Caer en la tentación totalitaria
La pulsión totalitaria anida en los rincones más recónditos de cualquier autócrata y, si algo detiene su ansia incontenible de erigirse en señor de vidas y haciendas, aprovechando cualquier emergencia extraordinaria, son los contrapoderes que se le oponen en todo sistema verdaderamente democrático.
El primer dirigente dentro de la Unión Europea en ceder a esa tentación totalitaria ha sido el primer ministro húngaro, Viktor Orban, al que su Parlamento ha otorgado plenos poderes por una duración indeterminada. Alegaba Orban para justificar su petición la emergencia nacional causada por la pandemia de la COVID-19, es decir el mismo argumento que han utilizado otros líderes europeos –Pedro Sánchez, sin ir más lejos-, aunque el mandatario húngaro no ha fijado un periodo de caducidad al disfrute de esos poderes extraordinarios y sin fecha de caducidad. Parece seguir así la senda del presidente chino, Xi Jinping, que ha aprovechado la pandemia para generalizar los sistemas teleinformáticos de vigilancia y control de masas, un camino por el que también se está adentrando el presidente ruso Vladímir Putin.
Entre los poderes especiales de que disfruta desde el 30 de marzo Viktor Orban se incluye ¡cómo no! una especial atención a los medios de información, de tal suerte que se podrá condenar hasta con cinco años de cárcel a aquel que publique “noticias que generen pánico”, una expresión típica de cualquier régimen dictatorial cuya primera preocupación es cercenar en la raíz cualquier crítica al conducator y a su régimen.
Hace ya bastante tiempo que el líder húngaro bordea, cuando no conculca abiertamente, los valores esenciales que componen la cimentación fundamental de la Unión Europea, pero en este caso ha dado un paso que le pone abiertamente en contra de la misma. Es tan ostensible que trece países de la Unión Europea, encabezados por Alemania, Francia, Italia y España, pero con la adhesión también de Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Finlandia, Suecia, Dinamarca, Portugal, Irlanda y Grecia, lanzaron el miércoles un comunicado conjunto, en el que expresaban su inquietud por las medidas excepcionales adoptadas por Budapest, a la vez que respaldaban la decisión de Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea de “examinar las medidas de emergencia tomadas por los Veintisiete frente al coronavirus, para asegurarse de que no se vulneran derechos fundamentales”.
La gran sorpresa no está en el apoyo de los trece países firmantes, sino en los socios de la UE que no lo han suscrito, especialmente los tres aliados de Hungría en el Grupo de Visegrado, Polonia, República Checa y Eslovaquia, y los tres países bálticos, Estonia, Letonia y Lituania. No es esta una fractura menor. La aceptación implícita por estos países, antiguos satélites de la Unión Soviética, de que la seguridad se impone por encima de la libertad hasta hacer incluso desaparecer a ésta, supone no solo un retroceso brutal, sino que también asesta un golpe demoledor a la propia Unión Europea.
Además del comunicado, en este tiempo excepcional urge algo más que una llamada de atención a Hungría y, de paso, a todos los que no le harían ascos a traspasar la línea de los estados de alarma y aprovechar la confusión para adentrarse en la excepción desmedida e incontrolada. Como primera medida, parece evidente que no basta la suspensión de Fidesz, el partido de Orban, del Partido Popular Europeo (PPP). Su presidente, el polaco Donald Tusk, pide abiertamente su expulsión: “Construir un estado de emergencia permanente es políticamente peligroso y moralmente inaceptable”. Por la misma razón, la UE no debería limitarse a una crítica más que justificada. La violación reiterada de los valores que la sustentan por parte de cualquier miembro debería dar origen a iniciar procedimientos más contundentes.
Hay ya suficientes ataques externos en busca del derrumbamiento de la Unión Europea como para permitir que se acelere su demolición, permitiendo que fragüen las pulsiones totalitarias internas de los dictadores agazapados.