El acuerdo del Brexit logra que Gran Bretaña deserte de lo que le desagrada y permanezca en lo que le interesa

Los diplomáticos británicos han hecho gala de su pragmatismo y han vuelto a demostrar una vez más que son unos grandes negociadores. En cambio, desde Bruselas se intenta vender al resto de ciudadanos de la Unión Europea las terribles consecuencias que van a sufrir los súbditos de Su Graciosa Majestad a partir del 1 de enero del año en curso.

Pero los políticos que rigen el destino de Gran Bretaña no comparten ese punto de vista, en especial porque los sucesivos inquilinos del 10 de Downing Street no se caracterizan por ser unos suicidas.

Al final, en sus cuatro años tira y afloja con Bruselas, Londres parece haberse llevado el gato al agua en un buen número de temas, tras haber obtenido una serie de concesiones nada desdeñables. Por ejemplo, el equipo de negociadores británicos ha logrado arrancar para Irlanda del Norte la exención de limitaciones en el movimiento de bienes y servicios, algo que rige para Inglaterra, Gales y Escocia.

Y en lo que respecta a España, Gibraltar ha logrado extraer un conjunto de ventajas que, a falta de concretar los términos del principio de acuerdo, puede propiciar la domiciliación en El Peñón de un elevado número de empresas, organizaciones y particulares. Por si fuera poco, La Roca va camino de convertirse en una gran vía de entrada de ciudadanos británicos hacia los países de la Unión Europea.

En definitiva, el primer ministro Boris Johnson ha conseguido apartarse de la Unión Europea en aquello que le desagrada, limita la capacidad de decisión autónoma del Reino Unido y no supone ganancias para su economía. Por el contrario, Gran Bretaña han logrado mantenerse ligada de uno u otro modo con Bruselas en lo que le interesa desde el punto de vista de sus intereses económicos, industriales o estratégicos.

Un ejemplo de la selección a la carta que el jefe de la delegación negociadora británica, el veterano diplomático David Frost, ha arrebatado al experto diplomático francés Michel Barnier es la diferente implicación que a partir de ahora va a mantener Gran Bretaña con los cuatro grandes proyectos espaciales en que está inmersa la Unión Europea.

Londres ha logrado conservar su participación en Copernicus, el gran programa mundial de observación de la Tierra que lidera Bruselas, cuya finalidad es generar y producir imágenes, datos e información para poner en marcha políticas europeas en materia de preservación del medio ambiente y seguridad ciudadana.

Gracias a las concesiones de la UE, los usuarios del Reino Unido van a poder acceder de forma abierta y gratuita a la inmensa mayoría de datos y servicios que brindan los diferentes satélites Sentinel de la constelación Copernicus, incluso aquellos que incrementan la vigilancia de las fronteras terrestres y marítimas de las islas. La medida garantiza a empresas, académicos e investigadores británicos que puedan presentar ofertas para futuros contratos Copernicus licitados a través de la UE.

La negociación fue complicada en extremo. Copernicus es un programa conjunto entre la Unión Europea y la Agencia Espacial Europea (ESA) y ha habido que conciliar dos aspectos clave. El Reino Unido ha abandonado la UE, pero sigue siendo miembro de pleno derecho de la ESA, una organización intergubernamental ajena a Bruselas creada en 1975 para garantizar las capacidades y las inversiones espaciales europeas en beneficio de sus ciudadanos. A lo anterior se añade que Bruselas aporta a Copernicus el 70 por ciento de los 5.400 millones de euros de su financiación total y la ESA el 30 por ciento restante. 

Al contrario que ocurre con Copernicus, Londres abandona de forma definitiva el gran programa espacial Galileo, el sistema europeo de navegación y posicionamiento por satélite, competidor del GPS de Estados Unidos, del GLONASS de Rusia y del Beidou de China. Descartada por el momento su ilusión de montar un GPS nacional, lo previsible es que refuerce su vinculación con Washington, que está colocando en órbita sus nuevos satélites GPS III, de prestaciones semejantes a las que ofrece Galileo.

Y en esto otro, fifty-fifty

A pesar de desertar de Galileo, la inmensa mayoría de usuarios británicos de dispositivos electrónicos ‒principalmente de teléfonos móviles‒, van a poder seguir utilizando Galileo, al igual que las empresas y organizaciones del Reino Unido. Todos ellos mantienen su acceso a los servicios de posición, navegación y cronometraje abiertos y gratuitos proporcionados por Galileo, a la vez que van a poder desarrollar productos y servicios para los consumidores de todo el mundo, con la ventaja de que conocen las interioridades de la red.

Por el contrario, las empresas, académicos e investigadores británicos con contratos relacionados con Galileo o con expectativas de tenerlos deberán renegociar los términos de sus acuerdos, lo que también es extensivo a las organizaciones británicas que albergan o gestionan infraestructuras terrestres Galileo.

La misma resolución ha tomado Londres respecto al Servicio Europeo de Superposición de Navegación Geoestacionaria (EGNOS), sistema que presta servicios mejorados de navegación para facilitar el transporte aéreo, marítimo y terrestre en toda Europa. La medida supone que los usuarios del Reino Unido, a partir del 25 de junio de 2021, ya no gozarán de acceso al servicio de datos de EGNOS que, junto con Galileo, tiene un presupuesto para los próximos años que asciende a 9.000 millones de euros.

En el programa de seguimiento y vigilancia espacial de la UE (EUSST), el equipo negociador de David Frost ha conseguido una autentica carambola. Tercero en importancia de Bruselas, los británicos han logrado continuar usando los servicios que presta el programa, lo que permite que sus operadores de satélites de comunicaciones reciban datos gratuitos para evitar colisiones en el espacio a causa de los desechos espaciales.

Sin embargo, el Reino Unido se ha excluido del programa porque mantiene un acuerdo en esta materia con Washington, que le aporta toda la información necesaria. Tampoco va a  realizar actividad alguna en esta iniciativa valorada en 442 millones de euros, ni va a permitir que sus científicos y técnicos participen en los grupos de trabajo. Y ha descartado tomar parte en GovSatCom, un proyecto que pretende desplegar una constelación de comunicaciones gubernamentales por satélite. Su impulsor es el Comisario de Mercado Interior y responsable de la industria espacial y de defensa, el francés Thierry Bretón.