¿Pasaporte a la discriminación?
Muchas empresas están preparando sus propias apps sobre todo dirigidas a abrir corredores turísticos seguros comenzando por los medios de transporte, los hoteles, la hostelería y el ocio.
La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés) está diseñando una app gratuita denominada Travel Pass; cada aerolínea será libre o no de suscribirse y de exigir a sus clientes que estén vacunados o bien lleven una PCR negativa.
Ya British Airways utiliza su pasaporte sanitario y muy seguramente otras compañías europeas secundarán la idea para crear un entorno de seguridad y de confianza para los viajeros.
Hace unos días atrás, le pregunté su opinión al respecto del pasaporte sanitario anti-COVID a Jarbas Barbosa, subdirector de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en su respuesta fue tajante al señalar que debe tenerse “mucho cuidado con un objetivo como ese”; al tiempo que mostró su preocupación por los aspectos éticos, en el caso de las personas que necesitan trabajar y carezcan de una tarjeta sanitaria, porque no tengan puesta todavía la vacuna del SARS-CoV-2.
Los gobiernos de varios países están organizando sus propios esquemas y, ni siquiera, lo hacen en consenso con la población en un tema tan delicadamente sensible que podría derivar en discriminación y exclusión; de acuerdo con Barbosa, a la fecha, la vacuna de la fiebre amarilla es la única exigible según convenio internacional.
Lo del pasaporte sanitario tampoco es visto con buenos ojos por Adolfo Favieres, embajador para España y América Latina del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés).
También tuve la oportunidad de hablar con él del tema y me comentó que un pasaporte como tal es una medida excluyente porque la gente que esté sin vacunar o sin pasar la infección no podrá acceder al salvoconducto.
Al respecto, Favieres puntualizó, que quizá exista alguna distorsión de una idea porque lo que sí sería muy conveniente sería establecer un health pass; un pase de salud en el que consten todos los datos personales incluidos si se han puesto la vacuna o si han enfermado por coronavirus; si la persona se ha hecho pruebas serológicas o de antígenos o bien todas las pruebas relativas al coronavirus.
“Lo que está ocurriendo aquí muy desde el principio de la pandemia y todavía un año después seguimos en ello, es que hace falta una solidaridad pero también un marco internacional de movilidad que sea universalmente aceptado; por ejemplo, cada país tiene sus propias medidas restrictivas diferentes y es imprescindible que haya un marco internacional de movilidad en esta pandemia”, explicó el destacado empresario español.
El próximo 11 de marzo se cumplirá un año desde que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que el SARS-CoV-2 había pasado de ser una epidemia, para catalogarse como pandemia con todas sus letras, con un grado de alcance inicial extendido a más de cuarenta países con miles de infectados y una transmisión que, primeramente, se dijo estaba en las gotículas que caían en las superficies; más adelante, fue reconocida que su principal forma de transmisión acontece por la vía aérea.
Varios meses después de la tragedia sanitaria global, la situación de la producción y el reparto de vacunas nuevamente pone en el centro de la diana la misma insolidaridad y el egoísmo que han estado presentes a lo largo de esta intensa guerra biológica que ya se ha cobrado la vida de dos millones y medio de personas en números preliminares.
Con las dosis cayendo a cuentagotas, bajo la hipérbole de la demografía y el ritmo de producción de las farmacéuticas, salvar la bolsa y la vida al mismo tiempo dependerá de una serie de factores y de cómo será gestionada la salida de la pandemia.
Lo inadmisible, en este proceso en el que las vacunas van siendo accesibles únicamente para un puñado de países sería entonces crear uno o varios instrumentos que pudiesen terminar siendo utilizados como instrumentos de discriminación, exclusión y hasta de rechazo.
Los primeros países que van teniendo la vacuna comienzan a perfilar una serie de medidas, tanto internas como externas en el renglón del turismo internacional, y que pasan por instrumentar una especie de pasaporte sanitario, cartilla verde, cartilla de salud digital o certificado de salud o de vacunación.
¿Para qué servirá dicho salvoconducto? La intención fundamental es permitir una vuelta a la normalidad -dentro de la “anormalidad”- a aquellas personas que ya recibieron la vacuna anti-COVID (sea en formato de una sola dosis o bien los dos viales necesarios) o que han pasado el contagio.
Israel presentó la semana pasada una tarjeta verde digital que podrá ser descargada mediante una aplicación y a la que tendrán acceso aquellas personas inmunizadas totalmente.
El Gobierno del premier Benjamin Netanyahu considera que así se facilitará el desconfinamiento de los vacunados porque podrán identificarse para acceder a gimnasios, centros de ocio, culturales, volver a espectáculos, a salas de cine y a otras actividades masivas; inclusive, hospedarse en hoteles dentro de otra región al interior del país, hasta ahora vedados por el contagio del coronavirus.
Para el ministro de Sanidad israelí, no se le “obligará a nadie” a vacunarse porque la gente está en su derecho de no hacerlo, tampoco habrá sanciones; sin embargo, sin la vacuna se ve difícil el acceso a ciertos espacios públicos.
De hecho, Yuli Edelstein, vaticinó que los empresarios querrán entornos laborales seguros con sus empleados todos vacunados y para quién no lo esté podría exigírsele una PCR negativa cada 48 horas.
En Reino Unido, Boris Johnson, lleva días lanzando las campanas al vuelo aventurando una vuelta a la normalidad que permitirá “tener un verano sin restricciones” sobre todo para la gente inmunizada; también allí se prepara un pasaporte sanitario que los empresarios podrán demandar para sus empleados como una condición para conservar su empleo… ojalá que solo lo dejen en el renglón del turismo y no lo trasladen al ámbito de lo laboral porque será muy perjudicial.