Opinión

Cerrar el paso a Guaidó, por lo civil o por lo criminal 

Juan Guaidó saltando la valla de la Asamblea Nacional en Caracas

Primero Hugo Chávez, tan pronto como perdió una consulta, y luego Nicolás Maduro, el denominado Socialismo del Siglo XXI no tomó el poder en la República Bolivariana de Venezuela para cederlo conforme a los cánones de una verdadera democracia. Desde aquella primera derrota, sus dirigentes han repetido una y mil veces que la ruta de “su” revolución no será alterada por nada ni por nadie.
Chávez, investido en Cuba como el encargado de instalar y asentar en el continente latinoamericano el castrismo, la versión caribeña del comunismo, no necesitó inicialmente del baño de sangre sobre el que Fidel Castro puso los cimientos de su régimen. Al caudillo venezolano le bastó su carisma y las fuertes divisiones en la oposición para ganar una tras otra las elecciones. 
El panorama se torció tan pronto como el maná del abundantísimo petróleo venezolano pasó de venderse de 120 dólares el barril a menos de 60. Las arcas de la caja de caudales que era la PDVSA se vaciaron rápidamente, los regímenes aliados del bolivarianismo dejaron de recibir las subvenciones que les permitía asentar su poder, y la misma Cuba vio cómo se restringían los generosos envíos de crudo con los que La Habana negociaba a su vez para obtener otros ingresos además del monocultivo del turismo.
Ya con Nicolás Maduro al frente de Venezuela el régimen vio truncada su ruta hacia un régimen totalitario, aunque aún con alguna apariencia democrática, cuando perdió las elecciones legislativas de 2015. La oposición, que hasta entonces mostraba las profundas divisiones que aprovechaba el chavismo, logró presentarse unida y hacerse con la mayoría de la Asamblea Nacional. 
Desde aquellos comicios el régimen se ha empleado a fondo en el acoso y derribo de esa oposición, utilizando desde las más groseras maniobras bananeras, como impedir el normal funcionamiento de la cámara, hasta el allanamiento de domicilios, secuestro, encarcelamiento y tortura de buena parte de los diputados opositores, pasando por las sentencias de un Tribunal Supremo integrado exclusivamente por jueces chavistas. Perdida, además, la legitimidad por la irregular reelección de Maduro como presidente de Venezuela en enero de 2019, la Asamblea Nacional se convirtió ante la comunidad internacional en la única institución con legitimidad democrática. De ahí que, conforme a la propia Constitución venezolana, redactada y aprobada por cierto durante el mandato de Chávez, el presidente de ese Parlamento, Juan Guaidó, jurara como presidente encargado de Venezuela, so pretexto de la ilegitimidad del nuevo mandato de Maduro. 
Pero, de ahí también el burdo intento del madurismo de impedir la reelección de Guaidó –la presidencia de la Asamblea Nacional se renueva cada año-, colocando en su lugar a un presunto opositor, Luis Parra, expulsado de su partido por corrupción. El férreo control chavista sobre los medios de comunicación y  las redes sociales no impidieron que el mundo pudiera contemplar las imágenes de los militares de la Guardia Nacional Bolivariana impidiendo el acceso al Palacio Federal Legislativo de Guaidó y de las decenas de diputados que le secundaban. Tampoco pudieron impedir que Guaidó jurara su presidencia encargada del país en las dependencias del diario El Nacional, mientras las fuerzas especiales chavistas escoltaban a Parra en la ocupación del despacho de Guaidó en la sede parlamentaria.
Una “sugerencia” de Putin
Este denodado empeño de Maduro por someter a la Asamblea Nacional, tras haberla ninguneado, puesto en desacato y vaciada de poder en favor de una Asamblea Constituyente compuesta únicamente por diputados chavistas, podría haber sido forzada por Rusia, beneficiaria a través de sus compañías energéticas Rosneft y Gazprom de las concesiones de la maltrecha industria energética venezolana en 2009. 
Los organismos internacionales y la propia Rusia tienen serias dudas de que aquel proceso tuviera todas las garantías legales. El propio viceministro ruso de Finanzas, Sergey Storchak, habría calificado de “distorsiones administrativas” aquellas concesiones, de manera que habría que proceder a solventarlas mediante disposiciones legislativas indiscutidas. A este respecto, especialistas rusos de Storchak destacados en Venezuela estarían preparando un programa económico y político para apuntalar al régimen chavista, pero con la condición previa de que Maduro abandone el comportamiento de dictador bananero y se restaure la legalidad institucional. Y ahora mismo, la única institución venezolana que goza del reconocimiento internacional es precisamente la Asamblea Nacional, y por lo tanto su legitimidad también abarca a sus resoluciones legislativas. 
No es que Vladímir Putin se distinga por un respeto escrupuloso a su propia oposición, pero en el caso venezolano la chapucera persecución a Juan Guaidó y a los 112 diputados que le secundan podrían tener el efecto contrario al aconsejado por el dirigente ruso a Maduro. Y es que es muy difícil, por no decir imposible, adoptar conductas realmente democráticas cuando se está acostumbrado a los métodos e impunidad de una dictadura.