Consecuencias de la invasión de Ucrania y el papel de la UE en el orden mundial

Las subidas de precios en la UE y en la Eurozona en 2021 y a comienzos de 2022 requerían repensar y alterar sustancialmente la política unilateral  de transición ecológica que, si bien ha recortado las emisiones de gases en la UE, ha impulsado al alza los precios de la energía y continuará propiciando la deslocalización de la producción y de las emisiones a países con legislaciones medioambientales más laxas, cuyos productos luego importamos y consumimos alegremente los ciudadanos de la UE sin preguntarnos cuántas emisiones de gases se generaron al producirlos.

La subida del precio de los derechos de emisión de gases en la UE desde 2018, junto con las disrupciones en la producción y los cuellos de botella ocasionados por la pandemia en 2020-2021, y las tensiones geopolíticas entre Rusia y Ucrania y Argelia y Marruecos, produjeron fuertes aumentos del precio del gas natural en el segundo semestre de 2021 que acabaron disparando los precios de producción en los sectores industriales a medida que se recuperaba la demanda, y aceleraron el crecimiento de los precios de los bienes y servicios de consumo, especialmente alimentos, energía y transporte, hasta alcanzar tasas no vistas en varias décadas. La subida de los precios de consumo está presionando, a su vez, al alza los salarios monetarios, y todo ello pone en riesgo la competitividad de las empresas europeas, especialmente las más intensivas en energía, y coloca al BCE ante la disyuntiva de elegir entre atajar la inflación o apuntalar la recuperación económica.

La bárbara invasión militar de Ucrania ordenada por el presidente Putin -injustificable incluso si se concede la existencia de deficiencias democráticas y tensiones territoriales en Ucrania y la lógica preocupación del Kremlin ante la perspectiva de la incorporación del país a la OTAN-, con la pretensión indisimulada de alterar por la fuerza de las armas las fronteras e instalar un Gobierno títere, y las subsiguientes sanciones políticas y económico-financieras aprobadas por Estados Unidos, la UE y otros países occidentales, con la intención de provocar la asfixia financiera de la economía rusa y congelar los activos de los principales responsables de la invasión, han venido a añadir más leña a la pira inflacionista, y amenazan con adentrarnos en un escenario de estancamiento e inflación en la UE que recuerda la situación vivida en el siglo pasado tras las subidas del precio del petróleo y otras materias primas en los años 70.

No cabe ninguna duda de que los ciudadanos más perjudicados por la invasión y las sanciones que amplían y profundizan las ya impuestas por la UE después de la invasión y anexión de Crimea en 2014 van a ser, por este orden, los ucranianos, los rusos y los ciudadanos de la UE. En el caso de los ucranianos, a la pérdida irreparable de vidas humanas y al dolor y penuria causados por la salida de cientos de miles de ucranianos buscando dejar atrás la guerra, hay que sumar la destrucción de infraestructuras y equipamientos, instalaciones productivas y viviendas residenciales. El coste ya es muy alto y resulta una obviedad añadir que cuanto más se prolonguen los combates, mayor será la devastación y mayores los recursos y el tiempo necesarios para restallar las profundas heridas abiertas a lo largo y ancho del país.

En contraste con los ucranianos, la invasión no va a resultar tan mortífera ni destructiva para los ciudadanos rusos, ni va a alterar tan dramáticamente sus vidas cotidianas a corto plazo, aunque sí ha generado cierta contestación social en contra de la guerra pese a las severas medidas represivas adoptadas por el Kremlin. A la superioridad numérica y en equipamiento del Ejército ruso, hay que añadir que la guerra se juega en campo contrario y la vida discurre en Rusia sin otros sobresaltos que la lógica preocupación de los ciudadanos por poner a salvo sus ahorros y sobrevivir a las subidas de precios. Estas dificultades podrían intensificarse en el futuro si las sanciones impuestas por Estados Unidos, la UE y otros países occidentales tras iniciarse las hostilidades se mantienen durante un período prolongado.

