Crisis humanitaria, yihadismo y rumores de golpe de Estado: la crisis en Burkina Faso

La situación de este país situado en África Occidental inquieta a toda la comunidad internacional por la rapidez de su deterioro. Burkina Faso, al sur de Mali y al oeste de Niger, se ha visto afectado por la expansión del yihadismo que provenía de los países vecinos. Entrando por el norte de Burkina Faso en 2015, los yihadistas se han implantado en este país progresivamente y ocupan, en mayor o menor medida, todas las regiones de Burkina Faso menos el Plateau Central y la región donde se encuentra la capital, Ugadugú. 

El avance del yihadismo se ha producido de una manera similar que en Mali y Niger. Los grupos yihadistas instrumentalizan las tensiones intercomunitarias, para reclutar seguidores. El grupo endogámico de la región, Ansaraoul Islam, ligado a la coalición yihadista JNIM de Al Qaeda, ha aprovechado la situación de marginalización presunta de la comunidad peul nómada del norte del país para captar adeptos. Su líder, Ibrahim Mallam Dicko, imán de la región, tenía una relación estrecha con el líder del grupo yihadista Katiba Macina del centro de Mali, Amadou Koufa, que también era un erudito del corán. 

Como respuesta a la expansión del terrorismo otras comunidades han reaccionado mediante la creación de milicias de autodefensa cuyo objetivo, en un primer lugar, era defender a las poblaciones de la amenaza yihadista,  pero pronto se convirtió en un grupo armado de corte etno-comunitario que culpaba y castigaba a la comunidad peul por la radicalización de algunos individuos de ésta. Este es el caso de la milicia mossi Koglwéogo  que ha realizado matanzas entre la comunidad peul como ocurrió Yirgou en 2019 donde 48 civiles peul perdieron la vida. Esta situación se asemeja a lo que ocurrió en Mali con las milicias donsos, con episodios como el ocurrido en Ogossagou, en el centro de Mali, donde más de 160 peul perdieron la vida en 2019. Todos estos incidentes han transformado a las comunidades, produciéndose un nivel de violencia intercomunitaria jamás visto en Burkina Faso y un ciclo de represalias entre los peul (sean o no yihadistas) que se vengan de los incidentes ocurridos contra ellos y, por ejemplo, los mossis y sus milicias que contraatacan. Este ha sido el caldo de cultivo en el que el yihadismo ha podido expandirse con más rapidez.

Otro factor que ha contribuido a la expansión ha sido la actitud del Estado y sus fuerzas armadas, cometiendo abusos contra los civiles de la comunidad peul, por considerarla radicalizada. De acuerdo con una fuente local, en la comuna de Magodara, se han cometido asesinatos a civiles peul por parte de las fuerzas armadas sin que haya ningún tipo de investigación posterior. En un pueblo de la comuna de Niangoloko incidentes similares han ocurrido en el que siete civiles de la comunidad peul perdieron la vida, al igual que en el suroeste en el que también se han producido violaciones y asesinatos contra los peuls Sidibe. Los arrestos sin proceso judicial son comunes en Banfora. En este sentido Burkina Faso ha seguido los pasos de Mali que tuvo una actitud similar al principio, incluso apoyando a las milicias de autodefensa para que hicieran la guerra al yihadismo en aquellos lugares en los que ellos no llegaban. En Mali, sin embargo, cuando las milicias comenzaron a atacar indiscriminadamente a civiles el Estado cambió de discurso. En Burkina Faso, el Estado tomó un giró distinto reclutando a un ejército de voluntarios (los voluntarios de la defensa por la Patria) con el objetivo de extender las capacidades del limitado ejército. Estos voluntarios provenían de las regiones más castigadas por el yihadismo, con son la región de Norte y la del Sahel y eran brevemente entrenados por oficiales burkinabes. En algunos casos se les proporcionaban armas pero a día de hoy estos grupos de milicianos están deficientemente entrenados y armados. Esta iniciativa ha incitado aún más la violencia en las regiones, agregando un actor más a la frágil crisis. 

