Batalla definitiva por la jubilación y las pensiones en Francia
Oposición y sindicatos ya la rechazan unánimemente y, como es habitual en Francia, ello puede traducirse en una nueva oleada de huelgas, disturbios y destrozos. En juego está esta vez la siempre aplazada reforma de la edad de jubilación y los ingresos correspondientes a los pensionistas. Ni uno solo de los presidentes que se han sucedido desde François Mitterrand han podido cumplir una reforma que, con mayor o menor claridad y presunta firmeza, habían prometido en sus programas electorales. Tal fue siempre el airado y violento nivel de protesta que siempre les obligó a terminar reculando.
Emmanuel Macron tampoco pudo concretar su promesa durante su primer mandato, en el que gozó de una insólita y aplastante mayoría absoluta. Pero, en su actual segundo mandato, en el que ya perdió esa mayoría absoluta en la Asamblea Nacional, considera que la reforma es inaplazable y que ya es imposible seguir dando hilo a la cometa de más impuestos y más deuda para seguir financiando un sistema considerado como uno de los más generosos del mundo.
Este martes 10 de enero es la fecha fijada para la presentación a debate del último proyecto de ley, que se pretende definitivo, tras haberle pasado un poco el cepillo y asegurarse del respaldo de los conservadores de Los Republicanos (LR), cuyo actual líder, Eric Ciotti, declaraba este domingo al Journal du Dimanche ese apoyo, atribuyéndose el mérito de “haber atenuado la brutalidad de la reforma” en la negociación con la primera ministra, Elisabeth Borne.
Esencialmente, el cambio consiste en prolongar hasta los 65 años la edad de la jubilación, situada actualmente en los 62. Habida cuenta del considerable aumento de la esperanza de vida, caso de seguir en las actuales condiciones, el déficit del sistema seguiría incrementándose en 10.000 millones de euros, que solo pueden salir de exprimir todavía más a unos contribuyentes ya exhaustos y/o aumentar una deuda cuyos números rojos han provocado ya hace tiempo que se hayan quedado roncas las sirenas de alarma.
Para atenuar el impacto y lograr el voto de los conservadores, Macron accederá a extender la reforma a lo largo de nueve años, a razón de cuatro meses por año para retrasar la edad de jubilación, lo que, según las cuentas del ministro de Hacienda, Gabriel Attal, ya supondrá un ahorro de unos 8.000 millones. Punto no menos importante del cambio sería la instauración de una vez de un sistema general que acabara con los 42 regímenes especiales, ¡nada menos!, que actualmente rigen para los que acceden a la jubilación en Francia.
Asimismo, para compensar el supuesto mal trago de tener que trabajar unos años más, el Gobierno de Macron pretende aumentar el importe de la pensión mínima, hoy en mil euros, que podrían incrementarse hasta los 1.100 ó 1.200, siempre y cuando se hayan cotizado 43 años (42 actualmente). Queda también por desarrollar la situación de quienes deseen prolongar su actividad laboral más allá de la edad de jubilación, algo que reclaman numerosos profesionales cualificados, cuya experiencia y saber también son reclamados por numerosos sectores de la sociedad, a cambio naturalmente de algún tipo de compensación.
Los dos extremos de las fuerzas parlamentarias, Agrupación Nacional (RN) y La Francia Insumisa (LFI) se opondrán frontalmente a la reforma, cada uno con sus argumentos, muy dispares entre sí. En el caso de la extrema izquierda de LFI se prevé la habitual contestación en la calle, a la que si se unen los sindicatos y el cúmulo de los habituales saqueadores que aprovechan cualquier ocasión para sembrar el caos y destrozar bienes privados y públicos, promete nuevos episodios de violencia.
¿Resistirá esta vez Macron y la siempre aplazada reforma llegará a entrar en vigor? Esta vez al menos parece tener garantizada la mayoría tanto en la Asamblea Nacional como en el Senado. El presidente ha dejado entrever su determinación a que este intento sea el definitivo, hasta el punto de que su entorno ha deslizado la posibilidad de aplicar el artículo 49.3 de la Constitución, el que permite al Gobierno, bajo ciertas condiciones, aprobar una ley sin la aprobación de las dos Cámaras del Parlamento. Una medida extrema, pero que en el Elíseo se considera imprescindible, aun cuando haya que tomarla en plena crisis económica y social.