Presidenta de la CPI afectada por un escándalo de corrupción sobre Bashir
Jessica A Badebye en Nairobi - Kenia / The London Evening Post
Pie de foto: Presidenta de la CPI - Juez Silvia Alejandra Fernández de Gurmendi acusada de haber recibido fondos en su cuenta bancaria para 'comprar testigos para usarlos contra el Gen Bashir'
La presidenta de la Corte Penal Internacional (CPI) se enfrenta a peticiones de renuncia cuando se supo que puede haber recibido millones de dólares como recompensas financieras para asegurar la acusación del presidente de Sudán, Omar al Bashir. La información que llega a The London Evening Post dice que entre 2004 y 2015, la presidenta de la CPI nacida en Argentina, la juez Silvia Alejandra Fernández de Gurmendi, habría recibido en sus cuentas bancarias privadas en el Banco Popular en las Islas Vírgenes, el Primer Banco del Caribe en las Bahamas y la Congregación B'nai Israel fondos inexplicables de montaje de más de US $ 17 millones que supuestamente se utilizaron para sobornar a los testigos que permitieron a la CPI acusar al líder sudanés.
Los fondos habrían sido canalizados a través de las cuentas de la juez Fernández de Gurmendi por Barting Holding Ltd, Atlantic Corporation, Génesis Internacional Holdings y Napex Internacional, todas empresas financieras offshore, que supuestamente hicieron transferencias electrónicas que van desde US $ 150,000 y US $ 250,000 para las cuentas bancarias de la juez. Se alega que estos fondos fueron puestos a disposición de la juez Fernández de Gurmendi durante el tiempo que el presidente Bashir estaba bajo investigación y la CPI estaba buscando pruebas para procesarlo.
Se ha alegado además que los fondos canalizados a través de las cuentas de la juez Fernández de Gurmendi habrían sido distribuidos por ella a los grupos en Darfur incluyendo el Movimiento de Liberación de Sudán, antes el Frente de Liberación de Darfur fundada por Abdul Wahid al Nur y otros en 2002. Nombrada presidenta de la CPI en marzo del pasado año, Fernández de Gurmendi está acusada de haber utilizado los fondos a 'recluta y, preparar pruebas falsas y testigos para declarar contra el presidente Bashir'.
El escándalo ha llevado al director del Foro Panafricano, Dr. David Nyekorach Matsanga, a reclamar la dimisión de su cargo a la juez Fernández de Gurmendi Argumentó que no era apropiado para una juez de la CPI recibir sumas colosales de dinero que no explicadas muy por encima de su salario anual. Añadió que su renuncia permitiría investigaciones adecuadas que tendrían lugar en OTP, para demostrar que recibió grandes sumas de dinero en sus cuentas privadas a partir de 2004, año en el que el presidente sudanés, al Bachir fue acusado por el tribunal por cargos de crímenes contra la humanidad, hasta el año 2015.
Matsanga argumentó que la acusación contra el presidente Bashir ahora parece que se haya llevado a cabo a través de la corrupción de altos funcionarios de la CPI. "Pensamos que la CPI fue creada para atrapar dictadores en África, pero en cambio hacen su caza de brujas", cedió Matsanga. Añadió que en las directrices del entonces secretario general de la ONU, Koffi Anan, ex fiscal jefe de la CPI Luis Moreno-Ocampo fue escogido para ser el jefe fiscal de la CPI para ejecutar lo que él describe como "el plan de Anan molestar a África", que según él ha sido expuesto a nivel internacional por la modalidad de investigación empleada hasta ahora en los casos africanos en la CPI en la Haya.
Citando investigaciones de la CPI en Sudán, Kenia, Uganda, la República Centroafricana, la República Democrática del Congo, Libia y Egipto durante el mandato de Ocampo como fiscal jefe de la CPI, el Dr. Matsanga dijo que ya ha presentado pruebas a la CPI que muestran la participación de Ocampo, en el caso de Bashir . "Tenemos un amplio expediente de pruebas contra Ocampo y otros que trabajaron con él", dijo. Añadió que las pruebas que ha adquirido incluyen pruebas de vídeo y cintas de audio, así como estados de cuenta bancarios que muestran el movimiento de grandes sumas de dinero para comprar los testigos con el fin de facilitar el proceso contra el presidente de Sudán, Omar al Bashir.
