Sudán se agita

Chema Caballero. Mundo Negro

Las nuevas medidas neoliberales que el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha recomendado a Sudán y el alto gasto militar del país están detrás de los disturbios que en la última semana han sacudido el país a partir de la subida repentina del precio del pan. A pesar de la fuerte represión con la que el Gobierno ha respondido a estos, es posible que nos encontremos ante el despertar de la sociedad civil sudanesa.

El viernes 5 de enero, el coste del pan se disparó en Sudán como consecuencia de la privatización de la importación de trigo. El Gobierno ha dejado de controlar esta actividad y la ha liberalizado. Ahora está en manos de empresas privadas. La primera consecuencia de esta medida ha resultado ser la escasez de grano, razón por la cual los fabricantes de harina tuvieron que subir el precio de su producto. Un saco de harina de 50 kilos ha pasado de 167 a 450 libras sudanesas (54 euros). Esto ha repercutido directamente sobre el precio del pan.

Este hecho provocó que el mismo viernes estudiantes de la universidad protestaran por las calles del centro de Jartum. La marcha fue duramente reprimida por la policía que lanzó sobre ellos gases lacrimógenos. Simultáneamente, los partidos de la oposición empezaban a organizar manifestaciones antigubernamentales. La situación se repitió en otras ciudades, como Sennar, donde decenas de ciudadanos se unieron a la protesta de los estudiantes al grito de “Ciudadano, exige tus derechos”, según relata The Daily Mail, que cita testigos presenciales.

Los partidos de la oposición han aprovechado la coyuntura para afirmar que la única forma de resolver este problema es derrocar al régimen. Por eso llamaron a sus seguidores a manifestarse pacíficamente porque la única “forma de derrocar a este régimen es salir a la calle y manifestarse para recuperar la dignidad del pueblo sudanés y sus libertades”, dijo el portavoz del Partido Comunista.

El sábado y domingo siguientes se repitieron las manifestaciones. El domingo fueron especialmente virulentas en áreas devastadas por la guerra en los estados de Darfur y Blue Nile, así como, de nuevo, en la capital. Los manifestantes quemaron neumáticos y bloqueando carreteras y la policía disparó de nuevo gas lacrimógeno. Como consecuencia de la respuesta policial un estudiante de secundaria murió el domingo y otras seis  personas resultaron heridas.

Ese mismo día por la mañana, agentes de seguridad confiscaron las tiradas de seis periódicos que habían criticado al Gobierno por el aumento del precio del pan. “No se dio ninguna razón para confiscar copias de nuestro periódico, pero creo que se debió a  nuestra cobertura transparente del aumento del precio de los alimentos”, dijo Hanadi Al-Sidiq, editor de Akhbar Al-Watan. El mismo día, fue arrestado Omar Al-Dageir, presidente de uno de los principales grupos de oposición: Sudanese Congress Party.

Sudán ya había presenciado protestas esporádicas similares a finales de 2016, tras la decisión del Ejecutivo de reducir los subsidios a los combustibles y el aumento del coste de los alimentos, las medicinas y la electricidad. Las autoridades tomaron medidas enérgicas contra esas protestas en un intento de evitar que se repitieran los disturbios mortales que siguieron a una ronda similar de recortes de subsidios en 2013. En aquella ocasión, Amnistía Internacional denunció que al menos 185 personas habían muerto a causa de la fuerte represión de los disturbios. Además, 800 activistas, miembros de partidos de la oposición y periodistas fueron detenidos. Desde entonces, las protestas en Sudán han sido mucho más débiles y los principales partidos han bajado el tono de sus reivindicaciones al pedir a sus seguidores que se manifiesten de forma pacífica.

En 2013 y 2016, los recortes en los subsidios venían provocados por la independencia de Sudán del Sur en 2011, que hirió fuertemente a la economía sudanesa al privarla de casi tres cuartos de su producción de petróleo de la que dependían los ingresos del estado y las divisas utilizadas para importar alimentos. Sin embargo, en esta ocasión la subida del precio del pan viene motivada por la privatización de un sector que es clave para el país.

