Opinión

El Gobierno italiano, ante la Justicia

Italia

En los últimos días, con la cuestión de la reunión del primer ministro Conte con la plana mayor del Partido Democrático de cara a cómo afrontar la reconstrucción del país tras la devastación generada por el coronavirus, ha pasado desapercibido un asunto que resulta de la mayor gravedad, y donde podemos encontrar un claro paralelismo en nuestro país en el sentido de la necesidad de poder explicar por qué no se aisló en su momento determinadas zonas del país evitando el contagio masivo que finalmente acabó teniendo lugar. En el caso concreto de nuestros vecinos italianos, el Ejecutivo presidido por Conte ha tenido que explicar entre la semana pasada y ésta por qué no aisló antes localidades concretas de Lombardía, cuestión de la que tuvo que dar cuentas antes el presidente de esta región, Attilio Fontana. Y, claro está, como cuestión de fondo está el hecho de que, mientras Conte está viviendo su máximo nivel de apoyo entre la población italiana, la Lega de Salvini, aún siendo la formación que lidera todas las encuestas, se ha dejado por el camino, solo en los últimos meses, casi diez puntos de intención de voto. Y Fontana debe tenerse presente que no solo pertenece al partido de Salvini, sino que fue una apuesta personal de este para sustituir al frente del Gobierno de Lombardía al anterior presidente, Roberto Maroni, mano derecha de Umberto Bossi, fundador de la Lega. 

Vayamos a los hechos en sí, para lo que es necesario remontarse a la tercera semana de febrero. El día 20 se conoció el primer caso de fallecimiento por coronavirus, un hombre de 78 años que vivía en Pádova, una de las ciudades más importantes de la región del Véneto. Sin embargo, para ese momento ya se sabía que había otros focos importantes de coronavirus en la vecina Lombardía, lo que llevó al Gobierno central a decretar el cierre de hasta diez localidades, nueve pertenecientes a Lombardía y una a Véneto. Pero, por razones que aún no han sido debidamente aclaradas, quedaron fuera de este cierre dos pequeños pueblos de la zona llamados Alzano y Nembro. Lo que resultaba incomprensible, porque en cuestión de días el número de contagios eran tan elevado que el director del hospital de Alzano decidió el cierre del centro. Pero lo cierto es que a las tres horas de decretarse ese cierre hubo de reabrirse el centro porque el Gobierno de la región lombarda (esto es, Fontana) le ordenó que así lo hiciera. La consecuencia para ambas localidades acabaría siendo devastadora: entre ambas sumaron cerca de 350 fallecimientos, la cifra equivalente al número de muertos en un año completo, ya que el virus fue ‘paseándose’ por todas las localidades de la zona sin control alguno.

La Justicia italiana ya ha decidido actuar en este tema con el fin de esclarecer los hechos y, tras interrogar a Fontana y a su consejero de Sanidad (Gallera), llamó también a declarar al primer ministro Conte, a la ministra de Interior (Lamorgese) y al ministro de Sanidad (Speranza). Los tres miembros del Ejecutivo lo hicieron no en condición de imputados, sino tan solo para que pudieran aportar su conocimiento de lo sucedido en todo este asunto. Conte, que declaró en concreto el pasado 12 de junio, afirmó encontrarse muy tranquilo en relación con este tema, pero parece claro que aún estamos en una fase muy preliminar y que aún falta mucho para que sepa qué fue realmente lo que falló.

