International Crisis Group

Mientras el norte de Malí capta la atención general, la violencia armada está sufriendo una escalada alarmante en el centro del país, abandonado desde hace mucho tiempo por el Estado. La gestión de los recursos naturales ha dado pie a múltiples conflictos que ni el Gobierno ni las clases dirigentes son capaces de controlar. Desde hace varios meses, está fraguándose una revuelta yihadista que aprovecha la falta de legitimidad del Estado para ampliar su influencia. En las áreas rurales están expulsando a los representantes estatales. Pero la violencia se debe también a los arreglos de cuentas, los bandidos y un número cada vez mayor de milicias de autodefensa. El acuerdo de paz firmado en Bamako en junio de 2015 se refiere sobre todo a las regiones del norte, y no tiene en cuenta el centro del país. El gobierno de Malí y sus socios principales deben reanudar los esfuerzos para restablecer la autoridad y la legitimidad del Estado entre todas las comunidades de la zona. Si no se emprenden las acciones necesarias, el centro de Malí -una región más densamente poblada que el norte y crucial para la economía del país- corre el peligro de convertirse en una fuente de inestabilidad prolongada.

Durante mucho tiempo, el centro no ha tenido nada que ver con las rebeliones armadas del norte pero ha padecido sus consecuencias: desde que comenzó este siglo, el bandidaje se ha intensificado y las armas son más fáciles de obtener. Los grupos marginados, en particular ciertas comunidades de pastores nómadas, creen que tomar las armas modernas es una forma de desafiar a las jerarquías existentes e impugnar los privilegios de las élites urbanas y las aristocracias locales tradicionales. El Estado, azotado por la corrupción y desprestigiado por las acciones brutales de las fuerzas de seguridad, tiene dificultades para mediar entre todas las partes. En estas circunstancias, las comunidades étnicas están cerrando filas, en particular los fulani, que se consideran víctimas.

La crisis de 2012 fue un punto de inflexión para las regiones centrales, que fueron ocupadas, en parte, por grupos armados. La autoridad del Estado se debilitó cuando los funcionarios huyeron y abandonaron amplias franjas de territorio. La inseguridad hizo que algunos habitantes acudieran a las milicias -incluso a grupos radicales- en busca de protección o justicia. La operación militar francesa Serval expulsó a esos grupos en 2013, pero, cuando volvieron las fuerzas de seguridad del Estado, cometieron muchos abusos, en especial contra las comunidades nómadas como los fulani y tamasheq. Además, los habitantes locales se indignaron al ver que los funcionarios corruptos recuperaban sus puestos. El regreso del Estado ni restableció la seguridad ni mejoró las relaciones entre sus representantes y los habitantes de la región.

En este caldo de cultivo ha prosperado un grupo radical al que los medios denominan Frente de Liberación de Macina, vinculado al grupo yihadista Ansar Eddine. Se sabe poco de su naturaleza exacta y algunos incluso dudan de que exista, pero su presencia es innegable con los atentados mortales cometidos contra las fuerzas de seguridad en varios lugares de las regiones centrales desde comienzos de 2015. Se dice que el líder del grupo es Hamadoun Kouffa, un predicador musulmán fulani, famoso por sus fuertes críticas al Estado y las élites locales. Desde su aparición, el grupo ha convertido a los representantes del Estado en blanco de sus acciones y su retórica, y los funcionarios han vuelto a abandonar sus puestos. La violencia es cada vez mayor.

En esta región es difícil distinguir entre bandidaje, vendettas locales y las acciones de los grupos radicales. Estos últimos forman un núcleo muy decidido, a pesar de que son minoritarios, están menos estructurados y peor armados que los grupos radicales y carecen de sus vínculos con el tráfico ilegal. Están arraigando en las zonas rurales, donde se aprovechan de la falta de credibilidad del Estado y las frustraciones y los miedos de algunos habitantes.

Hasta ahora, la estrategia del Gobierno se ha centrado en la seguridad, y en cierta medida ha dado frutos. Pero no le ha permitido recuperar el control de todo el territorio central, y su brutalidad ha ampliado la distancia entre las autoridades y la población local. Las respuestas políticas no han tenido claridad ni ambición. La zona estuvo prácticamente ausente en las conversaciones de paz de Argel que desembocaron en la firma del acuerdo de paz de Bamako, en junio de 2015. Los socios internacionales de Malí, en general, han tenido escasa relación con el centro, porque están establecidos en Bamako y trabajan mucho más en el norte.

Algunas autoridades y élites locales tienen la tentación de mejorar la seguridad con la creación de unas milicias comunitarias de autodefensa. Estas milicias no pueden ser una solución duradera al problema de la inseguridad local, y todavía menos una forma de acabar con el desprestigio del Estado en la región. Con las enormes tensiones entre unas comunidades y otras y dentro de cada una de ellas, las milicias han fomentado preocupantes brotes esporádicos de violencia como el que saltó entre grupos armados bambara y fulani en mayo de 2016, que pudieron causar la muerte de más de 40 personas.

Malí central ha entrado en un periodo volátil, pero, si se presta atención a las señales de alarma y se toman medidas preventivas, quizá sea posible todavía detener la expansión de los grupos radicales. Prevenir las crisis ayuda más a contener a los extremistas que luchar contra el extremismo violento para prevenir las crisis.

La reacción del Gobierno no debe consistir exclusivamente en emprender operaciones antiterroristas, que contribuyen a que el pueblo rechace a las autoridades del Estado, sobre todo cuando van acompañadas de abusos. Por el contrario, el gobierno, en coordinación con las clases dirigentes locales, la sociedad civil y los socios externos, debería empeñarse más en restablecer los servicios públicos en estas regiones abandonadas durante tanto tiempo. Con ese objetivo, y para dejar clara su utilidad y su imparcialidad, debe planear sus actuaciones con cuidado, fijar sus prioridades y tener en cuenta que su autoridad no se basa sólo en mantener el orden, sino en su capacidad de ofrecer una justicia y una educación reales.

Este artículo es una traducción del original publicada en esglobal.

Puede leer las conclusiones, en el texto original en ingles, en www.crisisgroup.org

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