Sudán se encuentra inmerso en la implementación de un programa de reformas económicas recomendado por el FMI para tratar de impulsar su economía. Estas medidas llegan justo después de que a principios de octubre Estados Unidos levantase las sanciones que tenía impuestas a este país. Washington alega que Jartum ha comenzado a abordar las cuestiones sobre terrorismo que pesaban sobre ella, así como los abusos contra los derechos humanos de los civiles en la región de Darfur. Igualmente, en septiembre, la administración Trump sacó a Sudán de la lista de países cuyos ciudadanos están sujetos a restricciones de viaje.

En su última visita al país, el FMI constató que las condiciones económicas en Sudán siguen siendo difíciles seis años después de que Sudán del Sur se separara, con la mayor parte de la producción de petróleo y las exportaciones restantes en su territorio. Una consecuencia directa de esto es la alta inflación a la que se enfrenta el país, que en estos momentos se sitúa en el 30%. De ahí que el organismo internacional haya recomendado medidas de austeridad. Las autoridades sudanesas han decidido obedecer estas pautas y han emprendido reformas para ayudar a estabilizar la economía y restablecer el crecimiento. Para ello, entre otros pasos a seguir, el FMI recomendaba volver a reducir los subsidios a la energía y liberalizar la economía para facilitar la inversión extranjera. Rápidamente el Gobierno del presidente Omar al-Bashir se ha hecho eco de esas sugerencia y una de las primera disposiciones adoptadas ha sido la de liberalizar la importación de grano, lo que, como ya hemos señalado, ha conducido a una escasez del producto y al alza de los precios del pan. Igualmente, el año ha comenzado con una devaluación de la libra sudanesa, que ha pasado de 6.7 libras por dólar, al actual 18; más del doble. Lo que también repercute directamente en el precio de los productos básicos.

Bashir llegó a la presidencia de Sudán en 1989 tras un golpe de Estado. Se mantuvo en el poder de facto hasta 1993 cuando organizó elecciones que desde entonces siempre gana él. Son ya casi 29 años gobernando el país con mano de hierro. Durante todo este tiempo ha sobrevivido a sanciones comerciales, crisis económicas, un intento de golpe de Estado el año pasado y a la orden de arresto internacional lanzada por la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra cometidos en Darfur.

Desde la independencia de Sudán del sur, Sudán ha experimentado una profunda crisis económica que pone en riesgo el bienestar de su población. A pesar de ello, el país mantiene un alto gasto militar para hacer frente a los conflictos que mantiene abiertos en Darfur, Blue Nile y los montes Nuba, lo que se lleva gran parte de su presupuesto. Según la fuente que se consulte, en 2016, Sudán dedicó el 25% o el 70% de su presupuesto a seguridad y defensa. Sobre el papel, la cantidad destinada a este fin era de 17 mil millones de libras sudanesas (1.670 millones de euros, aproximadamente), lo que supone un cuarto del total de su presupuesto. Pero Quartz Africa estima que el total gastado en esta partida es mucho mayor. Esto representaría 25 veces más que lo que el Gobierno de al-Bashir gastó en sanidad, o 10 más de lo que lo hizo en educación. Independientemente de la cantidad real destinada a este fin, lo que estas cifras reflejan es el alto gasto militar en un país donde más de la mitad de la población vive en la pobreza.

De ahí que no sea nada de extrañar que, a pesar del miedo que impera en el país a la represión de las fuerzas de seguridad, jóvenes, activistas y miembros de la oposición hayan vuelto a movilizarse para protestar no solo contra la subida del pan, sino también reclamando respeto a los derechos humanos. Poco a poco, la tensión escala en el país y es posible que estemos ante el inicio de una verdadera revuelta popular que, de no tomarse las medidas oportunas, podría estallar en los próximos años.

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