De momento, las sanciones han provocado el desplome del rublo y del índice de bolsa MOEX, que obligó al Gobierno a cerrar el mercado el día 25 de febrero. El rublo ha perdido 32,3% de su valor entre el 16 de febrero y el 5 de marzo, pero los efectos de la depreciación del rublo y el cierre de la bolsa no afectan a la mayoría de la población que utiliza únicamente rublos y no invierte en bolsa. Más preocupantes son los efectos que las sanciones pueden tener sobre los precios de producción y de consumo a medio plazo. En enero de 2022, las subidas de los precios de producción y consumo en los últimos doce meses alcanzaban el 23,1 y 8,73%, respectivamente, cifras algo mayores, aunque no demasiado alejadas, que las registradas en los países de la UE. Estas alzas de precios, anteriores al inicio de la invasión, podrían aumentar considerablemente si las sanciones financieras adoptadas y la depreciación del rublo provocan desabastecimiento y disparan los precios de los productos importados.

Conviene tener presente que las sanciones financieras aprobadas por la UE no prohíben comerciar con empresas rusas, sino que se limitan a dificultar la liquidación de las transacciones comerciales, al excluir a algunos bancos rusos del sistema SWIFT, e “imponer medidas restrictivas para impedir al Banco Central de Rusia (BCR) desplegar sus reservas internacionales de forma que socave la efectividad de las sanciones”. Pero sin la congelación de los activos del BCR depositados en la UE, el compromiso de “imponer medidas restrictivas” no resulta demasiado creíble. Paradójicamente, mientras la UE está enviando armas ofensivas a Ucrania para combatir la invasión rusa, el gas ruso sigue fluyendo a los países de la UE, y los países receptores del gas van a seguir abonando por una u otra vía la factura al Gobierno invasor.

Como decíamos al inicio del artículo, el alza de precios del gas natural, petróleo, cereales y algunos metales van a impulsar las subidas de precios de producción registradas en las economías desarrolladas en 2021, y van a ralentizar la recuperación económica mundial en 2022 y 2023, situando a los órganos de gobierno de los principales bancos centrales de las economías avanzadas ante una situación muy delicada: cómo atajar la inflación desbocada sin abocar sus economías a una nueva recesión. Los países de la UE y la Eurozona, por proximidad y dependencia de determinadas importaciones de Rusia y Ucrania, van a ser sin duda las economías más perjudicadas.

Los precios del gas y el petróleo han protagonizado una escalada muy acusada desde el inicio del conflicto.  El precio del gas natural aumentó 20,8% y el precio del barril Brent 21,4% entre el 23 de febrero y el 5 de marzo; elevados como son esas alzas quedan en una nimiedad comparadas con la subida del precio del gas natural en el mercado holandés, 132,2%, en ese mismo lapso. No hay duda de que los efectos de la subida de los precios de la energía en la UE y la Eurozona van a ser mucho más intensos que en otras economías avanzadas, como Estados Unidos, incluso si Rusia decide no responder a las sanciones de la UE cortando el suministro de gas natural a través de los gasoductos que atraviesan Ucrania y Bielorrusia. Asimismo, el precio del trigo aumentó 59,0%, el del maíz 18,1% en la última semana, y los del aluminio y el paladio 15,7% y 21,7%, respectivamente. El único alivio para las empresas europeas proviene de la caída del precio de los derechos de emisión, 23,1% en la última semana, si bien todavía su precio supera en 73,6% su precio hace un año.

