Paco Soto

Pie de foto: Una manifestación en Túnez contra una ley de amnistía por delitos de corrupción.

Túnez es un país pequeño y modesto en el Magreb, pero ha demostrado a sus vecinos que la democracia es un objetivo compatible con una sociedad mayoritariamente musulmana. El dictador Zine El Abidine Ben Ali fue derrocado en 2011 en el marco de la denominada ‘Revolución de los Jazmines’. Esta revuelta popular abrió la puerta a lo que politólogos, expertos en el islam y periodistas llamaron la ‘Primavera Árabe’. En los últimos seis años, a pesar de graves problemas económicos y sociales, inestabilidad política y duros golpes del terrorismo yihadista, Túnez ha ido construyendo poco a poco, con altos y bajos, un Estado de derecho. La transición democrática tunecina no es perfecta, pero es un ejemplo para el conjunto del Magreb y del llamado mundo árabe. No obstante, los problemas que sufre el país magrebí son muchos, se acumulan y corroen las frágiles instituciones democráticas. La corrupción es en este momento uno de los principales obstáculos a la consolidación democrática de Túnez. Según un informe sobre Túnez del think tank estadounidense Carnegie Middle East Center, la corrupción se ha extendido por todos los mecanismos económicos y políticos y corroe también los aparatos de seguridad del país.

Prácticas corruptas generalizadas

Tanto es así que, según alerta el laboratorio de ideas estadounidense, la corrupción está más extendida en la actualidad que durante el régimen dictatorial de Ben Ali. Entre otros motivos, porque en tiempos de la dictadura, la corrupción estaba controlada y monopolizada por el clan de Ben Ali, su familia y amigos, mientras que en la actualidad se “ha extendido como un reguero de pólvora. Los ciudadanos están implicados cotidianamente en prácticas de corrupción y se provechan”. Carnegie Middle East Center constata en su informe que una parte de la sociedad civil reacciona contra la corrupción y los gobernantes han tomado algunas medidas legales para combatir esta lacra, que “está más extendida que en tiempos de Ben Ali”. El think tank considera que Túnez tiene que luchar en dos frentes. Por una parte, combatir “el sistema de cleptocracia (sistema basado en la corrupción, el nepotismo y el clientelismo político) y la pequeña corrupción generalizada”.

Pie de foto: El primer ministro de Túnez, Youssef Chahed.

Un marco común

Para que este objetivo se convierta en realidad –destaca el laboratorio de ideas-, el Gobierno y la sociedad civil tienen que ponerse de acuerdo sobre un marco común que defina la estrategia a seguir contra la corrupción. De momento, las autoridades y la sociedad civil no han alcanzado un acuerdo de esta naturaleza. Según Carnegie Middle East Center, esto es así porque el Gobierno ha centrado su actividad en el terreno legal y se ha olvidado de llevar a cabo una ofensiva en todos los frentes contra la corrupción y los corruptos. En segundo lugar, los colectivos de ciudadanos comprometidos con la democracia se han preocupado más por la defensa de los derechos humanos que por combatir la corrupción. Una parte de la población no entiende que haya sido aprobada una ley de amnistía por delitos de corrupción que permitiría la excarcelación de empresarios relacionados con el régimen de Ben Ali. Hace unos meses, el primer ministro del país, Youssef Chahed, declaró “la guerra a la corrupción”. Muchos ciudadanos no se lo acaban de creer.

Recomendaciones al Gobierno

Así las cosas, el think tank hace algunas recomendaciones al Gobierno de Youssef Chahed para que pueda llevar a cabo una lucha eficiente contra la corrupción. En primer lugar –opina Carnegie Middle East Center-, el Gobierno tendría que aplicar las leyes que se han aprobado y obligar a los altos responsables del Estado a que declaren públicamente sus bienes. Además, las reformas aprobadas por el Gobierno tendrían que ser aceptadas por la población. Un tercer objetivo sería conseguir una verdadera independencia del poder judicial respecto al ejecutivo en materia de lucha contra la corrupción y disponer de un tribunal constitucional que garantice esta aspiración. El laboratorio de ideas estadounidense señala que el Gobierno también debería invertir más medios para controlar la economía sumergida, proteger con mayor eficacia las zonas fronterizas y mejorar la educación.

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