Autonomismo y Estado Federal, un tema conflictivo dentro de la coalición de Gobierno en Italia

Tras haber cumplido sus primeros cien días de vida el Gobierno Meloni, (recordemos que nacido el pasado 22 de octubre), y una vez que se ha logrado la aprobación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE), la nueva Presidenta del Consejo de Ministros tiene ya encima de la mesa un importante problema que resolver de cara a la estabilidad de la coalición: el que definitivamente la llamada causa “autonomista” impulsada por la Lega de Salvini y que viene de los tiempos en que Umberto Bossi era líder (recordemos que este histórico partido nació en el año 1987), se lleve finalmente a efecto tras varios intentos fallidos.

Y aquí el choque se produce precisamente entre el partido de la “premier” Meloni (Hermanos de Italia) y el de Matteo Salvini, actualmente VicePrimer Ministro y titular de la cartera de Infraestructuras. Y es que, aunque ambas formaciones sean, en la práctica, de derechas (frente a una Forza Italia que está más bien ubicada en el centroderecha), su concepto de la organización territorial del Estado difiere de manera muy sustancial. Lo diremos con claridad: el partido de Meloni ha representado, ya desde los tiempos que en Gianfranco Fini dirigía Alianza Nacional, el principal defensor del centralismo romano, comenzando porque la misma Meloni es romana y siguiente por el numeroso grupo de ministros que también pertenecen a la capital tanto del Estado como de la región del Lazio. Frente a ello, la Lega de Salvini es una formación donde históricamente su principal núcleo de votantes se encuentra concentrado en dos regiones, Lombardía y Veneto, ambas situadas en la zona más septentrional del país y ambas consideradas (particularmente Lombardía) el motor económico de la tercera economía de la eurozona.

Salvini, que ya se ha olvidado de su célebre lema de “Italia para los italianos” y que, debido a su estrepitoso bajo nivel de apoyo obtenido en las últimas elecciones generales, se encuentra ahora en manos de los “adalides” del autonomismo (que son básicamente los “hijos ideológicos” de Bossi, entre ellos el mismísimo Ministro de Economía y Finanzas, Giancarlo Giorgetti), considera que ha llegado la ocasión de recuperar la creación de un Estado federal al estilo del alemán, del español o incluso del norteamericano. Y eso que no dispone de una cámara parlamentaria que represente a los territorios. Eso ya lo intentó en su momento Matteo Renzi cuando era Primer Ministro (febrero de 2014-diciembre de 2016), quien, a través de la fórmula del “referéndum”, buscó el apoyo de la ciudadanía para que el Senado se convirtiera en “Cámara de las regiones”, lo que hubiera al modelo clásico de un Parlamento bicameral donde la soberanía nacional se encuentra representada en la cámara baja y en cambio los territorios, en la cámara alta. Como es sabido, los votantes tumbaron sin contemplaciones la propuesta de Renzi (que había cometido el error de dar excesivo poder a la cámara baja frente al tradicional “bicameralismo perfecto” instituido por la Constitución de 1948) por un 41% a favor frente a un 59% en contra y la consecuencia inmediata fue la dimisión de Renzi y su abandono de la presidencia del Consejo de Ministros, al frente de la cual había estado nada más y nada menos que 1.020 días consecutivos.

Los que propugnan el autonomismo y, en la practica, un Estado federal, consideran que constituye una manera mucho más eficiente de hacer funcionar las instituciones públicas, de vehicular los recursos hacia las zonas que mayores necesidades de estos tienen y, en el fondo, a una especie de gobierno compartido entre el gobierno central y los gobiernos de cada región, frente al modelo actual, en el que el Gobierno de Roma posee una fuerte jerarquía sobre las regiones, que pueden discutir con el Ejecutivo central determinadas decisiones pero que, finalmente, tienen que asumir que la última palabra la tiene el Gobierno establecido en la capital nacional (Roma).