El presidente Sánchez advirtió en su comparecencia institucional el 24 de febrero que “este conflicto y las sanciones que se derivan de él van a tener, sin duda, alguna un impacto económico en nuestro país y la Unión Europea, especialmente en los mercados energéticos… y tomaremos cuantas medidas sean necesarias para mitigar su impacto económico, también el energético, de esta crisis sobre la sociedad española, sobre sus empresas, sobre los hogares, sobre la industria, y sin duda alguna también sobre la recuperación económica que estamos iniciando al filo de la superación de la pandemia”. Al igual que ocurriera cuando irrumpió la COVID-19 a principios de 2020, el presidente de España y la UE en su conjunto llegan a la cita con esta nueva crisis demasiado tarde, sin haber hecho los deberes.

Tanto la crisis pandémica como la invasión de Ucrania han puesto de manifiesto debilidades de una UE donde se echan en falta estrategias a medio plazo y políticas eficaces a corto para defender sus valores, su modo de vida y el bienestar de sus ciudadanos, más allá de su apuesta unilateral en pro de la transición ecológica. Es hora de reconocer que la progresiva transformación de China en la fábrica del mundo ha colocado a las economías de la UE en una situación de peligrosa vulnerabilidad, agravada por su dependencia energética de Rusia. La invasión de Ucrania ha permitido también constatar la escasa efectividad de las iniciativas diplomáticas que tanto Alemania y Francia, a título individual, como las instituciones europeas, a título colectivo, han desplegado para encontrar una solución negociada a un conflicto larvado desde la invasión de Crimea en 2014.

Estamos ante debilidades crónicas de orden estratégico alimentadas con gran inconsciencia por los defensores de las bondades de la nueva distribución internacional del trabajo y los beneficios del comercio internacional, que, digámoslo claro, priorizan los intereses de empresas multinacionales a las que sólo parece preocuparles producir allí donde pueden obtener el mayor beneficio a corto plazo, sin prestar demasiada atención a las circunstancias políticas existentes en los países donde se localizan y a las consecuencias medioambientales de sus actividades. Y también, cómo no, por cierta autocomplacencia de las propias instituciones de la UE que se han conformado con desempeñar un papel secundario en el tablero de la política de bloques, en lugar de defender con determinación sus intereses geopolíticos, económicos y preocupaciones medioambientales.

Tres son las cuestiones interrelacionadas que los gobernantes europeos deberían formularse en estos momentos críticos. Primera: ¿qué pueden hacer las instituciones de la UE para satisfacer las necesidades energéticas de sus ciudadanos sin poner en riesgo la estabilidad de precios? Segunda: ¿resulta deseable invertir en países con regulaciones medioambientales y laborales muy laxas e importar los bienes allí producidos con grandes costes medioambientales? Y, tercera: ¿cuáles son las estrategias diplomáticas y en materia de defensa más eficaces para resolver los conflictos que inevitablemente van a surgir con gobiernos autocráticos o dictatoriales que cuentan con vastos territorios y recursos, ejércitos equipados con misiles intercontinentales, y escasa predisposición a aceptar las reglas del juego (normas de derecho internacional, cumplimiento de acuerdos comerciales, respeto a la propiedad intelectual, etc.), y a renunciar a utilizar la fuerza bruta para lograr ventajas territoriales o económicas?

La dependencia de los países occidentales de la industria China y de la energía rusa, la connivencia de Pekín con Corea del Norte y sus indisimuladas pretensiones sobre Taiwán, la invasión de Ucrania, y el reforzamiento del eje Moscú-Pekín deberían hacer reflexionar a las instituciones europeas sobre la fragilidad y limitaciones del idílico y autocomplaciente escenario en que estaban instaladas. La UE es un gigante económico con graves deficiencias de gobernanza. Urge impulsar la producción industrial en general, no sólo la producción de semiconductores, y reducir la dependencia energética para garantizar el autoabastecimiento en situaciones de crisis, y resulta indispensable contar con una fuerza de disuasión adecuada para hacer frente a futuras agresiones. No estoy convencido de que el presupuesto de España para luchar contra la pobreza y la violencia de género sea insuficiente, pero sí de que el Ministerio de Defensa no sobra y está infradotado.