La situación ha continuado empeorando en los últimos años con respuestas militares del estado muy limitadas. De acuerdo con el periódico de New Humanitarian, el gobierno de Burkina Faso llevó a cabo un acuerdo en secreto en noviembre de 2020 con los yihadistas para que se pudieran celebrar las elecciones nacionales en relativa paz. Este acuerdo temporal, terminó a principios de este año donde volvió a estallar con fuerza la violencia, continuando expandiéndose hacia el sur. Los líderes comunitarios han decidido tomar la iniciativa ante la falta de respuesta del Estado y negociar con los líderes yihadistas locales, algunos de esos interlocutores provenían de los Voluntarios por la Defensa de la Patria, de acuerdo con el artículo publicado en noviembre de este año del periodico previamente citado sobre las negociaciones con yihadistas en Burkina Faso. Estos complejos diálogos están dando sus frutos parciales, proporcionando algo de paz en las regiones más castigadas por la violencia y controladas por grupos yihadistas, como la región de Sahel, del Norte y del Este, a cambio de una aplicación estricta de la sharia. El objetivo de estos encuentros no es únicamente terminar con los bloqueos que los grupos yihadistas imponen a las localidades controladas por ellos sino comprender cuáles son los objetivos políticos de los yihadistas, cómo conseguir que permitan a los desplazados volver a sus ciudades y acabar con los ciclos de violencia. De acuerdo con ACLED, más de 400 personas han muerto en los últimos 7 meses en atentados yihadistas. Las negociaciones locales con yihadistas también están ocurriendo desde hace tiempo en Mali. Con ejemplos como el Acuerdo de Niono, entre donsos y yihadistas. Estas negociaciones en Burkina Faso están ocurriendo sin la involucración del Estado, por ello, las comunidades no están teniendo ninguna guia en lo que pueden ofrecer a los muyahidines que se quieren desmovilizar o incluso a los propios grupos yihadistas. Las comunidades que están firmando acuerdos, como el caso de Nassoumbou, lo hacen sin mucha elección ni poder en la negociación, pero al menos consiguen que terminen los asesinatos aceptando las estrictas normas impuestas. 

A pesar de que el norte continua siendo la zona más castigada, la amenaza yihadista ha ido expandiéndose hasta llegar prácticamente a las fronteras de Togo y Benin y otros estados costeros de África Occidental, donde este pasado noviembre ocurrieron varios ataques en las fronteras e incluso los primeros en territorio beninés. Como ocurre en Mali y Niger, la respuesta militar está produciendo resultados muy limitados. El mes pasado 50 gendarmes fueron asesinados en Inata, al norte de Burkina Faso, siendo el atentado más grande producido contra las fuerzas armadas del país. La estrategia del Estado de hacer unidades militares más pequeñas y repartirlas por el territorio está siendo criticada por algunos líderes de las fuerzas y cuerpos de seguridad. De acuerdo con fuentes consultadas por el periodico Jeune Afrique, esta estrategia convierte a las fuerzas en un target fácil para los grupos yihadistas. Además, se quejan de la falta de equipamiento e incluso de provisiones básicas, habiendo testimonios de soldados que están teniendo que cazar para sobrevivir. Esta situación recuerda a la que ocurrió en Mali en 2012, cuando los militares malienses, ante la falta de apoyo para luchar contra el yihadismo y la rebelión tuareg en el norte de Mali, realizaron un golpe de Estado. Inspirados por sus países vecinos, Guinea y Mali en el que se han producido 3 golpes de Estado militares en dos años, comienza a haber rumores de que algunos militares jóvenes se están planteando realizar un golpe de Estado. 

Además de la crisis política, social y securitaria, Burkina Faso se enfrenta a una grave crisis humanitaria. Hay más de 1.4 millones de desplazados internos contabilizados aunque las organizaciones saben que la cifra es mayor por los problemas que hay con el registro de los desplazados que no tienen documentación. De acuerdo con una fuente en una ONG internacional presente en la región, la actitud del Estado frente esta crisis está siendo la de negar la gravedad y acusar a las ONGs de manipulación. La ONG Norwegian Refugee Council fue obligada a suspender sus actividades durante un mes tras un comunicado que emitió el pasado septiembre en el que alertaba a la comunidad internacional de la grave crisis que se está produciendo. Una reacción similar se produjo con el informe de Oxfam que ponía el foco en los abusos sexuales que tenían lugar en los campos de desplazados. El ministerio de Acción Humanitaria de Burkina Faso está oponiéndose a cualquier publicación de este tipo que condene la mala gestión de la crisis humanitaria. El gobierno está requiriendo ahora un permiso a aquellos periodistas y humanitarios que quieran visitar los campos de desplazados, permiso que es denegado en muchas ocasiones o con acceso restringido a determinadas zonas. 

La preocupante situación en Burkina Faso es la culminación de un proceso que comenzó en 2015. A causa de la crisis en Mali, la comunidad internacional ha puesto menos el foco en esta crisis que comienza ahora a ocupar la atención de los medios, de los investigadores y de los gestores de programas gubernamentales e internacionales. Por desgracia la situación se ha deteriorado tanto que la respuesta llega muy tarde. La única esperanza de la Comunidad Internacional es controlar el avance del yihadismo hacia los países del Golfo de Guinea. La experiencia en Mali debería servir a las organizaciones internacionales y a los gobiernos locales y nacionales de ejemplo del tipo de políticas que mejor funcionan y aquellas que no deben llevarse a cabo, una de ellas es la utilización de milicias sin ningún control ni conocimiento de derecho humanitario, y otra de ellas es la fuerte estrategia militar que ha dado lugar a abusos y a centenares de muertes entre civiles y militares.