Estados como España un convenio de cumplimiento de penas en el país de origen que permite a un condenado francés o español en territorio marroquí  cumplir su condena en su país, pero siempre que se cumplan una serie de requisitos.

 Representante de la ONU

Por otra parte, el jefe de la diplomacia marroquí se entrevistó, en Rabat con la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, que empezó el martes de esta semana una visita a Marruecos que durará hasta el 29 de abril. Navi Pillay se reunirá, en principio, con el rey Mohamed VI; el primer ministro, Abdelilah Benkirane; el ministro de Justicia, Mustafá Ramid; y el ministro encargado de los Derechos Humanos, Mahjub El Hiba. Además, la responsable en la ONU tendrá una reunión con los presidentes del Parlamento y del Senado, representantes de otras instituciones y activistas de movimientos sociales. Según Omar Hilal, embajador de Marruecos en la ONU,  Navi Pillay fue invitada por Rabat para abordar la cuestión de los derechos humanos. El último informe de la ONU denunció la existencia de violaciones de los derechos humanos en Marruecos, particularmente en el territorio del Sáhara occidental. Amnistía Internacional (AI) también apuntó en la misma dirección. Las denuncias de AI fueron rechazadas por el ministro de Justicia.

Sin brazo paramilitar

En otro orden de cosas, en Túnez, según informa nuestro corresponsal en este país, Mohamed Sahli, la justicia decidió la disolución de la Liga de Protección de la Revolución (LPR), el brazo paramilitar del movimiento  islamista  Ennahda. Esta disolución era una de las reivindicaciones de la oposición a los islamistas cuando estaban en el Gobierno. En declaraciones a la emisora ‘Shems FM’, el presidente de la LPR, Munir Ajrudi, criticó la decisión judicial, porque, en su opinión, es fruto de las presiones ejercidas sobre la justicia  por el actual Ejecutivo del tecnócrata Mehdi Jomaa e instituciones más bien laicas como el poderoso sindicato Unión General Tunecina del Trabajo (UGTT), la organización patronal UTICA, la Liga Tunecina de los Derechos del Hombre y la Organización Nacional de Abogados de Túnez (ONAT). Ennahda gobernó Túnez entre diciembre de 2011 y enero de 2014. Su brazo paramilitar fue acusado de actos de violencia, como un ataque perpetrado, el 4 d diciembre de 2012, contra la sede central de la UGTT. Otro signo de normalidad política democrática se dio a principios de esta semana en las cercanías del Ministerio del Interior, en la Avenida Burguiba de la capital tunecina, donde unidades del Ejército y brigadas municipales procedieron a retirar las alambradas que rodeaban el edificio, limpiar la zona y plantar arbustos y flores. El ministro del Interior, Lofti Ben Jedu, declaró a la agencia de noticias TAP que la medida significa que “Túnez va bien”.

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