Somalia, entre el paradigma de estado fallido y la convocatoria de elecciones

Irene Infante

Si aplicamos la definición de “estado frágil” de Max Weber a un país como Somalia, se observa que el término expresado por el filósofo encaja perfectamente con la realidad del país africano. En él, el Estado ha perdido el control físico del territorio y el monopolio del uso legítimo de la fuerza. Asimismo, Somalia se muestra incapaz de garantizar los servicios básicos a su población, y de actuar como un miembro de pleno derecho en el seno de la comunidad internacional. Entre otros desastres, el país ha soportado hambrunas, la existencia de regiones prácticamente al margen del gobierno central, la proliferación de la piratería en el océano Índico y el golfo de Adén, así como grupos terroristas que controlan amplias zonas de Somalia.

A pesar de ser el único país africano con homogeneidad étnica –la somalí, de origen cusita, es la mayoritaria, y sólo existe una pequeña minoría árabe y bantú–, la República Federal de Somalia sufre enfrentamientos entre las diferentes tribus desde su creación, y es considerada, junto con Sudán, Sudán del Sur y la República Centroafricana, uno de los estados fallidos por excelencia del continente africano.

Tras lograr la independencia de los británicos y los italianos en los años sesenta, comenzaron los problemas en materia de seguridad, debido a las complicadas relaciones con los vecinos Etiopía, Yibuti y Kenia, pero fue a comienzos de los años 90 cuando Somalia comenzó a caer en una gran espiral de violencia y desorden, con la división del país en varias regiones prácticamente independientes: Somaliland, Puntland y Jubaland, y posteriormente Somalia del Sudoeste y Somalia Central. De este modo, el derrocamiento del dictador Mohammed Siad Barre provocó una lucha sin precedentes por el control del territorio entre los partidarios de presidente interino Alí Mahdi Mohamed y la del general Farrah.

En un intento por parar la guerra civil, la ONU aprobó la resolución 733 (1992), que decretó el embargo de armas al país. Tras el cese el fuego, y con el fin de garantizar la asistencia humanitaria a la población, se produjo la llegada al país de la primera fuerza de Naciones Unidas en la zona: ONUSOM I, activa en Somalia desde abril de 1992 a marzo de 1993, que, tal y como indica Ignacio Fuente Cobo, tenía como objetivo “aliviar la catastrófica situación en que se encontraba la población somalí”.

Piratería y terrorismo yihadista, un cóctel explosivo

No obstante, las sucesivas intervenciones en tierra de Naciones Unidas no fueron suficiente, y la fragilidad de Somalia a raíz de la guerra civil provocó la llegada de piratas a las costas durante el primer lustro del siglo XXI. Ante la incapacidad del país de hacer frente a esta amenaza y la falta de fuerzas navales regionales con las que derrotar a la piratería, los piratas pudieron hacerse con el control de las aguas territoriales somalíes. Esta ausencia de autoridad constituyó una amenaza para los barcos que procuraban asistencia humanitaria en tierra, el comercio marítimo y la subsistencia de los pescadores locales. Al mismo tiempo, la inestabilidad de Somalia es una fuente de ingresos para algunos países de la zona, debido a su situación estratégica, pues este país se encuentra, junto con Yemen, en la entrada y salida al Canal de Suez.

Con el fin de lidiar con esta situación se orquestaron en el año 2008 la operación Atalanta de la Unión Europea y la operación Ocean Shield de la OTAN. La primera de ellas tenía como principal objetivo proteger los barcos del Programa Mundial de Alimentos de los piratas y la misión AMISON de Naciones Unidas, así como proteger a los pesqueros locales e internacionales de los ataques de piratería. La operación Ocean Shield, po

r su parte, se desplegó con el fin de aumentar la seguridad a nivel regional y fortalecer a las fuerzas navales de los países de la zona en la lucha contra la piratería.

El éxito de las operaciones ha provocado que el problema en el mar haya remitido considerablemente, en parte por la constante presencia de los buques de vigilancia en la zona. Sin embargo, en tierra firme, el camino en la estabilización del país es largo. De este modo, según indican algunos expertos que han participado en la operación Atalanta, “la misión marítima ya está casi terminada, es en tierra donde se debe actuar para reconstruir el país”.

En este sentido, la expansión del terrorismo yihadista de corte wahabita, liderada por Al Shabaab, es probablemente el principal desafío al que Somalia debe enfrentarse. Surgida como una escisión de la Unión de Tribunales Islámicos (UTI) en 2006, controló hasta 2011 la capital de Somalia. Ante el intento por imponer de forma rigurosa la aplicación de la Sharia en todo el territorio, Etiopía y la Unión Africana, el GFT se enfrentó con las milicias, lo que acrecentó los enfrentamientos a lo largo de todo el territorio.

Entre los blancos de los ataques de Al Shabaab se encuentran las bases de misiones internacionales de Naciones Unidas, los soldados somalíes y la propia población civil. Sus métodos abarcan desde los atentados 

suicidas hasta el secuestro de personas con el objetivo de autofinanciarse.

A mediados de enero de este año, una de las bases de la Misión de la Unión Africana en Somalia (AMISOM), cercana a la frontera con Kenia, sufrió un ataque por parte de las milicias islamistas. También en enero se cometió un brutal atentado contra un restaurante en Mogadiscio, que provocó el fallecimiento de al menos 20 personas. Un mes después, el atentado del grupo terrorista en el hotel SYL en la capital minó la vida de otras 20 personas. No obstante, durante el pasado año, 5.235 mujeres y niños se beneficiaron del programa de alimentación terapéutica y suplementaria de clínicas de la Media Luna Roja Somalí en el país, que actúa conjuntamente con la Cruz Roja en Somalia.