¿Endurecer el asilo?
La migración parece haberse convertido en un tema político candente en todo el mundo occidental, tal y como explica Víctor Arribas. A pesar de ello, los inmigrantes no votan, lo que hace que su opinión no suela contar en los debates políticos ―a pesar de que las políticas migratorias les afecten personalmente― y que además las promesas incumplidas por los candidatos ganadores no suelan pasar factura en las siguientes elecciones.
Hace unos años, cuando Pedro Sánchez no era presidente sino líder de la oposición, el secretario general del PSOE exigía al gobierno de Rajoy “pasar de las buenas palabras a los hechos” en lo referente al asilo. Al poco de llegar al poder, Sánchez abrió las puertas al Aquarius, un buque que había rescatado a 629 inmigrantes naufragados en el Mediterráneo. La operación fue un éxito propagandístico, pero desde entonces los hechos no han acompañado este gesto aislado.
Esta semana, un importante medio nacional ha anunciado que el Gobierno está preparando una nueva ley que “endurecerá” las condiciones de asilo. El borrador de la ley al que dicho diario ha tenido acceso no ha sido publicado ni filtrado a otros medios, de modo que es difícil saber cómo se concretará este “endurecimiento”. Según el mismo diario que publica la noticia, la nueva ley permitirá que se denieguen las solicitudes de asilo de aquellas personas procedentes de países que cuenten con zonas donde puedan establecerse con seguridad. No obstante, esta medida iría en contra de del principio de no-devolución recogido en la Convención de Ginebra sobre los refugiados, de la que España es firmante. Habrá que esperar a tener acceso al proyecto de ley antes de especular más sobre ella.
En cualquier caso, es curioso que se plantee que España puede endurecer más el asilo. Más allá de la retórica alarmista de algunos partidos políticos y de la autocomplacencia del Gobierno, la realidad es que el sistema de asilo en nuestro país está completamente colapsado, algo de lo que la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) lleva advirtiendo desde 2017. El colapso se debe al aumento espectacular de las solicitudes de asilo y a la lentitud, pero también a una administración que no se ha adaptado a los nuevos desafíos. España concede el estatus de refugiado a un porcentaje muy bajo de los solicitantes (solo un 2,75% de las solicitudes procesadas en 2019), y además es uno de los países de la Unión Europea que acumulan más solicitudes pendientes debido a la lentitud del sistema.
Las cifras del sistema de asilo español, publicadas cada año por el Ministerio de Interior y sintetizadas por CEAR, nos ofrecen una buena perspectiva de la dimensión del problema: Entre 2007 y 2014 se registraron en total 34.411 solicitudes de asilo, mientras que solo en 2017 se dieron 31.120 casos, cifra récord que volvió a ser superada en 2018 (54.065) y 2019 (118.264). En otras palabras: en 2019 se recibieron casi 20 veces más solicitudes que en 2014. Este aumento espectacular de las solicitudes no ha sido acompañado por una ampliación de la plantilla de funcionarios destinada a examinar las solicitudes ―de hecho, a finales de 2017 hubo una reestructuración en la plantilla de la Oficina de Asilo que agravó los retrasos. En la actualidad quedan más de 130.000 solicitudes de asilo sin tramitar, muchas de ellas pendientes desde 2018.
Aunque el estereotipo de refugiado es el de una persona procedente de África u Oriente Medio que ha atravesado el Mediterráneo en una embarcación irregular, lo cierto es que la mayoría de los solicitantes de asilo en España proceden de Hispanoamérica. Durante los últimos cuatro años, Venezuela ha sido el país líder en peticiones. La evolución de las cifras refleja bien el desarrollo de la crisis humanitaria y la descomposición del régimen de Maduro: Si en 2015 tan solo 596 venezolanos solicitaron asilo en España, en 2016 lo hicieron 3.960 personas, 10.350 en 2017, 19.280 en 2018 y 40.906 en 2019, números que coinciden con el aumento de refugiados venezolanos a nivel global. Sin embargo, hasta el año pasado la mayoría de las peticiones de asilo de venezolanos en España eran denegadas. En 2017, el 99% las solicitudes de venezolanos tramitadas recibieron una respuesta negativa y tan solo 15 personas obtuvieron el estatus de refugiado. En 2019 no fueron muchos más (48), pero por primera vez se concedieron permisos de residencia temporal por razones humanitarias de los cuales han podido beneficiarse 39.667 venezolanos.
No debemos olvidar que tras las cifras y las estadísticas hay personas. Tanto los inmigrantes como los funcionarios y policías afectados por el colapso del sistema llevan varios años denunciando las largas colas y las esperas en los centros que tramitan las peticiones de asilo y extranjería. El retraso burocrático genera una enorme incertidumbre a los solicitantes de asilo, que no saben si serán admitidos en España o deportados y que no pueden regularizar su situación o acceder a permisos de residencia y trabajo. Conozco personalmente a varias personas que, a pesar de haber recibido una respuesta positiva de la administración, llevan meses esperando su tarjeta de residencia, con todo el estrés, ansiedad e inseguridad que eso conlleva, pues no pueden alquilar un piso u optar a un puesto de trabajo legal.
Como vimos en el caso de la lucha contra la migración irregular, las cifras y la realidad sobre el derecho al asilo en España contrastan con la cobertura de los medios y con el discurso de los partidos políticos. Aunque parezca lo contrario, España es un país bastante restrictivo en materia de refugio y además el sistema de asilo está completamente desbordado por la falta de personal y medios. Probablemente, la idea de “endurecer las condiciones de asilo” haya sido un globo sonda del gobierno. No obstante, la verdadera cuestión, vistas las cifras y la situación de la administración, es si realmente estas condiciones se pueden endurecer más.