Amnistía para los soñadores americanos
Si no la primera, sí será una de las medidas con las que el presidente Joe Biden inaugurará su mandato: la prohibición de deportar a los más de 600.000 inmigrantes indocumentados que entraron en Estados Unidos siendo niños. Eran, son, los denominados “dreamers” (soñadores), para los que sus padres, de origen mayoritariamente latinoamericano, aspiraban no solo a una vida mejor sino incluso a que sus vástagos pudieran aprovechar todos sus talentos en la tierra de las oportunidades; en el gran país donde todo es posible, según el cliché fijado a fuego en la mente de millones de desheredados.
Biden va desgranando poco a poco cómo desmontará muchas de las políticas que Donald J. Trump instauró y que han cambiado radicalmente la imagen y el denominado “soft power” (poder blando) de Estados Unidos. El capítulo de la inmigración ha sido especialmente dramático en un país construido paradójicamente como el destino soñado por gentes de toda raza y condición, procedentes de todos los puntos del planeta.
A pesar de los muchos miles de inmigrantes ilegales que la Administración Trump ha deportado, además de las decenas de miles rechazados en la frontera con México, varados en el país de los aztecas o contenidos en Centroamérica, se calcula en más de once millones los que viven y trabajan en Estados Unidos. Estados y ciudades como California, Los Ángeles o Nueva York se las han tenido tiesas con la Casa Blanca por desobedecer sus órdenes de perseguir y privar de sus derechos básicos a ese 3% de ilegales sobre los 330 millones de habitantes de Estados Unidos.
Biden se propone amnistiar a esos más de once millones de personas y regularizar su situación, de forma que se acabe con el sinvivir de una parte de la población, sometida precisamente por su condición de ilegal a todo tipo de abusos. Para esa amnistía Biden deberá contar no obstante con la aprobación del Congreso. La mayoría de la Cámara de Representantes le garantiza su respaldo, pero en el Senado deberá contar con algún voto de la oposición republicana, lo que aún no está garantizado, para consumarlo. Caso de conseguirlo, sería la mayor legalización desde la que firmara Ronald Reagan en 1986, y que supuso el fin de su pesadilla para tres millones de inmigrantes sin papeles.
El vuelco a la política de inmigración de la nueva Administración americana no significará sin embargo una amnistía total. Quedarían exentos de la misma los que hayan sido condenados penalmente por delitos contra las personas o las propiedades así como quienes hayan sido reincidentes en su intento de introducirse en el país de manera irregular. Biden es consciente de que no puede pasar por encima del parecer de los 74 millones de votantes que han dado su confianza en las urnas a Trump, entre otras muchas razones por su dureza respecto a la inmigración irregular. En esa misma línea, es muy probable que mantenga en su integridad el acuerdo que su antecesor concluyó con el presidente mexicano López Obrador, reforzando las devoluciones en caliente, es decir las deportaciones a México de los inmigrantes ilegales detenidos en suelo estadounidense poco después de cruzar la frontera.
Biden completa sus intenciones en este capítulo inmigratorio con su anuncio de aumentar a 125.000 el cupo de refugiados desde los 15.000 que Trump había señalado como límite para 2021. Asimismo, se propone derogar las restricciones de entrada impuestas a los ciudadanos procedentes de trece países musulmanes, una de las primeras decisiones de Trump, que sirvió para apuntalar la acusación de “islamofobia” con que los radicales yihadistas descalifican cualquier crítica.
Y, en fin, los 200.000 exiliados venezolanos que viven y trabajan como pueden en Estados Unidos podrían acogerse al Estatuto de Protección Temporal, por el que se impide repatriar o deportar a su país de origen y contra su voluntad a personas susceptibles de sufrir represalias.
La futura Administración Biden tendrá en todo caso que ser exquisitamente cuidadosa para convencer a muchos de los votantes republicanos de que su nueva política migratoria no se traducirá consiguientemente en la pérdida de derechos de los que llegaron antes y, una vez instalados, olvidan sus raíces y cierran las puertas a los que a su vez quieren intentar también la realización de sus sueños.