El auténtico problema de fondo reside en lo que establece el título V de la Constitución italiana en relación con las competencias de las regiones y, en particular, en quién tiene la última palabra en todo: en si el Gobierno central, por un lado, o el de la región, por el otro. Debe recordarse, en relación con ello, que Italia es un Estado semidescentralizado. Cinco regiones concretas (el Valle de Aosta, Trentino-Alto-Adigio, Friuli-Venezia-Giulia y las dos islas, Cerdeña y Sicilia) disponen de un estatuto especial de autonomía que desde hace tiempo reivindican Lombardía, Véneto y Emilia-Romagna, y que explica, en parte, el surgimiento de la Liga de Umberto Bossi en 1987. Pero las otras 17 regiones tienen competencias mucho más limitadas, y, además, no tienen representación real en el poder legislativo, ya que el Senado no es realmente una cámara donde estén representados los territorios, sino el segundo órgano legislativo junto con la Cámara Baja, con iguales atribuciones y poderes. 

La clave está, así, en el artículo 120 de la Constitución italiana, que dice lo siguiente: “Podrá el Gobierno suplir a los órganos de las Regiones, Urbes metropolitanas, Provincias y Municipios en caso de inobservancia de normas y tratados internacionales o de la normativa comunitaria o bien de peligro grave para la incolumidad y seguridad pública, o cuando así lo exija la preservación de la unidad jurídica o económica y en particular la salvaguardia de los niveles básicos de las prestaciones relativas a derechos civiles y sociales, sin tomar en consideración para ello los límites territoriales de los órganos de gobierno local”. Eso fue precisamente lo que hizo el segundo Gobierno Conte cuando decretó el confinamiento de Lombardía (junto con algunas áreas del Véneto y las ciudades de Ancona y Pesaro) el pasado 7 de marzo y el del conjunto del país el 9 de marzo. Pero para ese momento ya se había producido la debacle sanitaria tanto en Alzano como en Nembro. Y aunque no conocemos el contenido de las declaraciones ni de Fontana ni de Conte, es de suponer que el primero afirmará que tenía que haber sido el Gobierno en el que tenía que haber decretado el aislamiento de Alzano y Nembro, mientras Conte se escudará en que, hasta que se tomó la decisión de confinar primero algunas zonas y finalmente todo el país, la competencia sobre temas sanitarios estaba completamente en manos del Gobierno de la región de Lombardía (el citado Fontana).

En realidad, todo esto no constituye más que la punta del iceberg de una realidad sencillamente escalofriante: más de 90.000 casos de contagio solo en Lombardía y ya casi 35.000 fallecidos en el conjunto del país. Pero cierto es que de momento la popularidad de Conte, un ‘premier’ que hace un año no era más que una mera criatura en manos de Di Maio y Salvini, no solo no se resiente, sino que le ha llevado a convertirse en uno de los líderes más apreciados por la opinión pública. Claro que ahora comienza lo realmente difícil para este profesor de Derecho Privado de la Universidad de Florencia: una vez gestionada con eficacia la llamada “emergencia sanitaria”, le toca ahora hacer frente a la durísima “emergencia económica”. 

Y aquí resulta necesario recordar que Conte no pertenece a ninguna de las familias políticas importantes del mundo comunitario, sino que tan sólo es la cabeza visible de un partido (el Movimiento Cinco Estrellas) que no hace más que caer en las encuestas al tiempo que se desangra en pugnas internas (con el exparlamentario Alessandro di Battista intentando hacerse con el control del partido). Dos años después de haberse hecho con la Presidencia del Consejo de Ministros, a Conte le llega la hora de la verdad: lograr que su país reciba las ayudas suficientes para salir de una situación no vivida desde la posguerra mundial. Y la realidad es que de momento el asunto no pinta bien, con los Países Bajos, Austria, Dinamarca, Finlandia y países bálticos negándose a mutualizar la deuda. Y entre medias, como ya hemos dicho, todo este espinosísimo asunto de quién tenía que haber evitado la debacle sanitaria que ha costado tantas vidas a habitantes de la región de Lombardía. Lo que faltaba para la ya de por sí delicadísima situación de un país clave en la construcción europea.

Pablo Martín de Santa Olalla Saludes es investigador senior de la Fundación Civismo y autor del libro ‘Italia, 2013-2018. Del caos a la esperanza’ (Liber Factory, 2018).