Paco Soto

Pie de foto: Entrada de un cuartel militar en Túnez.

Un proyecto de ley sobre la represión de los ataques a la Policía y las Fuerzas Armadas ha desencadenado una polémica política y social en Túnez, el país más democrático y avanzando del Magreb. El Parlamento, donde se tiene que debatir el proyecto de ley 25/2015, se va a convertir en el centro neurálgico de dicha polémica. Los grupos opositores al Gobierno de Youssef Chahed y los colectivos defensores de los derechos humanos temen que la norma, si es aprobada, limite las libertades públicas y otorgue una mayor impunidad a la Policía y las Fuerzas Armadas en la garantía del orden público. La muerte de un agente en la ciudad de Sidi Bouzid, el pasado mes de junio, durante una intervención policial para acabar con los enfrentamientos entre dos tribus, hizo sonar la alarma. El Gobierno considera que los uniformados necesitan una mayor protección legal para evitar abusos por parte de algunos sectores radicalizados de la población, que se enfrenta a graves problemas sociales y económicos y a los zarpazos del terrorismo yihadista. Además, los sindicatos policiales plantean que el proyecto de ley, que fue presentado por primera vez en el Parlamento, en 2015, por el Ejecutivo de Habib Essid, sea reintroducido y debatido en la Cámara.

La Policía, pero también los militares, se enfrentan muy a menudo a acciones violentas en manifestaciones y otros actos de protesta, y, según los sindicatos policiales, los agentes se encuentran desbordados y desprotegidos para hacer frente a situaciones complejas. El Gobierno de Chahed comprende y apoya el descontento de las fuerzas de seguridad tunecinas. Por su parte, los detractores del proyecto de ley cuestionan la oportunidad de una normativa que consideran liberticida. En este sentido, la Unión General Tunecina del Trabajo (UGTT), el sindicato más importante del país, expresó su hostilidad al proyecto de ley este mes. El primer paso en la defensa del proyecto de ley lo dieron el ministro del Interior y representantes de los sindicatos policiales ante los diputados y miembros de la Comisión de Legislación General del Parlamento. De momento, los colectivos críticos aún no han comparecido en la Cámara para exponer sus opiniones. Dichos grupos tienen muchas reservas sobre el carácter constitucional del proyecto de ley. Por ejemplo, denuncian el hecho de que sea obligatorio pedir una autorización a las autoridades antes de difundir o realizar un documental sobre temas de seguridad nacional.

Pie de foto: La Policía carga contra una manifestación en la capital tunecina.

Controlar a los periodistas

Consideran estos grupos críticos que los gobernantes y los sindicatos policiales quieren controlar y coartar el trabajo de los periodistas; por ejemplo, cuando informen sobre el desarrollo de una manifestación. “Otro punto cuestionable es la noción de ultraje a las Fuerzas Armadas”, señala Aman Guellali, jurista y directora de la oficina de Túnez de Human Rights Watch (HRW). Amnistía Internacional (AI) es también una ONG muy crítica con esta norma, y alerta que podría restringir la libertad de expresión y de prensa. En el Parlamento tunecino, un sector de los diputados miembros de los partidos que conforman el actual Gabinete (conservadores y laicos, islamistas y liberales) apuesta por la aprobación de la ley y un apoyo más firme a las fuerzas de seguridad. La corriente crítica en la oposición piensa que el Código Penal y el Código de Justicia Militar ya establecen cuáles son los deberes, derechos y libertades de toda la ciudadanía, y no ve necesaria ampliar la legislación. Algunos diputados críticos podrían presentar recursos de inconstitucionalidad al proyecto de ley. AI aseguró hace unos días que el polémico proyecto de ley “no es necesario y es una fuerza letal” al servicio de la Policía, según declaró la directora de Investigación de esta ONG para África del Norte, Heba Morayef.

“Una etapa peligrosa”

Destacó Morayef que el proyecto de ley es “una etapa peligrosa hacia la institucionalización de la impunidad en el sector de la seguridad tunecino”. “En Túnez, los abusos cometidos en nombre de la seguridad quedan casi todos impunes. Esto ha creado una atmósfera de impunidad omnipresente, y las fuerzas de seguridad piensan que están por encima de la ley”, recalcó la responsable de AI. El pasado 6 de julio, centenares de policías se manifestaron delante del Parlamento para reclamar una norma legal que les garantice todavía más protección. El Sindicato Nacional de Fuerzas de Seguridad quiso aclarar que su objetivo no era generar “ni miedo ni terror”, porque “el agente de seguridad hace parte de este pueblo”. Chokri Hamada, portavoz de la organización sindical, pidió, en declaraciones a la AFP, que “el Estado proteja a sus hombres”. Algunos sectores de la población cuestionan la actitud de los policías, porque están cansados de ver cómo muchos de ellos vulneran a diario las leyes y se comportan con prepotencia. La tortura y los malos tratos policiales son otro grave problema en el país norteafricano y una de las peores herencias del régimen dictatorial de Zine El Abidine Ben Ali. En otro orden de cosas, en Marruecos, el periodista rifeño Hamid El Mahdaoui, detenido el pasado 20 de julio durante la marcha no autorizada que se celebró en Alhucemas y fue disuelta violentamente por la Policía, fue condenado a tres meses de prisión y 20.000 dirhams de multa (unos 1.900 euros) por “incitar a una manifestación prohibida”, según informó su abogado, Mohamed Hadache. El periodista es director de publicación del portal ‘Badil.info’, y es conocido por sus posiciones muy críticas con el poder.

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