El Estado de derecho en la UE
“Lamentablemente, siguen existiendo motivos de preocupación en algunos Estados miembros, especialmente en lo que se refiere a la independencia del poder judicial. Asimismo, se necesitan más salvaguardias para garantizar la protección de la independencia de los medios de comunicación de servicio público, que la financiación pública sea adecuada y que ésta no se utilice para ejercer presión política sobre dichos medios”.
Quien así se expresaba es la vicepresidente de la Comisión Europea de Valores y Transparencia, Vera Jourová, al presentar el Informe sobre el Estado de derecho en el ámbito de la UE. Esta es la tercera vez que se hace, conscientes las autoridades comunitarias de que “la UE solo seguirá siendo creíble si defendemos el Estado de Derecho en nuestro territorio y si seguimos reforzando la cultura del mismo”, según remachaba Didier Reynders, el comisario de Justicia.
La invasión rusa de Ucrania ha reforzado más aún si cabe la convicción de que más que nunca es esencial el cuidado de ese Estado de Derecho, toda vez que es la piedra angular de la democracia. Su promoción, tanto dentro como fuera del ámbito de la UE, se considera esencial para que esa isla de valores y esperanzas, que es como se percibe mayoritariamente a la Unión Europea en el mundo, lo siga siendo.
El documento, además de describir la situación general y particular de los 27 países de la UE, concluye cada capítulo específico dedicado a cada Estado miembro con una serie de recomendaciones, a veces con un indisimulado carácter perentorio, de manera que se preserven la independencia del poder judicial y la libertad de expresión y prensa. La vicepresidente Jourová no se anda por las ramas al “instar a los Estados miembros a seguir las recomendaciones, a entablar un debate serio y a tomar medidas”.
A este respecto, y en el caso específico de España, el informe señala que “la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pendiente desde 2018, es un serio motivo de preocupación”, recordando de paso que la Comisión ha efectuado ya varios llamamientos y no sabe ya prácticamente qué hacer para que España termine con esa anomalía. Insta a una renovación inmediata, que preceda incluso a la revisión del proceso de elección, que debería adaptarse también a los estándares europeos en cuanto a la designación de sus miembros.
La Comisión recuerda también que sigue sin adoptarse una modificación legal que impida que coincidan los mandatos del gobierno y del fiscal general. También en este apartado, la recomendación recuerda que la actual coincidencia de mandatos de gobierno y fiscal general no tiene en cuenta los parámetros europeos de independencia y autonomía de la Fiscalía.
Todo el sistema judicial español recibe un tirón de orejas, al señalarse que “la duración de los procesos judiciales es demasiado larga, lo que afecta a la eficiencia de la Justicia, especialmente en lo que respecta a los casos de corrupción de personalidades”.
Respecto del otro gran pilar de la democracia y del Estado de Derecho, la libertad de información, la Comisión Europea señala que “quedan aún retos pendientes de resolver en materia de transparencia sobre la propiedad de los medios de prensa escritos así como adaptar a los estándares europeos la independencia de los consejos audiovisuales.
Prácticamente, todos los países reciben su propia dosis de alerta y advertencia, en donde en términos generales se resalta que la corrupción sigue siendo un motivo de grave preocupación para los ciudadanos de la UE. A este respecto, el Eurobarómetro de 2022 sobre este apartado específico indica, por ejemplo, que el 68% de los europeos creen que la corrupción es un fenómeno generalizado en su propio país. En algunos estados miembros, las investigaciones y enjuiciamientos de asuntos de corrupción son largos, como en España, y siguen faltando sentencias, especialmente en los de alto nivel.
El documento reconoce que los funcionarios públicos están sujetos a obligaciones de divulgación de bienes e intereses en todos los Estados miembros. Sin embargo, también señala que aquellas obligaciones varían en cuanto al alcance, la transparencia y sobre todo la accesibilidad de la información divulgada, así como en cuanto al nivel y la eficacia de la verificación y el cumplimiento ambas es insoslayables características de un Estado de Derecho: transparencia y accesibilidad.