Opinión

COVID-19 en España: la sociedad sin liderazgo en el peor momento

Pedro Sánchez y Pablo Iglesias

Los ciudadanos españoles están asumiendo el liderazgo ante la crisis más grave a la que se enfrenta el país desde hace décadas. El poder político está atenazado por la configuración de la mayoría con que se llevó a cabo la elección del presidente y, a las primeras de cambio (dos meses desde su toma de posesión), demuestra la dificultad con la que pone en marcha medidas en las que el vigor, el valor y la firmeza deben ser obligatorias. La observación de las obligaciones impuestas es la verdadera heroicidad de los nacionales en una sociedad huérfana de líderes capaces de enfrentar una situación como ésta. 

Lo ocurrido durante el fin de semana lo prueba. El vicepresidente segundo del Gobierno rompe la cuarentena que se está exigiendo a todos los ciudadanos que hayan estado en contacto con infectados, y se presenta sin mascarilla ni guantes en la reunión de un Consejo de Ministros esperpéntico en el que dos partidos políticos que lo forman se enfrentan por las medidas improvisadas que unos y otros quieren articular, sin haber previsto el decreto de estado de alarma días antes y evitar al país el espectáculo de un sábado de incertidumbre en el que dio la sensación de desgobierno total. La televisión pública intenta engañar a los espectadores informándoles de lo contrario a lo que pueden ver en sus pantallas, que este dirigente político no llevaba mascarilla, y ningún responsable de tan importante, sistémico, medio de comunicación ha dado aún una explicación. El presidente da cuenta al país del contenido del decreto en horario de máxima audiencia y, menos de una hora después, se anuncia que su esposa tiene el coronavirus, sin que su marido haya tomado las precauciones necesarias. Su análisis negativo posterior no le exime de la responsabilidad de haber ocultado el positivo de su cónyuge. Cualquier presidente que comete esa irresponsabilidad pierde toda la credibilidad, poca o mucha, que le quedara ante la opinión pública. 

También algunas de las medidas adoptadas, y la forma en que se han adoptado en España, causan crisis de liderazgo y desorientación de la población. El Ejército se despliega en las calles de siete ciudades españolas, pero ninguna de ellas es de Cataluña ni País Vasco. La insolidaridad de dos territorios históricos de este antiguo país europeo es lo más repugnante que se puede presenciar en el planeta en este momento. O mejor, de los dirigentes de esos dos territorios empequeñecidos por su ansia tribal. 

Las peluquerías, un sector de actividad menor pero no menos importante, han vivido dos días infernales en los que han pasado de estar incluidas entre los establecimientos abiertos en el decreto del estado de alarma, a decretarse su cierre. Alguien no valoró lo suficiente el contenido del decreto en especialidades concretas como ésta. 

Junto a esas horas decisivas en las que reinó el caos informativo, político y el desconocimiento de la situación real, el Gobierno español ha hecho de nuevo el anuncio de un anuncio, las nuevas medidas económicas solo son paliativas. Las pequeñas y medianas empresas ven cómo sus ingresos desparecen, y el único anuncio del Gobierno socialista hasta ahora ha sido aplazarles el pago de los mismos impuestos que pagan siempre. Las oficinas de empleo cierran para proteger a sus funcionarios, y así se evita un alistamiento masivo en las listas del desempleo.

La situación de los trabajadores por cuenta propia, verdaderos desheredados del sistema desde hace décadas y gobierne quien gobierne, no parece haber quedado clara para los responsables económicos, laborales y fiscales del gobierno de coalición. Los pedidos para la inmensa mayoría de los autónomos se han suspendido, y todos ellos tendrán que hacer frente a la situación tirando de sus reservas monetarias y despidiendo a sus empleados. Los supermercados abren, aunque limitando su horario para evitar aglomeraciones (¿no sería lo contrario lo lógico?) y garantizan el suministro de productos básicos. Pero, dentro de dos semanas, millones de personas habrán dejado de tener los ingresos necesarios para poder acudir al mercado, pagar sus facturas de suministros energéticos o hacer frente a sus pagos. La discriminación de los trabajadores autónomos frente a los contratados, y mucho más frente a los funcionarios que tendrán garantizados sus sueldos pase lo que pase, va a generar una brecha social en España en sólo unas cuantas semanas.