Los derechos humanos ensombrecen la democratización de Marruecos

Marruecos ha dado pasos importantes en materia de modernización política en los últimos años. La Constitución aprobada en 2011 reconoce explícitamente una serie de derechos y libertades. La evolución en el ámbito del respeto de los derechos humanos es real y no simple propaganda; y la existencia de movimientos sociales que aspiran a mayores niveles de democracia convierten a Marruecos en un país con futuro, sobre todo cuando se le compara con otros Estados del norte de África. Pero esto no significa que el Estado de derecho haya triunfado completamente. La democracia es un sistema imperfecto que nunca está del todo acabado, incluso en países con larga trayectoria democrática. Y Marruecos aún tiene que dar pasos significativos para entrar en la plena modernidad democrática y acabar con las lacras autoritarias del pasado. Así lo denuncian muchos colectivos marroquíes. Piensan que queda mucho por hacer en el ámbito político e institucional y lamentan que el comportamiento de algunos servidores públicos deje bastante que desear. Los últimos informes de Amnistía Internacional (AI)  y de la ONU sobre la tortura y otras cuestiones señalan que en Marruecos se siguen violando derechos y libertades. No hay ninguna mano negra que mueva los hilos contra Marruecos. Las asociaciones marroquíes de defensa de los derechos humanos califican de “absurda” la tesis del complot contra Marruecos, y consideran que los informes de AI y la ONU deberían estimular a las autoridades a intensificar su política de reformas. Desgraciadamente, algunos altos cargos políticos reaccionan de manera inadecuada y niegan en bloque las denuncias y recomendaciones de organismos internacionales y de ONG de dentro y de fuera del país. Es lo que hizo esta semana en el Parlamento el ministro de Justicia y Libertades, el islamista Mustafá Ramid. 

 

“En Marruecos no hay lugar para las graves violaciones, ni para los secuestros, ni para las detenciones arbitrarias, y no podemos permitir eso en un país como Marruecos”. aseguró Ramid. Sobre el informe de AI, el titular de Justicia consideró que “podría tener una cierta credibilidad, si hubiera salido en la época de los años de plomo [el período más represivo que hubo en el país en tiempos de Hasán II] o bien después de los atentados terroristas que sufrió el país en 2003. Pero hoy en día, si tomamos en consideración los logros que ha conseguido Marruecos en el campo de los derechos humanos y los mecanismo establecidos por el Gobierno en este campo, nos damos cuenta de que estos informes carecen de imparcialidad y credibilidad”. Así las cosas,  lo que sí tuvo que hacer la justicia esta semana es reconocer el fundamento de  una denuncia de torturas que llevó a cabo un ciudadano de origen marroquí y nacionalidad belga, Ali Aarras, extraditado a Marruecos desde España, en 2010. Aarras fue condenado a 12 años de cárcel por terrorismo, en noviembre de 2011. El detenido denunció haber sido torturado por la Policía en un centro de detención en la ciudad de Temara, cerca de Rabat,  pero la justicia no le hizo caso. Pero ahora, el propio Fiscal General del rey en la Corte de Apelación de Rabat pide la apertura de una investigación sobre este caso. La ONU y AI exigieron explicaciones sobre este caso al Ministerio de Justicia marroquí, pero el ministro Ramid negó que estuvieran al tanto. 

 

Por otra parte, 11 jóvenes militantes del Movimiento del 20 de Febrero, una organización inconformista y crítica con la situación política y social del país, fueron condenados a penas de hasta un año de cárcel  por haber  participado en “una manifestación no autorizada” y agredido a varios policías, el pasado 6 de abril en Casablanca. Según informó la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH), el tribunal correccional de  Aïn Sebaa condenó a dos de los jóvenes, que se encontraban en libertad condicional, a dos meses de prisión y a pagar una multa de 5.000 dirhams (unos 450 euros), cuatro a seis meses de prisión  y cinco a un año. La manifestación se llevó a cabo durante una protesta sindical, y por eso mismo los tres grandes sindicatos marroquíes hicieron público un comunicado en defensa de los detenidos. En esa manifestación, según denunció la AMDH, “la policía actuó de manera irresponsable y agredió a los jóvenes para finalmente arrestarlos”. El Movimiento del 20 de Febrero surgió durante la Primavera Árabe, en 2011, y fue muy activo en la calle durante un largo período de tiempo, pero después  se estancó. Este movimiento reclama profundas reformas sociales, económicas y políticas en Marruecos. Las autoridades aseguran que el país norteafricano ya ha realizado la mayor parte de las reformas y que éstas quedan recogidas en el  texto constitucional de 2011.