Sánchez acata el 2 por ciento en Defensa con 10.470 millones de euros adicionales
Menos de 30 días ha tardado el presidente Sánchez en rebautizar el inicial Gran Plan Nacional para el Desarrollo e Impulso de la Tecnología y la Industria de la Seguridad y la Defensa españolas del que habló ante el pleno del Congreso el 26 de marzo.
La propuesta con la que Sánchez aspira a cumplir en 2025 con las exigencias que desde Bruselas le impone Úrsula von der Leyen y el secretario general de la OTAN, el neerlandés Mark Rutte, las acaba de dar a conocer “urbi et orbi” bajo el más pomposo nombre de Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa de España y Europa. Pero a las bravas, sin pretender someterse a la aprobación del Congreso ni contar con el apoyo de sus aliados de Gobierno.
¿Qué incluye el Plan Industrial y Tecnológico? En una comparecencia de 38 minutos en el Palacio de la Moncloa, el jefe del Ejecutivo ha dado unas pinceladas de su contenido y su volumen económico, con los que asegura que España va a “saltar del 1,4 por ciento del PIB en inversión de Seguridad y Defensa en el año 2024 al 2 por ciento en 2025”. El documento es un “refrito2 del director de Asuntos Económicos de Presidencia, Manuel de la Rocha, basado en las aportaciones del Estado Mayor de la Defensa y de los Ministerios de Industria y Ciencia.
Para conseguir la conformidad de la OTAN ‒en donde rigen normas muy claras sobre lo que se considera o no que es un gasto o una inversión en la vertiente de la defensa‒, el Consejo de Ministros ha aceptado destinar una inversión “relevante” de 10.471,14 millones de euros “adicionales” a los que ya cuenta el Ministerio de Defensa. Pero “sin subir impuestos, sin tocar ni un céntimo la inversión en el Estado del Bienestar y sin incurrir en un mayor déficit público”, ha recalcado Pedro Sánchez. Y, además, en los ocho meses que restan de año, “ejecutar toda la partida presupuestaria del Plan”.
El jefe de Gobierno ha anticipado que su Plan viaja a Bruselas hoy miércoles, 23 de abril, para que sus “fundamentos técnicos y presupuestarios sean evaluados por la OTAN y la Unión Europea”. Si recibe el visto bueno, el presidente podrá presentar los todavía desconocidos detalles ante el Congreso y presumir de “consolidar” España como un “miembro central y fiable de la UE y de la Alianza”, letanía que repiten sin cesar tanto Sánchez como su ministra de Defensa, Margarita Robles.
Y es que el presidente ha subrayado en la Moncloa que el 81,25 por ciento del volumen económico de su plan va destinado a partidas “no relacionadas con armamento”. Por tanto, es posible que sus iniciativas reciban objeciones de calado en Bruselas y que la llamada “nueva ola de innovación y reindustrialización en torno a las tecnologías de doble propósito”, sufra un varapalo que exija su modificación.
Los cinco pilares del plan Sánchez
La versión española del Plan ReArmar Europa se asienta sobre lo que el propio presidente ha calificado como “cinco grandes pilares”. El primero y principal concentra el 35,45 por ciento de la inversión total y dedica 3.712,49 millones de euros a “mejorar las condiciones laborales de la tropa y la marinería, aumentar su número de efectivos, su preparación y sus equipamientos”.
El segundo conjunto de acciones va dirigido a “fabricar y adquirir nuevas capacidades de telecomunicaciones y ciberseguridad”. Asciende a 3.262,76 millones de euros, representa el 31,16 por ciento del total de la inversión y lo que busca es “modernizar los sistemas de comunicaciones cifradas de las Fuerzas Armadas con la compra de nuevos satélites, antenas y radares”.
No queda claro si en el segundo capitulado están contemplados los dos nuevos satélites espía Paz 2 y los de comunicaciones seguras Spainsat NG, el primero de los cuales ya está en órbita desde principios de año. Lo que si se incluyen son actuaciones para reforzar los instrumentos de ciberseguridad de uso civil y militar en la nube, tecnologías 5G, Inteligencia Artificial y la computación cuántica “para crear un escudo digital frente a los hackers extranjeros”.
El tercer pilar concentra el 18,75 por ciento de la inversión total. Son 1.962,98 millones de euros, que se van a destinar a “la fabricación y compra de nuevos equipos de defensa y de disuasión”, eufemismo para evitar hablar de la compra de misiles, nuevos sistemas de armas y avanzadas plataformas de combate terrestres, aéreas y navales.
El cuarto cimiento sobre el que descansa la propuesta que hoy remite Sánchez a Bruselas representa el 16,73 por ciento de la inversión total. Son 1.751,53 millones de euros y su destino es “reforzar las capacidades duales de nuestras Fuerzas Armadas”, pero para que “también ayudan en la gestión de emergencias y desastres naturales”, ha puntualizado el presidente.
Rearmarse con un buque hidrográfico
Según Sánchez, con los 1.750 millones, España va a ampliar su flota de helicópteros… “de rescate, también de apoyo logístico, adquirir nuevos vehículos lanza puentes, aviones cisterna para la extinción de incendios (¿?), fletar un nuevo buque hidrográfico y modernizar las infraestructuras de Defensa que deben responder a situaciones de emergencia que afectan a la seguridad nacional”.
El quinto y último de los capitulados está enfocado “a mejorar las condiciones de seguridad” de los casi 3.000 militares y guardia civiles que integran las 16 misiones que España lleva a cabo en el exterior bajo bandera de la ONU, la UE o la OTAN. A su labor se para las que se dedican 328,74 millones, el 3,14 por ciento del total.
¿De dónde van a aflorar los 10.471 millones consignados al Plan? Sánchez lo ha señalado en su intervención y lo ha reiterado en el turno de preguntas. En primer lugar, de “reorientar los más de 1.300 millones de euros de algunas partidas de los PERTE, entre ellos del destinado a ciberseguridad”. También de los “ahorros generados por la gestión rigurosa de la política económica del gobierno”, ha dicho, y de “ciertas partidas de los Presupuestos Generales de 2023 que ya no se necesitan”.
El presidente se ha comprometido a que “la mayor parte del dinero que vamos a movilizar se quede en España”. Ha precisado que su estimación es que “el 87 % de la inversión”, en torno a unos 9.000 millones de euros, “irá a parar a empresas y trabajadores españoles de sectores muy diversos y en todas las comunidades autónomas del país”.
Ha adelantado que los fondos van encaminados hacia los “corredores industriales de seguridad y defensa que ya existen en el norte, sur, este y oeste de España”, franjas que, ha asegurado, “vamos a ampliar a nuevos territorios, para que las empresas puedan aumentar su actividad, sus plantillas y modernizar sus sistemas productivos”. Y ha dicho que “menos del 5 por ciento de la inversión” se va a destinar a la adquisición de “piezas de repuesto o componentes imprescindibles” que, a día de hoy, no se producen en Europa. Es decir, que alrededor de 520 millones de euros serán para compras fuera del ámbito de la UE.
Pedro Sánchez también ha indicado que la estimación del Gobierno es que el Plan va a “incrementar el PIB nacional entre un 0,4 y un 0,7”, que va a aumentar la investigación y el desarrollo “en casi un 18 por ciento” y que “creará en torno a 100.000 empleos, 36.000 directos y unos 60.000 indirectos… la mayoría con niveles de cualificación y salarios superiores a la media en nuestro país”. Ante tal afirmación, cabe preguntarse por qué no se ha puesto en marcha antes un plan con tantas ventajas.
