Libia se hunde en el caos tras los últimos atentados en Trípoli

 

Libia no consigue salir del agujero. El caos político y social, la violencia y el terrorismo, los enfrentamientos tribales y regionales y la parálisis económica han arrastrado al país norteafricano al borde de la guerra civil. Dos nuevos atentados terroristas perturbaron a primera hora de la mañana del jueves a los habitantes de Trípoli. Esta vez, los atentados fueron dos explosiones -al parecer unos coches-bomba-  en las inmediaciones de las embajadas de Egipto y Emiratos Árabes Unidos (EAU) que por fortuna no provocaron víctimas, pero desencadenaron un dispositivo de seguridad. El Consejo de Representantes (Parlamento legal) condenó los atentados y pidió una mayor implicación de la ONU en el conflicto libio. Las autoridades políticas de Trípoli, que están enfrentadas al Gobierno y al Parlament de Tobrouk, también condenaron los dos atentados, pero no fueron capaces de tranquilizar a la población, que tanto en Trípoli como en el resto del país sufre a diario  un calvario. El enviado especial de la ONU para Libia, el español Bernardino León, declaró que “lo que ocurre en Trípoli es la ira de la gente” por el hecho de que  “EAU bombardeó Trípoli en colaboración con Egipto, y hubo 20 muertos”. Los dos Gobiernos y Parlamentos paralelos y enfrentados, en Trípoli y en Tobrouk, se acusan mutuamente de provocar atentados y violencia. El pasado verano, el aeropuerto internacional de Trípoli fue escenario de violentos enfrentamientos armados entre milicias de Misrata y Zintán, que ahora apoyan a los poderes políticos de Trípoli y Tobrouk, respectivamente. El Gobierno de Salvación Nacional, nombrado por el Parlamento elegido en las pasadas elecciones legislativas, se trasladó a Tobrouk y en Trípoli se quedaron los partidarios del antiguo Congreso General de la Nación (CGN), que tiene el apoyo del islamismo político. Mientras en el este del territorio el general rebelde Khalifa Hafter, que tiene el apoyo de Estados Unidos, combate a los islamistas y los yihadistas, en el oeste, el poder paralelo denuncia la intervención extranjera en el país y las supuestas agresiones militares de Egipto, Arabia Saudí y EAU. 

 

Hafter, aliado del Parlamento y del Gobierno  de Tobrouk,  lleva a cabo desde mayo la ‘Operación Dignidad’ contra los yihadistas de Ansar al Sharia y otras milicias armadas. Mientras tenga el visto bueno estadounidense y de varios países árabes, seguirá guerreando, pero no está claro que consiga imponer su autoridad armada a los yihadistas y otros grupos. En este contexto, el fallo del Tribunal Supremo que declaró inconstitucional el Parlamento de Tobrouk  reconocido por la comunidad internacional, aleja aún más a Libia de la paz y la normalidad política y social. En Trípoli,  Bengasi y muchas otras ciudades libias los enfrentamientos entre milicias opuestas son prácticamente a diario y las débiles instituciones de Tobrouk no pueden hacer nada para restablecer el orden. Muchos libios y extranjeros que vivían en Libia han abandonado el país y la comunidad internacional vigila de cerca lo que ocurre, pero no interviene directamente. En el este y en el oeste del país los dirigentes políticos dicen que la guerra no es la solución para acabar con el conflicto libio, pero no mueven ficha para buscar el camino del entendimiento, el diálogo y el acuerdo.  España y otros países occidentales y árabes defienden un acuerdo político entre las partes enfrentadas y se oponen a una intervención militar extranjera. Francia no descarta la solución militar y Estados Unidos vigila de cerca la evolución de los acontecimientos. Libia carece en estos momentos de un verdadero Ejército nacional que vertebre mínimamente el país y garantice su seguridad. Los militares están divididos y muchos dedican gran parte de su tiempo a combatir a los yihadistas y otros grupos radicales. Y el tráfico de armas está en todas partes en un país donde el Estado está casi desaparecido y la población vive librada a su suerte. Sólo desde que empezó este mes han muerto más de 200 personas en Kikla y Bengasi. El Gobierno asegura que el 70% de las instalaciones petrolíferas de Libia están bajo control. Pero lo que no está bajo control de los poderes del Estado es la vida y el futuro inmediato de millones de libios.