En realidad, lo que realmente subyace detrás de esto es el intento de las regiones más ricas de, a través de una misma institución para todo el país encargada de recaudar los impuestos, de pasar a controlar cuántos de esos impuestos van a parar al Estado central y cuántos llega a retener todos y cada una de las regiones. Y es que la realidad es que tanto en Lombardía como en el Veneto hace décadas que están hartos de dar dinero a otras regiones (sobre todo las meridionales) para ver cómo no se utiliza en la creación de nuevos polos de promoción y desarrollo industrial (como sí sucedió en los años sesenta del siglo pasado, impulsados por los gobiernos de la Democracia Cristiana (DC), y que llevaron a la puesta en marcha de importantes industrias en Bari y Brindisi (Puglia), Agrigento (Sicilia) o Cagliari (Cerdeña)). Y eso que la Lega ya se ha olvidado de la célebre “Padania” inventada por Umberto Bossi, que abarcaba a las regiones más ricas y quería separarse del resto de la nación: pero una cosa es abandonar la idea de segregar algunas regiones y otra, bien distinta y más factible, pasar del centralismo al federalismo.

El problema para Salvini y sus compañeros de partido y gobierno es que, aunque su formación es decisiva para mantener en pie el actual Ejecutivo (que se quedaría en minoría sin los casi cien parlamentarios de la Lega), no es precisamente este el mejor momento para poner encima de la mesa el autonomismo. La descomunal deuda pública (que unos estiman en el 152% sobre PIB y otros en el 154%, en ambos casos casi cien puntos por encima de lo que establece el Pacto de Estabilidad y Crecimiento que marca las normas para estar en la moneda única) está ya poniendo en importantes dificultades al Gobierno Meloni, porque las sucesivas subidas de tipos de interés decretadas por el Banco Central Europeo (la última, de llevarlos al 3% en este mes de febrero) colisionan de lleno con las economías más endeudadas de la Unión Europea, que son, por este orden, Grecia, Italia, Portugal, España y Francia, todas ellas con una deuda nacional que supera el 110% sobre PIB.

Lo que lleva a que un país tan envejecido como el transalpino, con solo nueve de sus sesenta millones de habitantes por debajo de los 18 años de edad frente a 15 millones de pensionistas, haya de dedicar alrededor de 93.000 millones de euros de los PGE solo a pagar intereses de la deuda. Así que no es el mejor momento para replantear el tema autonomista cuando la “premier” Meloni cada vez tiene que hacer frente a una situación económica más que delicada. Ya lo dijo Mario Draghi en el verano pasado, en su última comparecencia como Presidente del Consejo de Ministros: “(…) seremos el país que más crezca en 2022 entre las principales economías de la eurozona (por cierto, al final la España del Presidente Sánchez le ha acabada superando ampliamente), pero no puedo negar que veo importantes nubarrones en el horizonte”. Y esos nubarrones ya se ven con claridad y amenazan con descargar mucho y muy fuerte.

La ventaja para Meloni es que la legislatura no ha hecho más que comenzar; frente a ello, que sin los votos de Salvini y su partido no puede gobernar. Pero el conflicto está ya encima de la mesa: el centralismo romano y el autonomismo “legista” podían coexistir cuando Forza Italia era el principal partido de la coalición, pero ahora éste es el tercero en importancia. Veremos si está legislatura es, definitivamente, la del paso de un Estado centralista (donde recordamos que la única excepción la constituyen cinco regiones, como Cerdeña, Sicilia o Valle de Aosta, que poseen un estatuto especial) a uno de tipo federal. Pero la realidad es que a Salvini le ha faltado tiempo para ponerlo en el debate público y con ello crear un problema a la “premier” Meloni que ya sabía, desde que aceptó el “incarico” de formar gobierno, que tendría en Matteo Salvini un incordio permanente. Es lo que tiene dirigir una coalición mucho más heterogénea de lo que se piensa.

Pablo Martín de Santa Olalla Saludes es Profesor en la Universidad Camilo José Cela y autor del libro Historia de la Italia republicana (Sílex Ediciones, 2021).