Opinión

El Gobierno en funciones de Sánchez atraca en puerto seguro

Imagen barco Open Arms

Un gesto muy calculado pocos días después de ser investido presidente en una moción de censura. A eso se redujo la decisión de Pedro Sánchez de dar acogida al barco de rescate de inmigrantes Aquarius, como se está comprobando ahora con la negativa a proceder de igual manera con otras embarcaciones con las mismas intenciones de salvamento de náufragos que aquella. Las noticias que confirman el giro en la política de inmigración del Ejecutivo en funciones no tienen ni mucho menos el eco mediático que tuvo aquella operación de acogida, con cientos de televisiones retransmitiendo la llegada del barco a Valencia. Aquel fue un gesto similar al de Rodríguez Zapatero en abril de 2004, cuando tomó posesión de su cargo en La Zarzuela y se fue inmediatamente después a La Moncloa para comparecer anunciando la retirada de las tropas españolas de Irak. Se lanza el órdago sin pensar en las consecuencias, y luego hay que correr con ellas. En 2004, por la desconfianza que la decisión del Gobierno provocó entre nuestros aliados, que vieron en España un país moviéndose a golpe de titular. Y en 2018, por las esperanzas falsas que provocó en cientos de miles de personas que viven el drama de intentar llegar a Europa de la forma que sea, y creyeron que en España volvía el “papeles para todos” de aquel otro Ejecutivo imprudente. 

Tras la acogida del Aquarius en el verano de 2018, con la que se dio a conocer en Europa y el mundo entero el Gobierno de Sánchez, otro barco de salvamento, el Open Arms, fue bloqueado en el puerto de Barcelona por decisión del Ministerio de Fomento por el incumplimiento de varios convenios internacionales marítimos. Si ese barco vuelve a cualquier puerto español, será inmovilizado y multado, por mucha ONG como Médicos Sin Fronteras y SOS Mediterranèe que lo gestione. Y como el destino es caprichoso, ha querido que los países de la Unión Europea tengan otra vez la papeleta de acogerle o no tras recoger en alta mar a 121 personas que habrían muerto ahogadas con total seguridad.  Del Gobierno que dio cobijo y acogida a los inmigrantes del Aquarius no ha salido una sola acción favorable a la llegada a “puerto seguro” del barco. 

Las declaraciones de la vicepresidenta del Ejecutivo, Carmen Calvo, tras anunciarse la decisión del Aquarius el 12 de junio de 2018, flanqueada por el secretario de Estado de Comunicación Miguel Ángel Oliver, fueron lapidarias:

 “Eso fue justo lo que hizo este Gobierno ayer, intentar cumplir con nuestras obligaciones internacionales. La obligación fundamental de un Estado democrático no solo es cumplir estrictamente con el Estado de derecho, es también cumplir en el espacio internacional con sus obligaciones seriamente. Esa es una extraordinaria idea de España, esa es una imagen de nuestro país impecable”. 

“Una gran foto del espíritu solidario que los hombres y las mujeres de España tenemos. (...) Para que desde Europa quedara claro un mensaje en una crisis humanitaria donde representando a todos los españoles y españolas no podíamos permanecer impasibles, esas eran las maneras en las que nos moveremos en el cumplimiento estricto de nuestras obligaciones legales, pero también desde las coordenadas en el Parlamento y el Congreso de los Diputados ha considerado que éramos el Gobierno de España”. 

Si aquellas declaraciones no hubieran sido parte de una gran operación de marketing político, la conclusión ahora sería que, en relación con el Open Arms, el Gobierno no cumple con sus obligaciones internacionales, permanece impasible y deja sin efecto las coordenadas del Parlamento y el Congreso. Dos días después, tras reunirse con el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ya que en Valencia iba a ser recibido el Aquarius, Calvo dijo lo que sigue: "La seguridad de las fronteras no puede estar reñida con el respeto a los derechos humanos. Estamos comprometidos con el respeto escrupuloso de los derechos humanos y habrá atención a cada uno de ellos”. Sería demasiado fuerte contraponer estas últimas palabras a la realidad actual. Esta semana, sin embargo, Calvo se ha quejado públicamente de la presión migratoria importantísima que sufre el Estrecho, la misma queja que le escuchamos diariamente a Matteo Salvini. Ahora España no es puerto seguro, no es el destino adecuado para que reposen los que se han jugado la vida y a punto han estado de perderla. El Gobierno ha llegado al fin al puerto seguro tras embarcarse en una travesía propagandística e irresponsable. Calvo ha añadido ahora, con todo el carácter tajante que le permite el tono de sus declaraciones, que España no va a activar tampoco el procedimiento de reparto en la UE de los seres humanos que van a bordo del Open Arms. Del anuncio de la retirada de las concertinas con cuchillas que instaló aquel otro Gobierno socialista en Ceuta y Melilla, no ha quedado más que eso, el anuncio. La tarea de retirarlas ha quedado en el limbo de un Gobierno eternamente en funciones.  

Lo sucedido permite una enseñanza impagable, y supone además algo muy positivo: ensalzar la política de colaboración con Marruecos, que nunca ha desaparecido, pero que, con decisiones de cara a la galería, como la de hace un año, queda sepultada por la propaganda gubernamental. El asunto es tan importante que requiere una coordinación de todas las fuerzas políticas en España y de todos los Estados en la Unión Europea, pero esas dos cosas a estas alturas se dan por imposibles.