Túnez quiere juzgar a Ben Ali y antiguos ministros por asesinatos y torturas

Paco Soto

Pie de foto: El antiguo dictador de Túnez, Zine El Abidine Ben Ali.

El antiguo dictador de Túnez, Zine el Abidine Ben Ali, y varios ministros y altos cargos de su régimen se van a tener que enfrentar a la Justicia de su país por ser responsables directos de numerosos asesinatos y torturas. La Instancia Verdad y Dignidad (IVD),  que se encarga de reparar los daños cometidos a numerosas víctimas de la dictadura de Ben Ali, ha dado pasos importantes para desvelar los mecanismos del sistema represivo del régimen anterior, alabado durante años por Europa y Occidente, sobre todo por Francia y Estados Unidos, sus grandes apoyos políticos, económicos, militares y policiales.

La institución ha entregado la primera documentación –dos carpetas- relacionada con islamistas asesinados en el año 1991. “Hemos investigado sobre quién daba las órdenes, desde torturadores profesionales hasta el secretario de Estado en el Ministerio del Interior, y la pista nos ha llevado hasta el presidente de la República”, anunció la expositora Sihem Bensedrine, presidenta de la IVD. Bensedrine aseguró que “tenemos pruebas tangibles de que el propio presidente intentó maquillar el crimen”, utilizando, por ejemplo, ciertas técnicas propuestas por un ministro, explicó la antigua y valiente opositora a la AFP. La documentación de la IVD son “manuscritos firmados por altos responsables del Estado, que estaban informados de los crímenes y también participaron en ellos”, señaló Bensedrine.

Luchar contra la impunidad

Zine El Abidine Ben Ali es un exgeneral que llegó al poder en 1987, apartando de la jefatura del Estado al presidente autoritario Habib Bourguiba y prometiendo reformas de naturaleza democrática. Todo fue un montaje para acceder a la presidencia de la República e implantar una férrea dictadura. Desmanteló el sistema socialista y burocrático de Bourguiba e implantó un régimen de corte corporativista y neoliberal, dando rienda suelta a la corrupción, el clientelismo y el nepotismo.

Reprimió la oposición, desde los islamistas hasta la izquierda radical, y convirtió el país en una cárcel. Estando viviendo en Arabia Saudí, donde está exiliado, fue condenado en su país por torturas a varios años de cárcel. La IVD consideró que Ben Ali cometió “crímenes sistemáticos” contra su pueblo y contó con la plena colaboración de las más altas instancias del Estado, según Sihem Bensedrine. La expositora destacó que “hay centenares de víctimas y unas cuantas decenas de torturadores implicados en diversos asuntos”. “El objetivo de recurrir a la Justicia es de luchar contra la impunidad en Túnez”, indicó Bensedrine. Algunas ONGs tunecinas han criticado la incapacidad de la Justicia por perseguir a represores de la etapa de Ben Ali.

Pie de foto: Protesta callejera contra la dictadura de Ben Ali, en 2011.

El reto que se ha marcado la IVD es esclarecer lo que ocurrió en Túnez entre 1955 y 2013 en materia de corrupción y violaciones de los derechos humanos. Algunas violaciones fueron terribles; es el caso, por ejemplo, de Rachid Chammakhi, preso islamista miembro del movimiento Ennahda, que murió el 17 de octubre de 1991. La fecha del juicio, que se llevará a cabo en Nabeul (norte del país), aún no se ha fijado. 

Numerosos perseguidos

Treinta y tres personas están perseguidas por “violaciones graves” de los derechos humanos. Entre los represores se encuentran exministros como los de Interior y Justicia y altos responsables que trabajaban en estos mismos departamentos. Hasta ahora, 47 personas han sido perseguidas por “crímenes contra la humanidad”. Después de la denominada ‘Revolución de los Jazmines’, que en 2011 derrocó a Ben Ali, el que fue ministro del Interior entre 1991 y 1995 y se vio implicado en la muerte del islamista Chammakhi, Mohamed Khallel, fue condenado a dos años de cárcel pero por otro asunto.

Las primeras audiencias de la IVD empezaron en 2016, y en ellas familiares de víctimas contaron cómo fueron detenidas y maltratadas. La IVD fue fundada en 2014 y sus competencias de investigación y denuncia se basan en tres supuestos: violaciones, torturas y asesinatos. La instancia ha recibido más de 62.000 dosieres, y estudia el caso de 50.000 violaciones de los derechos humanos. Ha sido criticada por su supuesta falta de contundencia en su trabajo. Aun así, su mandato ha sido prolongado hasta 2018, a pesar de que a finales de marzo el Parlamento se opuso.